Tras una batalla legal de seis años y haber sobrevivido a dos intentos de tentativa de feminicidio, Yeritza Bautista Cortés enfrenta un nuevo desamparo institucional. Tres magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México han decidido reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a simple violencia familiar, ordenando la inmediata liberación del agresor y dejando a la sobreviviente y a su familia en desprotección.

Texto y fotos: Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO.— «A lo único que yo me aferraba era a la esperanza. Yo no peleaba para que él se quedara una vida eterna en la cárcel. Yo solo quería que se le castigara por lo que hizo y que el sistema reconociera el daño que me causó para regresarme un poco de la dignidad que él me quitó».

Yeritza Bautista Cortés resume así la batalla que ha tenido que atravesar durante los últimos seis años, enfrentando un sistema que, lejos de protegerla, ha determinado borrar su derecho a la seguridad y a la justicia. Sobreviviente de dos ataques violentos perpetrados en 2020 por su expareja —quien en un primer episodio la golpeó brutalmente hasta arrancarle los dientes, dejándola al borde de la muerte, y en un segundo episodio intentó estrangularla—, Yeritza hoy se encuentra desprotegida tras una polémica resolución del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El pasado 9 de junio, la Cuarta Sala de Segunda Instancia notificó una resolución plagada de lo que colectivos y la propia víctima denuncian como una descarada ausencia de perspectiva de género. Las magistradas Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y el magistrado presidente Rafael Inti Castillo Serrato decidieron revertir lo que dos sentencias condenatorias previas ya habían acreditado: que el agresor cometió el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con lo denunciado por Yeritza tras revisar el expediente, los magistrados modificaron el delito a violencia familiar bajo el argumento de actuar bajo la «presunción de inocencia». La sobreviviente detalla que, al imponerle una pena de seis años —mismos que, según expone, el agresor ya cumplió en reclusión—, las autoridades ordenaron su inmediata liberación, la cual afirma que se ejecutó la noche del 10 de junio.

Un fallo que culpa a la víctima

Yeritza recalca que la resolución no solo pasa por alto los protocolos nacionales e internacionales más elementales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la CEDAW, sino que revictimiza activamente a su entorno. Y que esta carece de cualquier entendimiento sobre el ciclo de la violencia de género, el fallo del tribunal llega al extremo de responsabilizar a la familia de la víctima por «no haberla retirado de ahí a tiempo», sugiriendo implícitamente que la agresión es culpa de quien la padece.

«Esta resolución me dice que yo soy la culpable de todo lo que viví y que debo estar agradecida de estar viva», denuncia Yeritza, y asegura que tras la liberación de su expareja carece de medidas de protección eficientes y activas, lo que coloca su vida y la de su familia en una vulnerabilidad extrema.

«Compró su libertad, pero no su inocencia»

Para las mujeres organizadas y las redes de apoyo como la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), de la cual Yeritza es cofundadora, este fallo representa un mensaje institucional desolador. Demuestra que, aun agotando los recursos legales, presentando peritajes científicos y obteniendo sentencias condenatorias previas por jueces que evaluaron los daños, la justicia en México sigue teniendo un precio.

El impacto de esta resolución, denuncia la activista, trasciende su caso de forma particular y se convierte en un alarmante precedente de impunidad sistémica que envía un mensaje de profunda desesperanza para miles de mujeres que actualmente se debaten entre denunciar o callar por temor a represalias. A su juicio, el sistema les está demostrando que poseer carpetas de investigación minuciosas no es garantía suficiente si el agresor cuenta con los recursos necesarios.

«Me queda muy claro que mi agresor compró su libertad y que estos tres magistrados vendieron mi tranquilidad, mi seguridad y, por supuesto, mi vida. Las herramientas con las que las víctimas combatimos en procesos penales como este son solo la verdad, la dignidad y, en el caso de otras compañeras, el amor y la esperanza de alcanzar justicia. Sin embargo, ellos luchan teniendo como herramientas el dinero, el poder y la corrupción. Claramente no estamos en igualdad de condiciones», enfatizó Bautista.

Un mensaje desolador y el riesgo de las sobrevivientes

A este escenario, Bautista Cortés suma la advertencia sobre la alarmante falta de medidas de protección eficientes tras la salida de su agresor de prisión. En su reclamo, señala que la historia reciente de México está plagada de casos mediáticos donde, tras una reclasificación judicial arbitraria, los agresores han quedado en libertad únicamente para consumar el feminicidio, transformando a las sobrevivientes en una cifra más de la estadística o convirtiéndose ellos mismos en prófugos de la justicia.

A pesar de esta resolución, Yeritza advierte que no guardará silencio. Sostiene que, junto con colectivos de sobrevivientes, continuará impulsando a nivel estatal la Iniciativa de Ley de Tentativa de Feminicidio, una propuesta construida desde la vivencia real de las víctimas, diseñada para arrebatarle a las autoridades la facultad de invisibilizar la violencia feminicida.

La exigencia de la sobreviviente y las organizaciones que la acompañan es clara: exigen la revisión inmediata de la actuación judicial y la destitución de los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo Serrato por perpetrar lo que califican como una flagrante injusticia. En palabras de Yeritza, el agresor pudo haber salido de reclusión gracias a un fallo sin perspectiva de género, pero ante los ojos de la sociedad, él sigue siendo el culpable de haber intentado apagar una vida.