El Tren Maya ha sido justificado con medias verdades, presiones y gestos muy autoritarios de un modelo de desarrollo centrado en lo inmobiliario, en una zona ambientalmente muy sensible y muy amenazada, con un tejido social en riesgo constante. Esto ha sido posible gracias a que AMLO usa su prestigio para denostar a todos los opositores sin distinguir razones.

Eugenio Fernández

El Tren Maya ha quedado seriamente cuestionado por la suspensión dictada por un juez y por las denuncias ante la precariedad de la consulta sobre el proyecto, y eso no debería de extrañar a nadie. Hasta ahora, el proceso de construcción del Tren Maya ha consistido en la imposición con medias verdades, presiones y gestos muy autoritarios de un modelo de desarrollo centrado en lo inmobiliario, en una zona ambientalmente muy sensible y muy amenazada, con un tejido social que ha resistido mucho pero que está en riesgo constante. 

Esta imposición ha sido posible gracias en gran medida a que el presidente de la República ha usado su autoridad moral para denostar a los opositores del Tren. López Obrador ha metido en la misma canasta que tiene destinada para los poderosos que no defienden más que sus propios privilegios, a quienes han alzado la voz contra el proyecto desde la península de Yucatán -fundamentalmente, gente que defiende los modos de vida y las decisiones campesinas. 

Resulta muy grave que López Obrador equipare a los defensores del medio ambiente con quienes han usado el poder y el dinero para arrasarlo.

Tachar de “conservadores” que “hacen el ridículo” a quienes pretenden defender un territorio por el que han luchado muchos años en una pelea en la que se han jugado la vida, es ponerles una diana en la espalda, en un país en el que el asesinato de defensores ambientales es prácticamente rutinario. 

En la defensa del Tren Maya desde el gobierno también ha sido muy importante que el presidente defienda ciertos elementos del proyecto y haga como si los otros no existieran. Así, López Obrador habla de lo que es, según su responsable, un proyecto inmobiliario, como si fuera un inocente proyecto de transporte. 

Es curioso el contraste entre lo que dice López Obrador y las declaraciones tan elocuentes y claras del titular de Fonatur y responsable del proyecto, Rogelio Jiménez Pons. Mientras este último insiste –como dijo a Pie de Página hace apenas mes y medio– en que el Tren Maya es un proyecto de desarrollo inmobiliario y turístico, el presidente López Obrador habla del mismo como si el único elemento importante fuera el ferroviario. Por eso, por ejemplo, cuando se refiere a sus potenciales impactos ambientales se limita a hablar de las mejoras que supondría en términos de contaminación atmosférica cambiar una matriz centrada en camiones por una centrada en el ferrocarril. O el presidente no sabe de lo que habla, o miente con la verdad.

El problema en todo esto es de fondo, y va hasta la concepción que en el gobierno de López Obrador se tiene del papel del Estado y de la planificación del desarrollo y la construcción del futuro. Jiménez Pons y el presidente piensan que el Estado tiene la atribución y el mandato de imponer las medidas que se consideren necesarias, sin importar lo que piensen quienes padecerán esas decisiones. 

En eso López Obrador no es distinto de los neoliberales. Ambos creen que el aparato estatal debe imponerse sin preguntas y con pocas concesiones -la diferencia es que unos buscan imponer la libre empresa y el otro generar bienestar. La alternativa real es poner de cabeza esa concepción del Estado. Más que imponer una vía de desarrollo, el Estado debería contribuir a construirla y articularla desde abajo, servir como un catalizador para imaginar un futuro más democrático y canalizar recursos para alcanzarlo. 

La solución a la pobreza en la península de Yucatán y al deterioro de las economías de Campeche y Tabasco no está en apostar por un proyecto que, al estar centrado en los sectores financiero e inmobiliario, podrá generar más empleos, pero también generará mucha más desigualdad. Más valdrá aprovechar esta pausa impuesta por los jueces para replantear de fondo el proyecto: en vez de preguntar sí o no a un proyecto construido desde arriba, habría que preguntar a los de abajo qué futuro quieren y construirlo con ellos. Si no, los ganadores serán los mismos de siempre.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.