Aumentan demandas de otomíes que tomaron el INPI, director del instituto se dice abierto al diálogo

19 octubre, 2020

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A una semana de la ocupación de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas por miembros de la comunidad otomí en la ciudad, las demandas de quienes tomaron las instalaciones aumentan, mientras el diálogo con el gobierno no se concreta

Texto: Alejandro Ruiz y Arturo Contreras

Fotos: Arturo Contreras Camero

“Pareciera que las condiciones que orillaron a nuestras hermanas a migrar aquí a México hace treinta años fueran las mismas que hoy tenemos en Santiago Mexquititlán: la pobreza”, asegura Estela Hernández, vocera de esa comunidad en el estado de Querétaro. Estela es otomí, y apoya la toma que otros indígenas como ella hicieron de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hace una semana.

El pasado sábado 17 de octubre las comunidades que tomaron las instalaciones para reclamar que el gobierno de la Ciudad de México atienda sus demandas de vivienda organizaron un conversatorio para difundir sus demandas a la sociedad. 

Desde el 12 de octubre, cuatro comunidades indígenas de la ciudad, tres otomíes y una mazahua, tomaron las oficinas del INPI hartos de que el gobierno ignore sus demandas de vivienda que, en el caso de dos comunidades dilata más de 20 años. 

“Sabemos de todos nuestros hermanos, que fue la pobreza la que los obligó a dejar sus sueños. Diciéndoles que la pobreza la dejábamos si íbamos a la ciudad. Pero en la ciudad encuentran discriminación. No los dejan trabajar. No encuentran trabajos dignos porque no tienen estudios”, añade Estela Hernandez.

El gobierno panista del estado de Querétaro empezó una remodelación de la plaza central de Santiago Mexquititlán que, como la cabecera del municipio, pretende transformar en un “pueblo mágico”. 

“Requerimos que emitan un pronunciamiento expreso de la autonomía de nuestra comunidad, sobre el derecho a su libre autodeterminación, el respeto a las decisiones internas de nuestra comunidad”, sumó a las demandas de las comunidades Otomíes la vocera Hernández, desde la misma sala de reuniones donde el titular del INPI, Adelfo Regino, despacha. “Pedimos que se cancele el proyecto de gentrificación que están llevando en la plaza del tíanguis de la comunidad”.

Foto: Alejandro Ruiz

INPI: mediar conflictos ajenos

Las demandas del pueblo otomí los llevaron a tomar las instalaciones del INPI, aun cuando quienes deben dar solución a sus demandas y entablar mesas de diálogo son el gobierno de la Ciudad de México en el caso de la vivienda y los gobiernos estatales y municipales en Querétaro, respecto a las obras de remodelación en la plaza de Santiago Mexquititlán. 

“Comparto esta expresión de olvidos e injusticias que hay en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Nosotros hemos estado hablando con el secretario de Gobierno de la Ciudad para dar una atención puntual en el tema de los predios de estos hermanos y el tema de las viviendas, es un tema que tenemos que abordar con toda diligencia en atención y diálogo”, dice al respecto Adelfo Regino, director del INPI en entrevista telefónica con Pie de Página.

El pasado miércoles 15 de octubre el INPI publicó una carta en redes sociales dirigida a las comunidades que mantienen ocupadas sus oficinas. En ellas se decían abiertos al diálogo. Según integrantes de la okupa, personal del INPI los había citado a una mesas de negociación fuera de las instalaciones tomadas, por lo que se negaron.  

“Nosotros estamos abiertos a dialogar, a platicar, estamos abiertos para encontrar una solución. Cuando ellos nos lo digan, lo hemos reiterado todos los días. Yo estoy en la mejor disposición de hablar con ellas en cuanto así me lo indiquen” reitera Regino por teléfono.

Los indígenas que tomaron las instalaciones del INPI respetan el mobiliario de las oficinas, salvó algunos detalles de la oficina del director de la institución, Adelfo Regino. Foto: Arturo Contreras.

Santiago Mexquititlán, en la mira de la gentrificación

En comunidad de Santiago Mexquititlán viven cerca de 15 mil habitantes dispersados a lo largo de las faldas del cerro de San Pablo. De acuerdo con informes del Consejo Nacional de Evaluación, órgano encargado de medir la pobreza y la desigualdad en el país, y la Secretaría de Bienestar, es una de las localidades más pobres de la región lo que ha provocado que sus habitantes, pertenecientes a la etnia hñöhño, hayan emprendido una histórica migración. 

Desde hace décadas, ante el olvido de las autoridades, las y los pobladores comenzaron a organizarse para atender las problemáticas de su localidad. “Por décadas las autoridades gubernamentales nos mantuvieron en el olvido, por eso comenzamos a organizarnos para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero cuando vieron que podían lucrar con nuestras artesanías y nuestros lugares sagrados, de repente comenzamos a existir otra vez para el gobierno”, señala Sara Hernández, defensora comunitaria de Santiago Mexquititlán.

En octubre el 2018, la Secretaría de Turismo federal, en coordinación con el gobierno de Querétaro y del municipio de Amealco de Bonfil, nombraron a la localidad de Amealco –cabecera municipal del ayuntamiento- ‘Pueblo Mágico’. “Era el inicio del proyecto de turistificación en la comunidad, así como lo hicieron con nuestra muñeca lëlë, la cual ahora se ha convertido en una mercancía que el gobierno vende a precios altísimos, y les paga una miseria a las compañeras artesanas».

Foto: Alejandro Ruiz

A raíz de la declaratoria como pueblo mágico, la administración municipal presidida por Rosendo Anaya comenzó a anunciar una serie de proyectos de remodelación de monumentos históricos con la intención de crear un corredor turístico que fuera desde la cabecera municipal hasta las comunidades de San Ildefonso Tultepec y Santiago Mexquititlán.

“En la comunidad comenzamos a observar que eran gastos muy elevados los que se publicaban y que en realidad no se usaban materiales de calidad”, cuenta Sara. Uno de los proyectos que la administración municipal había anunciado era la remodelación de la explanada principal del templo de Santiago, lugar en donde las y los habitantes realizan un tianguis dominical que les permite generar ingresos para darle mantenimiento al templo, así como autogestionar acciones encaminadas a la dignificación de las condiciones de vida del pueblo. 

“Cuando llegaron a imponer la obra, desconociendo a nuestras autoridades tradicionales y nuestro derecho a la autodeterminación”, agrega Sara, “lo hicieron agrediendo a la comunidad con piedras y martillos, pues no estamos de acuerdo en que se nos arrebate el espacio para nuestro sustento económico y que se ponga en riesgo la estructura de nuestro templo, el cual desde varios años, le venimos dando mantenimiento desde la comunidad, sin que el gobierno se acercara ni una sola vez para apoyarnos.”

Desde el 2019 los ataques en contra del Concejo Autónomo de Gobierno de la comunidad han ido escalando desde difamaciones a agresiones físicas y denuncias falsas, como le pasó a Estela Hernández, quien el 15 de octubre, tras recibir un citatorio por parte de la Fiscalía de Amealco, acudió a una comparecencia debido a una denuncia presentada por funcionarios del municipio donde se le acusa de robo y daños dolosos a propiedad pública.

La defensora comunitaria añade que esto se suma a la ola de agresiones que la comunidad ha padecido desde que optaron por el reconocimiento de sus formas ancestrales de autogobierno, y que han ido desde amenazas y difamaciones hasta agresiones físicas en contra de algunos habitantes de la comunidad y de otros pueblos de la región que han optado por este mismo camino para la defensa de sus territorios y tradiciones. 

“Ahora no nada más es Mexquititlán quien está luchando por el reconocimiento de su autogobierno”, agrega Estela Hernández, la concejal del pueblo, “sino también nuestros hermanos de San Ildefonso, a quienes les han violentado su derecho constitucional a la autodeterminación y les han impuesto desde el ayuntamiento a supuestos representantes que no han sido electos por la comunidad.”

Desde inicios de año la comunidad de Santiago Mexquititlán le ha exigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como al INPI, que interfieran como mediadores en el conflicto, pues las obras que el gobierno municipal pretende construir afectan al patrimonio histórico e identitario de la comunidad. 

Al respecto, el titular del INPI se dice dispuesto a intervenir, pero hasta el momento no ha entablado un diálogo con las autoridades correspondientes. “Hacen referencia a la comunidad de Mexquititlán, ahí se tiene que establecer el diálogo con la autoridad municipal correspondiente, en ambas circunstancias tiene que ser con la vía del diálogo, es lo que planteamos, es lo que he reiterado, por eso estamos abiertos, yo lo reitero a construir una solución que atienda”.

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.