El máximo tribunal de justicia de la nación determinó que revisará la detención de José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez, Concejales del Gobierno Indígena de Nahuatzen, Michoacán. La comunidad acusa que su detención fue por motivos políticos, para detener su proceso de autonomía, reconocido desde 2017

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Eber Huitzil

Hace casi tres años, José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez fueron sometidos a un proceso penal y privados de su libertad por agentes del gobierno del estado de Michoacán. Su comunidad, el pueblo purépecha de Nahuatzen, calificó su encarcelamiento como una acción en contra de su proceso de autonomía. El proceso para su liberación parece tomar buen cauce. 

José Luis y José Antonio son Concejales del Gobierno de Nahuatzen, una comunidad del municipio del mismo nombre que desde 2017 fue reconocida para designar a sus funcionarios locales por medio de usos y costumbres; sin intermediación de partidos políticos. Un año después, fueron acusados de un delito que no existió y encarcelados. Además, días antes se encarceló al comerciante José Gerardo Talavera, por los mismos motivos.

La comunidad de Nahuatzen promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara el caso, pues representaba graves violaciones a los derechos humanos durante el proceso penal. Y este miércoles la Corte accedió a revisar todo el asunto para pronunciarse y reparar estas violaciones, lo que significa que el caso se turnará a alguno de los ministros de la Primera Sala de la Corte para que haga la revisión, misma que se estima podría tardar entre tres y seis meses. 

“La verdad es que no esperaba este resultado, estoy muy contenta”, dice con la voz entrecortada Alejandra Arreola Talavera, hija de José Antonio. “Valió la pena haber estado desde ayer y también hoy aquí en la huelga, espero que muy pronto salga mi papá, más que nada, ya lo queremos aquí afuera”.

El día que agentes del estado de Michoacán detuvieron a José Antonio, lo fueron a buscar a su domicilio, al que entraron por la fuerza con armas largas. Primero encontraron a Alejandra; la aventaron al suelo y después le pusieron una pistola en la cabeza. Así vio cómo se llevaban a su papá. 

Alejandra, junto con una comitiva de su comunidad, estuvo desde el martes a las puertas de la Suprema Corte, en algo que más que una protesta parecía una fiesta. Con cantos, bailes, fogatas y hasta tortillas hechas a mano, una treintena de personas hizo saber a los ministros su presencia.

“Estar a las puertas de la Suprema Corte y escuchar que la votación fue unánime nos da esa confianza de que podamos seguir trabajando para que nuestros compañeros pronto recuperen la libertad y también para que pronto estén con sus familias y con nosotros”, asegura al respecto Efraín Avilés, vocero del Concejo Comunitario Indígena de Nahuatzen, la figura bajo la que se rigen.

“Estamos con toda la actitud, a pesar del viaje tan largo”, dice animosa Yanitzia Juárez Avilés; su voz es difícil de escuchar, al fondo, la música crea un jolgorio que acapara la atención. Al centro de todo, una fogata y un anafre, junto, un trío de mujeres cuyas manos no paran de amasar. “Cuando hay una fiesta hacen tortillas, en la comunidad todas las señoras ayudan, y bueno la fogata porque el fuego siempre ha sido nuestro aliado. Somos purépechas”.

Casi de inmediato, Yanitzia grita con una voz que inunda la calle: “¡Juchari uinapekua!”, que en español significa nuestra fuerza, el lema que yace debajo del escudo de esa nación, que está rodeado de flamas.

Mientras, cerca del fuego, las señoras empiezan a repartir tortillas. “Pásele, pásele, coma una tortilla que así es como en Michoacán esperamos en las protestas”. Algunos paseantes que salen del metro se acercan a probar tortillas calientes recién hechas a mano. 

Las amenaza de las elecciones

A pesar de que desde el 2017 Nahuatzen echó a los partidos políticos de su comunidad, este año electoral los partidos pidieron permiso al Instituto Nacional Electoral para instalar casillas y llevar a cabo elecciones; lo que contravendría la autodeterminación de esa comunidad. 

“¡Tú crees que después de todo lo que hemos pasado vamos a dejar que se instalen!”, dice con una carcajada Yanitzia, que es una de las concejalas de la comunidad “Seis años de lucha no los vamos a echar para atrás y no vamos a permitir la instalación de casillas”, asegura. 

Nahuatzen está conformado por 15 comunidades, de las cuales al menos cuatro ya iniciaron procesos para terminar con la tradición democrática nacional regida por partidos políticos y retomaron sus gobiernos autónomos. Yanitzia explica que en Arantepacua, Sebina y Comachuén tampoco permitirán la instalación de casillas.