El Supremo de Panamá invalida contrato minero de cobre

29 noviembre, 2023

Incluso en las noches, estudiantes, ambientalistas, trabajadores, campesinos e indígenas protestaron contra el contrato para la explotación de una mina de cobre en el norte de Panamá. La Corte Suprema de ese país ha invalidado el contrato. Foto: Universidad de Panamá

Después de que el país estallara en protestas, la Corte Suprema de Justicia se puso del lado de los pueblos indígenas, campesinos y ciudadanos. Las manifestaciones en contra de la empresa Quantum Minerals fueron las más grandes desde el derrocamiento del dictado Manuel Noriega

Texto: Corresponsal IPS

Foto: Universidad de Panamá

PANAMÁ – La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional este martes 28 el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de América Central, cuya aprobación por el Congreso hace un mes desató una oleada de protestas populares en defensa del ambiente.

María Eugenia López, presidenta del tribunal, dijo que sus nueve jueces “hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406” que se refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals.

Agregó que “lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, tal como demandaban las protestas de ambientalistas, sindicatos y organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles.

A las afueras de la Corte, grupos ambientalistas celebraron el fallo, como “logro de Panamá, de los pueblos originarios, campesinos, panameños de a pie, de la unidad de la patria y la soberanía por nuestros recursos verdes, agua, tierras”, dijo el activista indígena Kevin Sánchez, de la etnia indígena Ngobé Buglé.

Las protestas estallaron el 20 de octubre al aprobarse en el legislativo Congreso el contrato, firmado por el gobierno y la minera canadiense, para explotar hasta por 40 años la mina Cobre Panamá, en un corredor biodiverso en el norte del istmo.

Las manifestaciones crecieron con distintas demandas sociales que paralizaron parcialmente la vida en el país -800 000 estudiantes dejaron las aulas durante días- y provocaron pérdidas en la producción, el turismo y el comercio por 1700 millones de dólares según gremios empresariales.

Han sido las mayores en el país desde el derrocamiento del exdictador Manuel Antonio Noriega con la invasión de fuerzas estadounidenses en 1989, y reclamaron junto con el contrato minero su manejo poco transparente, denuncias de corrupción y el incremento en el costo de la vida.

La mina Cobre Panamá produce unas 300 000 toneladas de concentrado de ese mineral al año, aproximadamente 1,5% de la producción mundial.

Al conocerse el fallo de la Corte, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,9 %, a 8441 dólares la tonelada métrica.

First Quantum había indicado que su actividad minera representa cinco por ciento del producto bruto panameño, genera regalías por 375 millones de dólares anuales, proporciona 50 000 empleos y compra 900 millones de dólares anuales a más de 2000 proveedores locales.

Alega además que desde finales del siglo pasado ha invertido unos 10 000 millones de dólares en desarrollar la mina Cobre Panamá.

En medio de las protestas, la compañía debió reducir sus operaciones cuando pequeñas embarcaciones bloquearon el puerto de la mina para bloquear suministros y otro tanto hicieron grupos de manifestantes desde las carreteras.

El fallo del Supremo atendió la demanda de los manifestantes y sus abogados, quienes argumentaron que el contrato violaba la soberanía nacional y no recibió la discusión pública debida ates de su aprobación parlamentaria.

“Estamos festejando la independencia de otro enclave colonial que nos estaban colocando”, dijo la abogada y activista ambiental Serena Vamvas, de la Fundación Mi Mar, en alusión a que el 28 de noviembre se conmemora uno de los intentos de Panamá para independizarse de España hace dos siglos.

La otra cara de la moneda es que el cobre es un mineral imprescindible para que el mundo avance en la transición energética, por ejemplo avanzando en el reemplazo del transporte a gasolina con la masificación de los vehículos eléctricos.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo que su gobierno acatará el fallo de la Corte, y el caso podría ahora dirigirse a un proceso jurídico internacional.

Este artículo se publicó originalmente en IPS, aquí puedes consultarlo.

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