Mina clausurada en Yucatán rompe sellos y sigue operando; Profepa confirma delito
2 agosto, 2026
La Profepa constató la existencia de un delito federal tras verificar que la empresa Productos de Roca Peninsulares retiró los sellos de clausura de su banco de materiales en Baca, en el estado de Yucatán. La sascabera, clausurada el 10 de julio por operar sin permisos ambientales, reanudó trabajos nocturnos escasas horas después. La compañía está ligada a Idimsa, una constructora con millonarias obras públicas en territorio yucateco
Texto: Alejandro Ruiz con información de Jaltún
Foto: Patricio Eleisegui / Jaltún
BACA, YUCATÁN. – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó un delito federal luego de que la empresa Productos de Roca Peninsulares retirara los sellos de clausura de su banco de materiales pétreos en el municipio de Baca, Yucatán, y reanudara sus operaciones nocturnas apenas unas horas después de la sanción. La compañía está vinculada al grupo constructor Idimsa, responsable de millonarias obras de infraestructura pública en el sureste del país, incluyendo proyectos para el gobierno federal.
Antes, en respuesta a la investigación de Jaltún, la empresa había afirmado contar con todos los permisos ambientales. Sin embargo, la clausura, ejecutada el 10 de julio de 2026, se impuso tras una inspección que constató la ausencia de dos autorizaciones federales indispensables para operar: la de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y la de Impacto Ambiental, ambas competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, según testimonios recabados entre campesinos de la zona, los sellos fueron retirados en un lapso aproximado de cuatro horas.
En una respuesta escrita fechada el 22 de julio, la Profepa confirmó la violación: «El 20 de julio se realizó una visita de verificación en la que se corroboró la violación de los sellos, por lo que fueron colocados nuevamente. La violación o remoción de sellos de clausura constituye un delito previsto en la legislación federal».
La dependencia añadió que ya explora otros mecanismos legales y dará vista a las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades penales.
La sombra de un gigante de la construcción
La impunidad con la que aparentemente opera Productos de Roca Peninsulares, explican vecinos, podría explicarse por su entramado corporativo. Desde 2018, el consejo de administración de la minera es presidido por Ariel Efraín Medina Medina, quien también es fundador y director general de Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa).
Idimsa, creada en 1998, se ha consolidado como una de las constructoras más relevantes del sureste mexicano con un portafolio de más de 200 obras que abarcan hospitales, museos y edificios gubernamentales. En Yucatán, su huella incluye el Gran Museo del Mundo Maya, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida y la nueva sede de la Fiscalía General del Estado. La empresa también ha ejecutado proyectos para Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua. Recientemente, participó en la construcción del Hospital General de Atenco IMSS-Bienestar, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El vínculo entre ambas firmas cierra un círculo de negocio: Idimsa construye las obras públicas y Productos de Roca Peninsulares extrae el material pétreo que las alimenta. Es un modelo circular: contratos públicos que demandan materiales y un mismo grupo empresarial que controla todo el ciclo, mientras la comunidad paga el costo ambiental.
Dinamita y fracturas en la comunidad maya
El banco de materiales opera desde 2024 en las afueras de Baca, una comunidad maya ubicada a 25 kilómetros de Mérida. Las detonaciones con explosivos autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han vuelto una constante. Los vecinos, organizados en el colectivo Kanan K’áax Baca, documentaron desde junio de 2025 al menos doce explosiones de alta intensidad.
Las vibraciones han fracturado viviendas, columnas y vigas de un templo religioso colindante, al tiempo que el polvo generado por la trituradora afecta cultivos de milpa y la actividad apícola. Isidro Pech, integrante del colectivo, expuso el sentir de la comunidad:
«Los bancos de materiales llegan con la bandera del desarrollo, pero la realidad es otra: deterioran el ecosistema. Ellos no viven en nuestro pueblo. Solamente vienen a hacer desastre y luego se van».
Los pobladores advierten del riesgo de contaminación del acuífero, cuyas aguas se encuentran a solo siete metros de profundidad en esta zona de suelo kárstico, altamente permeable.
La autoridad estatal bajo la lupa
El caso ha destapado una zona gris en la supervisión ambiental. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán —responsable de otorgar las autorizaciones locales para la operación de bancos de materiales— permitió que Productos de Roca Peninsulares funcionara sin exigirle las autorizaciones federales de Cambio de Uso de Suelo y de Impacto Ambiental. Fue la Profepa la que, años después y a partir de denuncias ciudadanas, intervino para constatar la omisión y clausurar el sitio.
Ante este medio, la Profepa afirmó mantener «una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán, así como con la Semarnat, con el propósito de fortalecer la vigilancia ambiental, atender denuncias ciudadanas y prevenir afectaciones». Sin embargo, el caso de Baca pone en entredicho esa coordinación.
¿Cómo es posible que la SDS permitiera la operación de una empresa que carecía de los permisos ambientales más básicos? La pregunta adquiere mayor peso si se considera que la dependencia estatal parece delegar en los mismos empresarios la responsabilidad de obtener los permisos federales, sin implementar sistemas eficaces de supervisión para constatar su existencia. Hasta el momento, la SDS no ha respondido a las solicitudes de comentario hechas por este reportero.
Un patrón que se expande en Yucatán
La minería de materiales pétreos se ha disparado en la entidad. Entre 2018 y 2025, la propia SDS autorizó 53 nuevos bancos en 20 municipios, concentrándose en Umán, Valladolid y Sudzal. El auge, impulsado por la demanda del Tren Maya y la expansión inmobiliaria, ha llevado a comunidades mayas como Tebec o Yaxcopoil a iniciar plantones y batallas legales para frenar explosiones y desalojos.
Leer más
Aunque la Profepa reconoce la clausura de varios de estos bancos, la autoridad federal también precisó que algunas empresas «suelen recurrir a juicios de amparo o recursos de revisión ante el Poder Judicial para suspender o anular las sanciones».
En el caso de Baca, sin embargo, no se trató de una impugnación legal: fue la violación directa de los sellos de clausura. Con la confirmación del delito federal, el caso se convierte en un nuevo capítulo de la resistencia comunitaria contra una industria extractiva que avanza sin control en la península.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona
