Separar el poder económico del poder político como prometió el presidente sólo será posible si se acaba con el Estado de excepción que les permite a clase empresarial amasar fortunas a costa de empobrecer a sectores enteros de la población

@ignaciodealba

El compromiso del gobierno federal de no aumentar el precio de la gasolina podría no cumplirse. El costo de los combustibles depende, entre otras cosas, del sector privado que controla el negocio de las gasolineras en el país. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por persuadir a los empresarios que se aprovechan de los consumidores a que bajen los precios.

Este caso podría ser una nimiedad de la “cuarta transformación de la República”, pero la realidad es que es su mayor desafío. López Obrador pretende un rediseño del sistema político mexicano donde el poder económico quede subordinado al poder político.

El mandatario explicó en campaña, y ya como presidente, que la primera transformación fue la Independencia de México de la corona española; la segunda fue la Reforma que escindió a la iglesia católica del gobierno; la tercera fue la Revolución que derrocó al dictador Porfirio Díaz. Y su gobierno, ha insistido, llevará a cabo la “cuarta transformación” que separará al poder político del económico.

El presidente cuenta seguido la historia de un migrante poblano que trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California, para explicar en qué consiste la cuarta transformación, el presidente narra que le dijo: “licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la iglesia bajo la premisa de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a usted ahora le corresponde separar el poder económico del poder político, para que haya un gobierno que represente a todo el pueblo de México”.

Por ahora, el proyecto de López Obrador juega con las reglas que le heredaron, el mecanismo para que no suban los precios del combustible no es una reforma legal ni un cambio constitucional, se reduce a convencer a los dueños de las gasolineras que bajen los precios.

Después de tomar protesta, canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Para muchos fue un acto simbólico que marcaría el paso en la relación del poder político con la clase empresarial. Pero un par de meses después el gobierno mexicano pagó las indemnizaciones a las constructoras y compró los bonos a los acreedores. También, el tabasqueño dejó de lado las acusaciones sobre la corrupción en el megaproyecto de Texcoco. Desde ese momento la reconciliación se hizo efectiva.

El gobierno federal se dice dispuesto a cruzar por la “pobreza franciscana” para lograr sus objetivos, pero los empresarios difícilmente cederán sus privilegios para alcanzar fines que no son suyos. Lo que no entienden es que esos privilegios no les pertenecen.

Ya en el poder, López Obrador entiende la relación con los hombres de negocios como una necesidad mutua. Incluso para generar confianza creó un consejo empresarial para su gobierno, conformado por Ricardo Salinas (Grupo Salinas), Bernardo Gómez (Televisa), Miguel Alemán (Interjet) y Olegario Vázquez (Grupo Ángeles), por mencionar algunos.

También en febrero pasado, el mandatario tomó protesta a Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde el presidente aseguró que haría de la inversión en su gobierno “una obsesión”.

Acotar al poder económico sólo será posible si se acaba con el Estado de excepción que les permite a clase empresarial amasar fortunas a costa de empobrecer a sectores enteros de la población. Para regular su poder se necesita combatir las prácticas monopólicas, una recaudación de impuestos eficaz y, como ha insistido el presidente, acabar con la corrupción.

Más que reprender ante los medios a las empresas, López Obrador debería optar por la jurisprudencia. Al final el vilipendio sólo alimenta la polarización y los cambios son muy relativos.

La gobernabilidad no debería estar supeditada a los intereses de una minoría, pero gobernar tampoco se reduce a sermonear. Para inclinar la balanza a su favor, el presidente debe hacer rendir cuentas a los empresarios que han cometido excesos y atropellos. El perdón no garantiza la no repetición y, sobre todo, no genera condiciones para establecer una nueva relación entre poderes.