En medio de una disputa por los recursos, el gobierno de El Salvador revirtió un decreto que prohibía la minería metálica en el país centroamericano. La medida se inserta en una política cada vez más agresiva de proyectos extractivos en la región, y también, en la guerra comercial que se acentuará con el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Archivo Acafremin

CIUDAD DE MÉXICO. – El mundo entero atestigua una guerra comercial entre los Estados Unidos y China.

Ambos países compiten por el control de los recursos naturales, y para obtenerlos, impulsan políticas agresivas, más o menos evidentes, que trastocan, en los hechos, la soberanía de las naciones.

Un ejemplo de esto ocurre en El Salvador, donde el 23 de diciembre, el gobierno de Nayib Bukele (abiertamente simpatizante de Donald Trump) levantó un decreto que prohibía la minería a cielo abierto en ese país, y el cual, había sido una conquista histórica del movimiento social en su conjunto.

¿Qué estipula el decreto? Primero, otorga al Poder Ejecutivo prerrogativas para tomar decisiones que anteriormente se hacían a través del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora serán a través de la Dirección de Minas. Lo harán sin ninguna consulta previa a las comunidades, sin requisitos de estudio de impacto ambiental y sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Además, la ley establece algunos pasos para el proceso de adjudicación de concesiones mineras, indicando que el Estado debe estar involucrado. Sin embargo, el Estado puede no ser el dueño mayoritario de las minas. Aunado a esto, la ley establece que habrá un «cierre técnico de minas», por el cual el gobierno será responsable. Es decir, el gobierno asume el costo de reparación ambiental que le tendría que corresponder a las mineras.

La nueva ley deroga la prohibición que ganó el movimiento anti-minero de El Salvador, el cual data desde hace 12 años. Además, reactivó la persecución en contra de sus principales dirigentes. Un ejemplo es el de los defensores de la comunidad de Santa Marta, quienes están siendo acusados de un supuesto crimen de guerra ocurrido hace 33 años.

Para Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería en entrevista con Pie de Página, opina que esta ley «le da carta blanca a las empresas mineras. Les permite operar sin ninguna regulación por parte de las instituciones estatales, simplemente con el aval del gobierno ejecutivo».

Y adelanta:

«Estamos viendo una reconfiguración de las relaciones de poder geopolítico en la región, donde Estados Unidos y China compiten por el control de los recursos naturales, y los gobiernos centroamericanos parecen estar sucumbiendo a esta presión».

La disputa llega a Centroamérica

El caso de El Salvador no está aislado de las presiones que se ciernen sobre Centroamérica, donde desde hace décadas los movimientos y comunidades habían logrado prohibiciones totales, o parciales, para que se implementara la minería.

Un ejemplo es el caso de Costa Rica, donde el presidente Rodrigo Chaves Robles también anunció el levantamiento de la prohibición minera en ese país. En Guatemala, a la vez, existen presiones por parte de las empresas mineras, quienes apelaron decisiones judiciales que detienen procesos mineros que ganaron comunidades mayas, como la de Cerro Blanco.

Pedro Cabezas es consciente de esta ofensiva de las empresas mineras, y explica el trasfondo:

«En Centroamérica, descubrimos que existe un Cinturón de Oro que recorre toda la región, particularmente en países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, con densidades de oro suficientes para justificar su explotación. La minería a cielo abierto es la única forma viable de extraer este oro, pero es altamente destructiva para el medio ambiente.

Y añade que, «hay una presión global por el acceso a minerales que está cada vez más fuerte. El precio del oro está muy alto ahora. Hace 10 años, la onza de oro valía 600 dólares; ahora vale 2 mil 600 dólares. Esa presión por acceder a esos recursos está presente, y también la competencia entre diferentes potencias globales».

Como ejemplo, menciona Cabezas, está China. Este país, dice, está realizando bastantes inversiones en la región centroamericana bajo el nombre de inversión social, pero que ha orillado a que en los últimos tres meses se hayan aprobado 13 licencias mineras en Nicaragua. En El Salvador, China está negociando un tratado de libre comercio. Ese, sospecha Pedro Cabezas, puede ser uno de los motivos por los que se revirtió la prohibición minera.

No obstante, la intervención China no sólo es a través de los gobiernos, sino también a través de inversiones en proyectos mineros en la región.

«En Panamá hay una empresa china que es una de las principales financiadoras de la empresa First Quantum. La empresa es canadiense, pero tiene capital de diferentes partes del mundo. Los chinos están tratando de influir no solo directamente, sino también a través de las empresas extranjeras que operan en la región».

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Para Cabezas, Centroamérica se encuentra en «un contexto delicado», donde la guerra comercial, y la influencia de China o los Estados Unidos en los gobiernos de la región, no augura buenas expectativas para este 2025.

«Creemos que se recrudecerá la violencia contra los defensores ambientales en la región, y también habrá una apertura más evidente por parte de los gobiernos a dar concesiones mineras a diferentes bloques geopolíticos. Además, con la toma de posesión de Donald Trump, podría generarse una presión fuerte sobre los gobiernos de la región para retomar el control que siempre han tenido, porque nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos».

De la paz al neoliberalismo

En la década de los 90, los acuerdos de paz que pusieron fin a los conflictos armados internos no solo instauraron democracias multipartidistas en Centroamérica, sino también el modelo económico neoliberal.

Pedro Cabezas hace un recuento al respecto:

«Había un deterioro de la institucionalidad democrática en Centroamérica a partir de los Acuerdos de Paz de los noventas. La intención era establecer democracia multipartidista después de décadas de dictaduras y conflictos civiles. Se generaron acuerdos de paz entre los diferentes movimientos revolucionarios y los actores para establecer la democracia multipartidista, lo que permitió cierto nivel de gobernabilidad democrática. Por lo menos se establecieron procesos electorales, algo de transparencia, y los estados crearon una división clara de poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además de otra institucionalidad para fomentar la práctica de los derechos humanos.

Sin embargo, añade Cabezas «esta institucionalidad se vio amenazada por el modelo económico neoliberal, que necesitaba poco control del gobierno, pocas regulaciones y apertura a la inversión extranjera».

«Aunque se intentaba construir democracia, el modelo económico en realidad favorecía otro tipo de dinámicas que ponían en peligro la gobernabilidad democrática».

La maldición del oro

Para el fin del siglo XX, la implementación del modelo económico neoliberal en Centroamérica pasó por varias fases. Primero, explica Pedro Cabezas, fue la privatización de empresas estatales de comunicaciones, banca y transportes. «Luego, Centroamérica se convirtió en un área receptora de maquilas, con la idea de seguir el modelo de los tigres asiáticos, pero esto no funcionó».

A partir de 2010, según los registros sistematizados por la Alianza Centroamericana frente a la Minería, la atención se centró en la minería, particularmente en el oro, con la identificación del «Cinturón de Oro centroamericano», una veta rica en minerales, explotable mediante minería a cielo abierto.

Esto provocó que, desde 2012, los países de la región comenzaran a conceder grandes áreas para la minería, con el apoyo de embajadas como la canadiense y la china.

«Para 2017, países como Honduras, Nicaragua y Guatemala tenían cientos de concesiones mineras. El Salvador, aunque es más pequeño, también tenía 29 concesiones, y las áreas de interés minero representaban una parte significativa de los territorios en estos países, con Honduras alcanzando hasta el 50% de su territorio concesionado».

¿Cómo llegó a esto Centroamérica? Cabezas es claro: «las leyes de minería en estos países son muy permisivas y casi no exigen estudios de impacto ambiental adecuados. Además, la región no tiene la capacidad técnica ni financiera para supervisar la industria minera, lo que complica aún más la regulación.

Los costos

En términos económicos, la minería aporta muy poco a los países de la región. En Nicaragua, por ejemplo, la minería aporta apenas el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, y menos del 1 por ciento de los empleos. La mayoría de los empleos generados no son de buena calidad. La riqueza extraída de estos países se va a los países sede de las empresas mineras, como Canadá y Australia. Los países centroamericanos, en realidad, reciben muy poco de esta riqueza.

En Nicaragua, por ejemplo, explica Pedro, «las élites gobernantes dependen tanto de las empresas mineras que se ha institucionalizado la corrupción. Esto afecta la relación entre los partidos políticos y los ciudadanos, y es una tendencia común en toda la región. La minería también contribuye a la debilidad de las democracias centroamericanas. Los gobiernos no tienen la capacidad de regular adecuadamente la industria debido a su dependencia de estas empresas».

Pese a esto, el costo de la minería en Centroamérica se paga muy caro, pues como en México, esta actividad destruye el medio ambiente, el tejido social y la cultura local. Esto, sin contar las graves violaciones a los derechos humanos que conlleva.

«A nivel de derechos humanos, Centroamérica es una de las regiones más peligrosas para los defensores ambientales. De acuerdo con reportes de organizaciones como Global Witness, América Latina es la región con más asesinatos de defensores de derechos humanos ambientales. Países como México, Guatemala, Honduras y Nicaragua están entre los más violentos para quienes defienden el medio ambiente», detalla Cabezas.

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El caso de Cerro Blanco, un ejemplo de corrupción y violaciones a los derechos humanos

Contaminación por drenaje ácido mina san Sebastián. En Santa Rosa de Lima, departamento de la unión. Foto: Cortesía de Acafremin

Para explicar las afectaciones que padecen los pueblos y comunidades en Centroamérica, pero también las posibilidades de victoria, Pedro Cabezas trae a cuenta el proyecto minero Cerro Blanco, en Guatemala, el cual está en proceso de apertura desde hace 15 a 17 años.

A lo largo de todo este tiempo, el proyecto Cerro Blanco ha sido propiedad de diferentes empresas mineras canadienses, como Gold Core en 2007. Luego Bluestone Resorts a partir de 2017; y recientemente lo adquirió una empresa llamada Aura Minerals, también de Canadá.

En 2007, la empresa Gold Core presentó un informe de impacto ambiental incompleto al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala. El equipo técnico pidió revisiones, pero la empresa hizo lobby para cambiar al equipo y obtener la aprobación sin cumplir con los requisitos técnicos. Sin embargo, el proyecto no ha avanzado.

Cabezas explica la razón: «se debe principalmente a la oposición comunitaria que ha existido durante todos estos años en ambos lados de la frontera entre Guatemala y El Salvador. Ha sido una lucha binacional porque el proyecto está ubicado en Guatemala, aproximadamente a unos 10 kilómetros de la frontera con El Salvador».

La mina, que ya comenzó un proceso de exploración, ya carga a cuestas varios impactos ambientales en la comunidad de Asunción Mitla de Guatemala, donde está ubicado el proyecto. Aunado a esto, los riesgos para el resto de la región son alarmantes.

«La región que compartimos con el resto de Centroamérica, particularmente en El Salvador, forma parte de la parte baja de la cordillera de montañas que atraviesa Centroamérica. Entonces, todas las aguas que llegan a las cuencas de El Salvador provienen de Honduras y Guatemala, donde nacen y luego llegan al Salvador. El proyecto minero Cerro Blanco conecta con la principal fuente de agua de nuestro país, que es el río Lempa. Este río atraviesa dos tercios del país. Además, abastece a más de dos tercios de la población del Gran San Salvador, que son aproximadamente 3 millones de personas. También abastece a varias industrias como la agricultura, la industria pesquera y la ganadería. Si este proyecto se abre, las principales consecuencias de la contaminación afectarían directamente esta cuenca del río Lempa. Esto es crucial para nosotros como salvadoreños».

Aunado a esto, Cabezas resalta que, ahora que la empresa Aura Minerals ha adquirido el proyecto, el interés se vuelve trinacional, pues se extiende a Honduras y El Salvador.

«Esta empresa también tiene un proyecto minero en Honduras, que está en la frontera con Guatemala y cerca de El Salvador. El comportamiento de la empresa en este territorio ha sido claramente problemático, operando por más de 8 años en San Andrés, Copán, en Honduras. Ahí la oposición comunitaria ha sido perseguida y criminalizada. La empresa trabaja estrechamente con las autoridades locales y la Alcaldía para llevar a cabo el proyecto. No sabemos qué poder tienen, pero han logrado violar decisiones judiciales».

Un caso emblemático que desnuda el proceder de esta minera, precisa Pedro, fue cuando, a pesar de que existía una orden de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para proteger un cementerio ancestral maya, la empresa utilizó explosivos para destruirlo, sin que hubiese ninguna repercusión en su contra.

Frente a este panorama, el cual se pinta adversos, Pedro Cabezas no pierde la esperanza, y concluye:

«Creo que la resistencia contra los proyectos mineros en la región centroamericana ha sido una resistencia generalmente exitosa si consideras que, por ejemplo, aún hay una prohibición parcial de la minería a cielo abierto en Costa Rica, y en Panamá, y en Guatemala más de cinco proyectos mineros a cielo abierto han sido detenidos gracias a las resistencias territoriales y a través de luchas judiciales. Sin embargo, el costo de ese éxito, creo que ha sido bastante alto».