El mapa de las Américas está en constante cambio por la salida y llegada de millones de migrantes y refugiados. Esta investigación de OjoPúblico analiza los datos de dos décadas de migración, sus causas, rutas y motivaciones

Texto: Catalina Lobo Guerrero y Gianfranco Huamán / Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico

Fotos: Andina

La historia de la migración reciente en América Latina comienza con un hecho específico: un terremoto de siete puntos en la escala de Richter que sacudió a Haití siete minutos antes de las cinco de la tarde, el 12 de enero de 2010. La catástrofe dejó más de 200 mil muertos y un millón y medio de personas se quedaron sin casa y sin motivos para quedarse en la isla. Así empezó la huida masiva de haitianos, un fenómeno que no ha parado y que ha marcado el cambio de dinámica migratoria de las Américas.

A los haitianos se sumaron luego otros latinoamericanos que también abandonaron sus países de origen en la última década, hacia destinos imprevistos a lo largo y ancho de todo el hemisferio, y en cantidades nunca antes vistas. El éxodo de venezolanos alcanza poco más de 7 millones de personas, superando incluso a la cantidad de sirios que huyeron de la guerra.

Si se suma el resto de nacionalidades, el número de migrantes que viven en la región casi se ha duplicado, pasando de 8.3 millones en 2010 a 16,3 millones en 2022. Hoy siete de cada diez migrantes son intrarregionales (migran dentro de América Latina).

Según el informe de tendencias globales de desplazamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de 2002: “Más de dos de cada 5 nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Esos números son un reflejo de lo que sucede en varios Estados de la región: han perdido la capacidad de garantizar derechos y ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes. Se han ido tras el “sueño americano” a Estados Unidos –el mayor destino migratorio del mundo–, pero también a otros países del hemisferio, incluso a los rincones más insospechados a donde no habían migrantes. “Desde 2010, ninguna región en el mundo ha experimentado un mayor aumento relativo de la migración internacional como América Latina y el Caribe”, dice un informe reciente del Migration Policy Institute (MPI).

Hasta 2010, los mexicanos (se calcula que unos once millones de ellos viven en Estados Unidos) constituían el mayor número de personas que cruzaban el Río Grande. En poco tiempo, sin embargo, fueron igualados o incluso superados por personas de otras nacionalidades, a veces consideradas refugiados y a veces migrantes.

A la migración de haitianos, cubanos y centroamericanos, que eran los que más emigraban antes del 2015, se sumaron luego los venezolanos, constituyendo un hito histórico. Los precios internacionales del petróleo se desplomaron a finales del 2014 y con ellos se derrumbó la economía del país. El bolívar se devaluó hasta perder prácticamente todo su valor, la hiperinflación se comió los ahorros y pensiones de la gente y la escasez de alimentos y medicamentos alcanzó cifras récord (de manera extraoficial se estima por encima del 50%, porque el Gobierno venezolano dejó de publicar este índice luego de que la escasez llegó al 28% en 2014).

Como resultado, 9.3 millones o uno de cada tres venezolanos sufrió inseguridad alimentaria, y Naciones Unidas empezó a hablar de crisis humanitaria a partir del 2016 por tantas muertes de neonatos.

“Yo salí obligada, mi niño en ese tiempo tenía dos años y medio y él cayó en desnutrición porque no teníamos comida… en Venezuela se compraba por número de cédula  y a mí solamente me daba chance de comprar los miércoles. Entonces, cuando yo salía los miércoles, no conseguía leche, no conseguía crema de arroz –que es el alimento que uno le daba–, no conseguía nada para el niño… La pediatra decía que el blanco de los ojos él ya lo tenía amarillo y decía que necesitaba el calcio que le da la leche a los chiquitos”.

Matilde.

Miles de personas protestaron por esta situación contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero se encontraron con una fuerte represión militar. El Gobierno encarceló a los disidentes y líderes de oposición, tomó el control de las instituciones y censuró a los medios. Paralelamente, los venezolanos vivían una situación de violencia generalizada, asediados por la inseguridad y delincuencia, con grupos criminales que actuaban con impunidad y controlaban hasta las cárceles.

Ante esta situación, el número de solicitudes de refugio de venezolanos se triplicó en todo el mundo a partir del 2015 y esa tendencia continuó durante los siguientes tres años. Un estudio reciente de la firma encuestadora Consultores 21 afirma que en el 48% de los hogares venezolanos hay, al menos, un familiar viviendo en otro país.

La mayoría cruzó la frontera con Colombia. Tres millones de venezolanos se han quedado allí. Otros 500 mil buscaron una oportunidad en Ecuador. Un millón y medio de personas decidió continuar el viaje hasta Perú y otros 400 mil llegaron a vivir a Chile. La misma cifra se ha radicado en Brasil.

“Estamos hablando de una diáspora que rompe las tendencias migratorias normales. El caso venezolano es sui géneris, porque ellos no tenían ni vocación ni experiencia migratoria”, dice María Clara Robayo, profesora de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Al éxodo venezolano se sumó luego el nicaragüense, especialmente a partir de 2018, cuando el Gobierno de Daniel Ortega reprimió las protestas masivas en su contra. La violencia de los cuerpos de seguridad y los paramilitares afectos al Gobierno dejaron un saldo de más de 300 muertos en unas pocas semanas.

Para finales de ese año, ya había unas 30 mil peticiones de asilo de nicaragüenses en varios países. Se estima que entre 2018 y 2022, unos 604 mil 485 nicaragüenses han abandonado su país.

Viajar: los caminos

Las rutas de los migrantes son muchas y variadas. Si hubiera que ilustrar los caminos recorridos, habría que dibujar una multitud de flechas que salen disparadas de todas partes, hacia todas las direcciones y al mismo tiempo. También hay movimientos pendulares o en zigzag, pues miles de venezolanos han estado yendo y viniendo entre los países andinos.

 “Todo el bus eran puros migrantes que venían huyendo de la crisis de Venezuela… en el terminal nos conocimos. Yo vengo de Caracas, yo vengo de Valencia… Que mi esposo está allá, que mi esposa se vino, que mi mamá… Así, las personas contándole a uno… Ellos decían: yo llego a Colombia y de ahí vamos a Ecuador o vamos a Perú”.

Milsen.

“La migración es como el tiempo atmosférico: las personas se desplazan de áreas de alta presión a otras de baja presión. Y al igual que el tiempo atmosférico, este desplazamiento es difícil de combatir”, dice el escritor Suketo Mehat en su libro Esta tierra es nuestra. Manifiesto del migrante.

Hay una mezcla de necesidad y esperanza, dos motores importantes que impulsan a la gente a emigrar. Esa esperanza se alimenta de historias y mitos de otros viajeros que lograron llegar y se transmiten entre conocidos. También circulan por las redes sociales. Los mismos migrantes cuentan verdades a medias para no dañarles la ilusión a los que vienen.

Los traficantes de personas utilizan las redes para atraer a sus clientes. Han montado un lucrativo negocio como “guías” por los “caminos verdes” en distintos puntos del trayecto o para cruzar los pasos fronterizos de manera clandestina.

Se han vuelto cada vez más sofisticados, ofrecen paquetes de viaje con hospedaje incluido, como si fueran una agencia de viajes. (En inglés se les llama smugglers; en español se habla de “coyotes” o “polleros”, pero a menudo estos términos se usan también para nombrar a quienes no solo trafican personas, sino que los explotan, los roban o los abandonan).

En febrero de 2021 se descubrió que los coyotes les decían a los migrantes venezolanos que el presidente Joseph Biden había otorgado el Temporary Protected Status (TPS) –un beneficio temporal que les permite trabajar y no ser deportados a los que han entrado a Estados Unidos de forma irregular–, pero ese TPS solo se otorgaba a quienes habían llegado antes de febrero de 2021 y no después.

Además de las mentiras, los migrantes pueden ser víctimas de redes de trata, que secuestran y extorsionan a sus familias para liberarlos. Se estima que unos 70 mil fueron secuestrados entre el 2011 y 2020 en México, según la Comisión de Derechos Humanos de ese país. Durante el secuestro los obligan a hacer trabajos forzados o de servidumbre, les roban los órganos o los explotan sexualmente, especialmente a las mujeres.

Algunos guardias de migración y personal de seguridad maltratan a los viajeros en los trayectos y puntos de inspección, en donde piden sobornos para dejar pasar. Otros son custodios en centros de migrantes como los de México, que han devenido en cárceles con tratos inhumanos. En uno de estos centros murieron quemados 40 migrantes el pasado 27 de marzo de 2023 porque los guardias no abrieron las puertas de las celdas.

Hay caminos más peligrosos que otros y la gente solo los toma si no les queda otra opción. La ruta por el Darién, la espesa selva entre Colombia y Panamá que cubre unos 5.000 kilómetros es tan difícil de atravesar que casi nadie la utilizaba antes de 2010.

A partir del 2014, sin embargo, empezó a ser transitada por migrantes que no podían emprender su viaje a Estados Unidos aterrizando en México o en ningún país centroamericano porque les pedían visa.

“Entramos a la selva, pasamos bastante trabajo. Vi personas fallecidas, personas a las que les había dado un infarto, otras personas que se les partían las piernas y no podían salir. Y pues estuve a punto de quedarme yo también porque en realidad llevé comida y me alcanzó solo para cinco días y ya los últimos dos días y medio, tres, que caminé, fue por la misericordia de Dios…”.

Erick

Las oenegés que hacen trabajo humanitario han insistido en la necesidad de un puente aéreo o marítimo, en señalizar el camino y en tratar de evitar más muertes para no seguir alimentando a los coyotes y criminales que controlan el paso. También se han esgrimido argumentos ecológicos, pues la selva está en peligro por la cantidad de gente en la ruta. Pero el tapón del Darién es un tapón de personas, sirve como barrera natural, y muchos países no están interesados en que el paso por allí sea más seguro.

A pesar de lo tortuoso que es atravesar el Darién, entre 2014 y 2020 más de 110 mil migrantes lo hicieron. Y en los últimos dos años, el tránsito por la zona ha aumentado hasta alcanzar cifras sin precedentes de 134 mil personas solo en 2021 y de 248 mil en 2022. En su mayoría son venezolanos y haitianos, pero el último año, como revela una investigación de OjoPúblico, ha aumentado el número de ecuatorianos, chilenos y peruanos.

Los venezolanos no utilizaban la ruta del Darién, pero esto cambió con la imposición de visas de turismo, que tuvo un efecto dominó. A partir de 2017, Guatemala, Honduras y Panamá empezaron a exigirles visa. Y en 2018 se sumaron Nicaragua y Costa Rica. Finalmente, México, el último país que los migrantes utilizaban para aterrizar, impuso este requisito en 2022.

“Muchas de las respuestas de los países latinoamericanos están en consonancia con lo que ocurre en Estados Unidos. Es decir, las políticas que se toman en un país, afectan claramente y, de alguna manera, moldean las respuestas que se toman en el resto de la región”, dice Luciana Gandini, investigadora del Migration Policy Institute (MPI).

Los embotellamientos humanos en las fronteras terrestres no son otra cosa que la expresión de dos ideas que chocan: una que aboga por la libertad de movimiento –porque migrar es un derecho– y otra que busca detenerlo, por razones de seguridad o soberanía nacional. “Lo nuevo no son las migraciones, lo nuevo son las fronteras y las políticas de odio”, dice la investigadora mexicana Amarela Varela, autora del libro Por el derecho a permanecer y a pertenecer. Una sociología de la lucha de los migrantes.

También se habla de la “externalización” de las fronteras estadounidenses a otros países. Un ejemplo son los chequeos de las autoridades migratorias panameñas, cuya información comparten con las agencias de seguridad norteamericanas, que han donado los equipos y sistemas y entrenado al personal local.

Para los otros países es difícil decirle no a los Estados Unidos por el tipo de presión que puede ejercer. Esto se evidenció claramente durante la presidencia de Donald Trump, cuando se implementó el programa conocido como "Quédate en México", que tenía como objetivo devolver a los migrantes a territorio mexicano hasta que tuvieran sus audiencias ante los jueces.

El Gobierno de Estados Unidos, con el fin de evitar que más gente llegara a pedir asilo a su frontera sur, determinó luego que cualquier persona que transitara por otros países debía demostrar que había pedido asilo en ellos y no se lo habían otorgado. La otra medida reciente adoptada por el Gobierno de Biden para contrarrestar la migración irregular es la de abrir unos cien centros de procesamiento de migrantes, también llamados oficinas de movilidad segura, en otros países de la región.

Llegar: la acogida

Ningún país del hemisferio estaba preparado para recibir a cientos de miles o millones de personas en su territorio en tan poco tiempo. Conviene diferenciar, sin embargo, a los países que tenían algún tipo de tradición de acogida –Estados Unidos y Canadá– de los demás del hemisferio, de renta media, que eran solo expulsores o de tránsito, y en muy poco tiempo tuvieron que diseñar respuestas institucionales para acoger a un número elevado de personas.

Podían considerarlos refugiados, y hacer reconocimientos colectivos, pero querían evitar un "efecto llamada" que atrajera a más personas. Entonces primó lo individual, el tratar cada caso de manera independiente, aunque esto condujera a la saturación de los sistemas. Además, reconocer el estatus de refugiados a tanta gente podía tener otras implicaciones y obligaciones para los Estados, entre ellas que no los deportaran o expulsaran de regreso a su país de origen.

Ante esta realidad, de los quince países de América Latina signatarios de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, solo Brasil y México, y hasta cierto punto, Costa Rica, decidieron enfrentar la situación aceptando a un número importante de venezolanos y nicaragüenses como refugiados.

Los demás países optaron por mecanismos de regularización e inserción más pragmáticos. En Colombia y Perú, por ejemplo, les dieron permisos temporales de permanencia (PPT). En Ecuador, Chile o Panamá, lo hicieron a través de visados especiales. Argentina y Uruguay simplemente emplearon los acuerdos vigentes de movilidad de Mercosur y los respetaron, a pesar de que Venezuela había sido suspendida.

“Fue una respuesta mucho más sofisticada de lo que se podría haber pensado en una región que no tenía experiencia en estos temas. Y al mismo tiempo, nos dimos cuenta que había muchas imperfecciones en esta respuesta”, dice Andrew Seele, del Migration Policy Institute (MPI).

Considerarlos como migrantes, en vez de refugiados, no fue un asunto menor. La ACNUR, que tenía una permanente discusión con la OIM y con varios países al respecto, terminó creando una nueva categoría denominada “venezolanos desplazados en el extranjero”. Reiteró que estas personas necesitan protección por parte de otros Estados, ya que cumple con, al menos, tres de las condiciones de la Declaración de Cartagena para ser reconocida como refugiados: violación masiva de los derechos humanos, violencia generalizada y eventos que alteran el orden público.

OjoPúblico envió solicitudes de información a varios países receptores de migrantes de la región para conocer el monto del presupuesto nacional asignado a la seguridad fronteriza, la gestión de la migración y la atención y acogida de los migrantes. Sin embargo, solo tres países (Brasil, Colombia y Chile) respondieron, y sus respuestas fueron incompletas.

Esto refleja que incluso los propios países carecen de información clara y centralizada. A pesar de los vacíos informativos hay cálculos aproximados. Un informe del Fondo Monetario Internacional estimó que en Colombia se gastó unos USD 600 por migrante en 2019.

Este monto se destinó a ayuda humanitaria, salud, cuidado de niños, educación, vivienda y apoyo a la búsqueda de empleo. Con más de dos millones de recién llegados, esto significa USD mil 300 millones en asistencia.

Gran parte de los fondos destinados a atender el éxodo de los últimos años provienen de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos –el mayor proveedor del mundo de ayuda humanitaria para refugiados y migrantes–, Canadá y, en menor medida, la Unión Europea.

A estos países del norte les interesa que otros del sur también se hagan cargo de los migrantes y refugiados y por eso están dispuestos a financiar varios programas. México lo hace en Centroamérica, con proyectos para jóvenes en barrios pobres de Guatemala o El Salvador, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Un portavoz del Departamento de Estado en Estados Unidos le dijo a OjoPúblico que: “En el año fiscal 2022, Estados Unidos aportó casi USD 1.200 millones en asistencia humanitaria en todo el hemisferio occidental: un aumento de más del 12% con respecto al año anterior.

Desde 2017, Estados Unidos también ha aportado USD 2 mil 300 millones en asistencia humanitaria y más de USD 527 millones en ayuda económica, asistencia para el desarrollo y la salud de los refugiados venezolanos y los migrantes vulnerables en todo el hemisferio occidental. El 5 de enero de 2023, el país anunció casi USD 23 millones en asistencia humanitaria adicional a México y Centroamérica.

Por su parte, la Oficina de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá informó a OjoPúblico que, desde 2019, el país ha invertido más de USD 136 millones de dólares en ayuda humanitaria para abordar la crisis venezolana.

Estos fondos se destinaron a programas de atención en países receptores, enfocándose en áreas como educación, salud, protección y empleo. Canadá también financió un programa de USD 1.5 millones de dólares en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para combatir el tráfico y la trata de personas, especialmente la explotación sexual infantil de migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago.

Asimismo, en asociación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), implementó un programa del mismo monto para fortalecer la capacidad de siete países miembros (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago) en la lucha contra el tráfico y la trata de personas, así como para mejorar la seguridad fronteriza.

Los recursos siguen siendo insuficientes, sin embargo. Según la plataforma RV4, que hace un análisis de las necesidades de refugiados y migrantes venezolanos en varios países de Latinoamérica, se necesitan otros USD mil 720 millones de dólares solo para el año 2023. Y se calcula que se requiere una cifra similar para el 2024. El contexto, en cualquier caso, es adverso. Los fondos han disminuido y buena parte del dinero se ha reorientado a atender a los refugiados ucranianos.

Como lo señala un análisis del BID, a pesar de la realización de más de 90 procesos de regularización extraordinaria en 18 de los 26 países de Latinoamérica y el Caribe desde el año 2000, todavía hay una considerable cantidad de migrantes y refugiados que viven en condiciones precarias en sus países de acogida.

“Llegué aquí de manera irregular, me tocó empezar de cero. De vender flores en un semáforo, de vender gelatina… me tocó coger una máquina de coser, no sabía nada, una señora me enseñó, hasta ahorita que tengo un emprendimiento con la costura”.

Maybelin.

Otro informe del Migration Policy Institute (MPI) revela que, aunque entre el 50% y el 75% de los migrantes venezolanos han conseguido un estatus regular en sus países de acogida, aún quedan millones indocumentados.

“No hay persona migrante que no quiera regularizarse en el país donde llega y va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder hacerlo”, dijo Carolina Stefoni, directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) en Chile al comentar el estudio de MPI. Entre las razones para que muchos no lo hayan conseguido está el costo de los trámites.

También incidió que varios países del continente rompieron relaciones con Venezuela. Por lo tanto, no había servicios consulares a través de los cuales tramitar documentos o renovar pasaportes vencidos.

La mayoría de los migrantes quieren quedarse en sus países de acogida. Una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos en Colombia reveló que el 62% de los venezolanos en este país tiene vocación de permanencia indefinida. Y eso puede traer beneficios económicos a los países que los acogen, en el mediano y largo plazo.

Pero no es fácil echar raíces cuando las comunidades de acogida, que también son pobres, ven a los inmigrantes como una competencia. A menudo resienten que sus nuevos vecinos extranjeros reciban ciertas ayudas o sean beneficiarios de subsidios u otros programas de atención. Los culpan de quitarles los trabajos y de bajar los salarios.

Jefferson Díaz, un periodista especializado en migraciones, ha recopilado datos oficiales de varios países andinos para demostrarlo. El porcentaje de inmigrantes venezolanos detenidos por delitos criminales en Chile, Perú, Colombia y Ecuador es de apenas 0.24 %, 0.11 %, 0.09 % y 0.25 % respectivamente.

A pesar de que la pandemia llegó a su fin, según el Laboratorio de Percepciones del BID, la percepción hacia los migrantes en la región, especialmente en Chile y Perú, sigue deteriorándose. Esto se manifiesta a través de comentarios discriminatorios y actitudes negativas en las redes sociales, así como en el espacio público.

Regresar: el retorno forzado o voluntario

Antes de la pandemia, cualquier individuo tenía la posibilidad de presentarse en uno de los 45 puntos de entrada a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos o cruzar por un paso no autorizado y luego entregarse a las autoridades para solicitar asilo.

Sin embargo, a partir de marzo de 2020, con la implementación del Título 42, cualquier persona que llegara a la frontera después de un arduo viaje, a menudo atravesando todo el continente, sería expulsada de inmediato sin tener derecho a un debido proceso, una entrevista o la consideración individual de su caso, violando así el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a pedir asilo político en otro país”.

Durante los 38 meses de vigencia del Título 42, se llevaron a cabo aproximadamente 2.800.000 expulsiones, alcanzando así un número récord. Algunos de estos casos eran reincidentes, ya que los mexicanos y centroamericanos eran devueltos de inmediato a territorio mexicano y, en el mismo día, intentaban cruzar nuevamente la frontera.

En un comienzo los venezolanos creyeron que la norma no se les aplicaría, ya que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con su país y, por lo tanto, no podían ser devueltos en un vuelo directo a Caracas.

Sin embargo, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con México para que los recibiera después de su expulsión, junto con los cubanos y nicaragüenses.

A las personas provenientes de países más distantes se les embarcó en vuelos chárter de regreso, junto con otras personas deportadas en virtud del Título 8, la ley migratoria ordinaria que ha estado en vigencia durante varios años. Aquellas personas que violan esta ley, ya sea por el vencimiento de su visa o residencia, fraude documental o por cometer delitos penales sancionables con la expulsión, entre otros motivos, deben ser deportadas.

“El Título 42, presentado como una medida de salud pública para enfrentar el Covid-19, creó un muro virtual para los migrantes que huían a los EE.UU. en busca de protección,” dice Thomas Cartwright, de Witness at the Border.

Su organización ha estado documentando cuántos vuelos salieron cargados hacia distintos destinos, con base en información de rastreo a las compañías aéreas. Según el conteo, desde que empezó el Título 42 hasta cuando fue derogado en mayo de 2023, hubo 4 mil 052 vuelos de expulsión.

En algunos meses llegó a haber más de cuarenta vuelos a Guatemala, más de treinta a Honduras y más de veinte a Colombia. Estos vuelos operados por empresas privadas representan un costo considerable para Estados Unidos. Según Adam Isacson, del Washington Office for Latin America (WOLA), el costo estimado por pasajero era de unos USD mil 500 dólares.

A principios de mayo de 2023, justo antes de que se venciera el Título 42, Colombia protestó ante Estados Unidos y suspendió el permiso de aterrizaje de los vuelos, porque las personas que viajaban en ellos se quejaron de manera reiterada de distintas vejaciones.

El caso más dramático de retorno forzado quizá sea el de los haitianos. Había una exención de deportaciones para los migrantes de ese país, establecida después del terremoto de 2010. Pero a finales de 2016 Washington levantó la medida y, desde entonces, miles de haitianos han sido obligados a regresar a una isla de la que salieron hace más de una década y en donde ya no tienen familiares, amigos o redes de apoyo.

“La política migratoria depende de donde vengas. Hay un tratamiento diferente si eres ucraniano, venezolano o haitiano. Y el sistema de asilo no debería ser discriminatorio,” dice Felipe Navarro del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California.

Distintas organizaciones humanitarias y defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra de estos vuelos de expulsión. ACNUR también lo hizo, pues además de dejar a los migrantes en riesgo, sobrecargaba la capacidad de respuesta humanitaria de México.

Este país no solo ha recibido a miles de expulsados, sino que terminó siendo el plan B de muchos migrantes que optaron también por quedarse. En 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió unas 130 mil solicitudes de asilo, ocho veces más que las 15 mil presentadas en 2017.

Pero México también expulsa por vía aérea a los migrantes de su territorio. De acuerdo con la información proporcionada por Witness at the Border, se han llevado a cabo 705 vuelos para llevar migrantes hacia países vecinos, así como a destinos como Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela, entre otros, en el periodo comprendido entre mayo de 2021 y mayo de 2023.

Algunos de estos vuelos también han sido utilizados para trasladar a los migrantes dentro del territorio mexicano, desde la zona norte del país hacia Tapachula, con el propósito de obligarlos a cruzar la frontera en dirección a Guatemala.

Otro país que se volvió noticia porque anunció vuelos de expulsión de migrantes en condición irregular fue Chile. Empezaron en 2018 con los haitianos que llegaron indocumentados, pues a partir de ese año el Gobierno les empezó a exigir visa para entrar.

Luego vinieron las expulsiones de los venezolanos y de algunos colombianos que cruzaron sin papeles por la zona norte de Colchane. Según la abogada chilena Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del Servicio Jesuita a Migrantes, las programaban durante los fines de semana, cuando las cortes no sesionan, para que no pudieran interponer recursos de amparo.

El gobierno de Gabriel Boric, a pesar de haber prometido un cambio radical con respecto a las políticas migratorias de su predecesor, ha mantenido la práctica de expulsar a migrantes en situación irregular. De acuerdo con la ministra actual del Interior, Carolina Tohá, más de 20 mil extranjeros están en lista de espera para ser expulsados.

En Perú también han utilizado vuelos para expulsar a migrantes venezolanos que tuvieran antecedentes penales en su país.

En Colombia las expulsiones han ido en aumento también en los últimos años, en especial de ciudadanos venezolanos. La mayoría se hacen por vía terrestre, porque es un país vecino.

Para conocer más sobre las expulsiones en distintos países del hemisferio, OjoPúblico envió varios pedidos de acceso a información y recabó información en bases de datos públicas. Los números de Chile, Colombia, Perú, México y Canadá, reflejan que desde el 2015 más de un millón de extranjeros fueron expulsados de dichos países.

No todos los vuelos ni los retornos han sido forzados. Durante la pandemia, muchos migrantes en el continente decidieron retornar voluntariamente a sus países de origen. Un ejemplo de ello son los venezolanos, quienes regresaron con la ayuda de vuelos de repatriación patrocinados por el Gobierno a través del plan Vuelta a la Patria.

Pocos países del hemisferio han diseñado políticas efectivas para sus connacionales en el exterior o para el retorno. Los que más han avanzado en esa dirección son México y algunos países centroamericanos.

En Ecuador, en Honduras, en varios países de la región están trabajando en políticas de retorno, pero es difícil porque se han dado cuenta de que buena parte de los retornos son de corto plazo. A muchos migrantes solo les interesa pasar una breve temporada en su país, van de vacaciones o para conseguir documentos, y vuelven a salir rápidamente.

Esos regresos, aunque breves, también pueden darle ánimo a la gente porque se reconectan con lo que extrañan, la comida, la ciudad donde nacieron, y ven a amigos y familiares que han quedado atrás.

Al retornar constatan cuánto extrañan los afectos y las costumbres –toda una vida– que se han quedado atrás. Por eso a muchos retornados les gustaría quedarse. ¿Por qué no lo hacen? Porque las razones que los empujaron a salir en primer lugar, siguen pesando más que los motivos para quedarse.

*Este trabajo se publica como parte de una alianza entre PIE DE PÁGINA Y OJOPÚBLICO. Aquí puedes consultar más de su trabajo.