Acuerdo de Escazú obligaría a los Estados firmantes a proteger mejor a los defensores ambientales. Falta que quienes padecen ataques más brutales contra sus defensores ambientales, como México, Brasil o Colombia, se comprometan de fondo en la defensa de su población y del futuro de todos
Twitter: @eugeniofv
Este mes se cumplieron dos años del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Se trata de una herramienta clave para salvar el planeta del que todos dependemos porque, entre otras cosas, obligaría a los Estados firmantes a proteger mejor a los defensores ambientales, y haría mucho más fácil que los ciudadanos accedamos a la información que necesitamos para saber si un proyecto dañará el entorno y cómo lo hará.
El acuerdo está en espera de que cuatro países más lo ratifiquen, porque solamente siete Estados lo han hecho y se requiere que sumen once para que entre en vigor. México está entre quienes faltan.
El acuerdo está atorado en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, que es la única dependencia que falta de dar su visto bueno para que éste pase a Los Pinos y se lo pueda ratificar al fin. Entre otras medidas para presionarlos a hacerlo, Amnistía Internacional lanzó una petición que se puede leer y apoyar aquí.
El retraso pone en evidencia una de dos cosas, según cómo se lea la situación actual, aunque muy probablemente ocurran ambas a la vez: o a México el medio ambiente y la vida de quienes luchan en su defensa le parecen un asunto secundario, o el ostracismo ante lo internacional ha llegado a tales extremos que aún esta posibilidad relativamente sencilla de asumir un liderazgo en la región parece embarazosa.
La clave para entender qué ocurre está en el marco legal actual. Quien considere que, por la relativa solidez del sistema de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, México ya cumple en gran medida con muchos de los puntos del Acuerdo de Escazú, pensará que no es urgente su ratificación y que hay cosas más importantes con las que lidiar.
Se trata de una posición por lo menos imprecisa, porque la incapacidad del Estado para cuidar a los defensores ambientales es inmensa, como lo es su incapacidad de hacer justicia cuando son asesinados, lo que evidencia la urgencia de tener un acuerdo internacional vinculante en la materia. Pero, en todo caso, no todos en el continente tienen ese marco legal. México, ratificando el acuerdo y dándole impulso con socios y naciones hermanas en el continente, estaría aprovechando una enorme oportunidad de retomar su papel de paladín de las mejores causas, el que tenía, por ejemplo, en tiempos del cardenismo –aquella tercera transformación que tanto gusta al presidente López Obrador.
Al contrario, habrá quien justifique el retraso señalando que hay cosas más urgentes con las que lidiar en estos momentos, como la crisis provocada por el coronavirus, y que el medio ambiente puede esperar. Sin embargo, esta posición pasa por alto, por ejemplo, que fue precisamente la depredación ambiental la que detonó la tragedia del coronavirus, porque el bicho estaba escondido en los montes chinos hasta que el tráfico de especies lo trajo hasta nosotros.
Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú lo han firmado 22 de los países del continente, pero ninguno de los grandes jugadores de la región se ha animado a ratificarlo. Quienes sí lo han hecho son Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, Guyana, Uruguay, San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis. Falta que quienes padecen ataques más brutales contra sus defensores ambientales, como México, Brasil o Colombia, se comprometan de fondo en la defensa de su población y del futuro de todos. Falta que los países que más padecen la degradación ambiental den un paso al frente y entren a la ofensiva en la materia.
México puede ser el primero de ellos, si el secretario Herrera y el presidente de la República están dispuestos a liderar a la región como lo han hecho muchos de sus antecesores.
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Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
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