En el Estado de México, la entidad con más casos de violencia contra las mujeres, las familias de víctimas de feminicidio siguen enfrentando impunidad, negligencia y procesos de justicia marcados por omisiones institucionales. A través de las historias de Diana Velázquez y Verónica Soto, se retrata la lucha de madres que, pese al paso de los años, continúan exigiendo verdad, justicia y el fin de la impunidad

Texto y fotos: Camilo Ocampo

ESTADO DE MÉXICO. – El acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en Chimalhuacán y en el Estado de México en general —la entidad del país con mayor número de casos de violencia contra las mujeres— es un camino tortuoso. Las familias tienen que transitar entre la negligencia institucional, la opacidad y la corrupción, que, al final del día, se traducen en impunidad.

En 2015 se declaró una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. Después se emitió una segunda Alerta de Violencia de Género en octubre de 2019, debido a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en los mismos municipios.

Desde esa primera alerta hasta la fecha, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 4 mil mujeres han sido asesinadas en esa entidad; sin embargo, para obtener el dato se tomaron en cuenta únicamente los crímenes dolosos de mujeres, independientemente de si la Fiscalía los tipificó como feminicidio o no.

Tan solo en 2025 se abrieron 55 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Pero las víctimas no son números: son mujeres con nombres, apellidos, familias e historias que deben ser contadas.

Diana: nueve años sin justicia

«Diana Velázquez Florencio fue víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México, a los 24 años. Era una joven trabajadora y soñadora, que aspiraba a estudiar la preparatoria. Amaba la lectura, la música, la cultura griega y ayudaba a los animales callejeros», se puede leer en una placa colocada a manera de protesta por la familia dentro del Centro de Justicia de la entidad.

El día que Diana desapareció y fue asesinada, había salido a hacer una llamada, cuando Jesús Alejandro Montes Moreno y un hombre más —el cual aún, pese a los años, no se tiene identificado— la subieron a un mototaxi, la violentaron sexualmente, la asesinaron y abandonaron su cuerpo en un terreno baldío, muy cerca del Centro de Justicia.

A partir de ese momento, su madre, Lidia Florencio, emprendió una incansable lucha para acceder a la justicia. Sin embargo, en lugar de encontrar instituciones comprometidas con esclarecer el crimen, se enfrentó a un sistema marcado por la negligencia, la omisión, la falta de profesionalismo y la ausencia de sensibilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Inmediatamente después de su desaparición, acudió a las autoridades para levantar una denuncia, pero se topó con uno de los principales obstáculos en los casos de desaparición: las autoridades insistieron en que debían transcurrir 72 horas para activar los protocolos de búsqueda.

Sin embargo, su cuerpo fue localizado el mismo día de su desaparición, luego de que vecinos reportaran que Jesús Alejandro había abandonado el cadáver. A pesar de ello, una serie de negligencias cometidas por personal del Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl retrasó su identificación, pues inicialmente su cuerpo fue registrado como el de un masculino.

Fue hasta cinco días después que Diana pudo ser localizada por su familia.

Ese fue el comienzo de un camino que su madre no ha detenido en la búsqueda del acceso a la justicia. Desde el levantamiento del cuerpo y el manejo de la investigación, se acumularon omisiones que, de acuerdo con la familia, abonaron a la impunidad y obstaculizaron el acceso a la justicia.

Un pequeño camino se vislumbró, aunque opaco. Tres años después, en 2020, fue detenido Jesús Alejandro Montes Moreno, señalado por abandonar el cuerpo de Diana y como autor material. Dos años más tarde, el 14 de enero de 2022, fue sentenciado a 93 años y tres meses de prisión.

Sin embargo, en 2023, un Tribunal de Alzada redujo la condena en 30 años, presuntamente debido a que el Ministerio Público no acreditó de manera adecuada una circunstancia agravante relacionada con el embarazo de Diana. Esta decisión evidenció, una vez más, las deficiencias institucionales que han marcado el caso desde el principio.

El mismo individuo señaló que no actuó solo; aseguró la participación de un segundo implicado, a quien atribuye la agresión sexual contra Diana. A nueve años de los hechos, esa persona continúa prófuga: no se sabe quién es y no existen avances que permitan conocer acciones efectivas para su localización y captura.

Como cada año, su madre sigue manifestándose contra la indolencia del Estado, y tanto ella como otras familias víctimas de feminicidio siguen urgiendo a las autoridades el fin de la impunidad, celeridad en las investigaciones de la Fiscalía, no reducir sentencias, castigar la liberación de agresores y que se les notifique a tiempo sobre estos procesos.

El caso de Verónica Soto Hernández, una historia que se repite

Vero, como la recuerda su madre, era una joven apasionada por la enfermería. Estaba a punto de graduarse de la carrera en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM, pero alguien le cortó los sueños.

Su trayecto para obtener justicia también ha sido complicado. Su agresor y feminicida aún camina impune; ha pasado por cinco ministerios públicos y ninguno ha podido dar una respuesta ni una solución.

Actualmente, denuncia, su carpeta se encuentra congelada. «Los ministerios públicos aseguran que no hay elementos para judicializar la carpeta, ponen excusas, dicen que faltan investigaciones».

Además, la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla le comentó que están a punto de dar un carpetazo a la investigación y cerrarla.

Ahora pide su madre, Andrea Soto Hernández, que las colectivas que están en la misma lucha la acompañen y hagan todo lo posible para no permitir que quede impune el caso de su hija.

Cuando el dolor y el amor de una madre se traducen en leyes: el caso de Mariana Lima Buendía

El camino de las madres que buscan justicia también ha dejado precedentes que hoy son una herramienta para otras víctimas. Uno de los más importantes es la Ley Mariana Lima Buendía, resultado de la lucha emprendida por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien durante años se negó a aceptar la versión oficial que aseguraba que su hija se había quitado la vida.

Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida en junio de 2010 en su domicilio, en el Estado de México. Desde el inicio, las autoridades investigaron el caso como un suicidio, pese a que existían indicios de violencia y antecedentes de agresiones por parte de su esposo, quien además era policía judicial.

La insistencia de su madre permitió evidenciar las omisiones, irregularidades y estereotipos de género con los que fue conducida la investigación.

Después de un largo proceso, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso y estableció un criterio que marcó un antes y un después para el acceso a la justicia de las mujeres.

Determinó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, hasta que existan elementos suficientes para descartar esa hipótesis.

Ese criterio, conocido como Ley Mariana Lima Buendía, se convirtió en un referente para las fiscalías y autoridades encargadas de investigar la violencia feminicida. Aunque su aplicación continúa enfrentando desafíos, representa uno de los mayores logros alcanzados por una madre que transformó su búsqueda de justicia en una garantía para miles de mujeres y sus familias.

Este 2 de julio, las tres madres estuvieron presentes frente al Palacio Municipal de Chimalhuacán durante la protesta por el caso de Diana. Ahí se abrazaron, compartieron el dolor que las une desde el feminicidio de sus hijas y recordaron que, aunque sus historias son distintas, el camino ha estado marcado por las mismas omisiones, la misma indiferencia institucional y la misma impunidad.

Años después del asesinato de sus hijas, ellas siguen en las calles exigiendo justicia, convencidas de que, mientras los responsables no sean castigados y las autoridades no cumplan con su obligación de investigar con diligencia, ninguna madre debería dejar de alzar la voz por la hija que le arrebataron.