San Sebastián Nopalera y Zimatlán son dos comunidades de Oaxaca que durante décadas vivieron un conflicto que dejó muertos y desaparecidos. Ahora han acordado la paz, pero el gobierno aplaza sus resoluciones. El pasado martes, comuneros protestaron frente a Gobernación

Texto: Lydiette Carrión y Alejandro Ruiz
Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- Pareciera que en un conflicto de décadas, en el que ha habido muertos, desaparecidos,  sería imposible construir la paz. Y menos una paz justa y digna. Pero las comunidades de San Sebastián Nopalera y Zimatlán, en la mixteca baja de Oaxaca, nos enseñan que no es así. Que a pesar de todo se puede construir paz. Ahora, falta que el Estado mexicano ayude a formalizar dicha paz en documentos. 

Este pacto de paz  implicó cuatro años de negociaciones y acuerdos progresivos, tras casi 10 años de violencia. Ambas comunidades cedieron aspectos, tierras, y aceptaron también la intervención de una Comisión de Mediación. Ahora, todo este esfuerzo pende de un hilo: que el Estado mexicano haga efectivo y dé una validación oficial. 

De ahí que el pasado martes, varios comuneros de San Sebastián Nopalera protestaran frente a la Secretaría de Gobernación; exigían hablar con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y  el titular de Gobernación, Adán Augusto López.

Por décadas, muertos, heridos y desaparecidos

Los conflictos por la tierra en México suelen ser violentos e implican armas tomar. Muchas historias involucran el despojo por parte de empresas, paraestatales, transnacionales, o grupos privados; pero en muchas ocasiones estos conflictos suelen ser entre pares. Por unas hectáreas ejidales, en cada rincón del país actualmente hay decenas de casos en los que dos o más pueblos se enemistan. Por agua, o por otros bienes naturales suele haber muertos.  Y esto conlleva sufrimiento, muertes, viudas, desaparecidos, violencia exacerbada, más pobreza a lo largo de años.

Este ha sido el caso de San Sebastián Nopalera y Zimatlán, en la sierra mixe baja, Oaxaca, quienes desde 1993 iniciaron un conflicto por 500 hectáreas de tierra.  

El ejido de San Sebastián Nopalera está conformado por varias comunidades del municipio de Santa Lucía Monteverde, excepto Zimatlán de Lázaro Cárdenas, que pertenece administrativamente al municipio de Putla Villa de Guerrero. Ambas son agencias de sus respectivos municipios, pertenecientes al Distrito de Putla, Oaxaca.

Como muchas historias, esta empieza con las resoluciones presidenciales de la época posrevolucionarias. En ese entonces una Resolución Presidencial de fecha 17 de marzo de 1933, cedió a San Sebastián Nopalera una superficie de 5 mil 18 hectáreas. 

Pero durante la década de los ochenta del siglo pasado, Zimatlán de Lázaro Cárdenas solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la división del ejido. En 1993 el Cuerpo Consultivo Agrario resolvió  como improcedente la petición de Zimatlán de Lázaro Cárdenas acerca de la división de ejido, archivando el expediente y dándolo como asunto concluido. 

A finales de la década de los noventa y principios del 2000, se presentaron conflictos con otra comunidad, la de San Pedro Yosotato, municipio de Tlaxiaco, contra Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera. La disputa era por dos polígonos de tierra (de 18 hectáreas y 30 hectáreas). Esto dejó  como saldo varios muertos y heridos de las tres comunidades. Finalmente se acordó la entrega de 415 hectáreas  a San Sebastián Nopalera. 

Esta superficie fue la que originó  el desencuentro entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera. Desde 2010 ambas comunidades disputaron esta tierra, desencadenando  incidentes de violencia muy duros, tanto que en agosto de aquel año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó medidas cautelares para garantizar la integridad de los pobladores de Zimatlán.

Pero los enfrentamientos y la muerte no paró. Por ejemplo, en febrero de 2011, un solo incidente dejó ocho muertos y 12 heridos, por este conflicto ha habido 30 muertos, 12 desaparecidos, más de 50 heridos, cientos de víctimas directas e indirectas, e innumerables daños materiales.

Y así se fueron acumulando años en los que la CIDH trataba el conflicto en sus reuniones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, también; pero en los hechos, las negociaciones entre ambas comunidades no avanzaban. 

Sin gobierno, por la libre, el diálogo avanzó

Para 2018, la violencia y la inseguridad escalaba de nuevo. Pero aunque crecía el encono, ambas comunidades coincidían en su desconfianza hacia el gobierno.

A pesar de minutas y mesas y más mesas, no había paz.  Así, “este momento crítico propició que ambas comunidades facultaran a sus respectivos asesores (Maurilio Santiago por Zimatlán, y Efraín Solano por Nopalera), a buscar una mediación civil. Así lo solicitaron a nombre de las comunidades a Miguel Álvarez Gándara, de SERAPAZ en la Ciudad de México. En su aceptación, éste propuso constituir una comisión civil mixta con actores oaxaqueños civiles y eclesiales, invitando a dos distinguidos defensores oaxaqueños, el padre Romualdo Francisco Mayrén Peláez (padre Uvi) y Marcos Leyva Madrid (director de Educa, AC), con el apoyo de dos personalidades públicas con peso moral, Mons. Arturo Lona y el maestro Francisco Toledo”, explica Efraín Solano.  

La Comisión de Mediación fue aceptada por la Asamblea de ambas comunidades, y en diciembre de 2018 comenzó un nuevo proceso de diálogo y distensión, por la vía civil, y sin intervención gubernamental. 

Los acuerdos

La Mesa de Diálogo se sentó con delegados, autoridades o representantes definidos expresamente por cada Asamblea. Contemplaron  diversos temas y decidieron avanzar en los dos temas más graves y urgentes: la definición de medidas de distensión (comenzando por la distensión mediática y el seguimiento de incidentes), y la solución de fondo al conflicto agrario.

Para enero de 2019, a  solicitud de ambas comunidades y de la Comisión Civil de Mediación, se realizó una reunión con la Mesa de Seguridad y Paz –instancia de coordinación interinstitucional entre el gobierno federal y el de Oaxaca–,  en la que se planteó el cumplimiento de la añeja demanda para que se instalará una Base de Operaciones Mixtas en la zona de conflicto. Y finalmente en febrero de 2019, la BOM fue instalada

Se le pregunta a Efraín Solano:

–En otros casos la presencia militar no ha ayudado a las comunidades. ¿En este caso, la base ayudó a las negociaciones? 

–Bastante. Porque las emboscadas terminaron.

Después, el diálogo se concentró hacia un acuerdo de distribución por porcentajes de este polígono. Tras conversaciones, y un ánimo de ambas comunidades por resolver el conflicto y frenar la violencia, ambas comunidades aceptaron una propuesta que establece la división del polígono para que 60% quede para San Sebastián Nopalera, y el 40% restante para Zimatlán de Lázaro Cárdenas. 

Para marzo de 2020, se avanzó en el trazado de la superficie por distribuir. Se avanzó excepto por un pequeño punto de 4 hectáreas. Pero luego a finales de marzo la pandemia arrasó, así que el proceso se vio interrumpido.

Es de destacar que, a pesar de la pandemia y los retrasos, las comunidades mantuvieron su voluntad y mecanismos de distensión, no presentándose ningún incidente violento, ni alguno que se dejara de conversar y resolver a través de la mediación”, destaca Efraín Solano.

Una brecha de paz

Casi siempre se habla de construir puentes para la paz, pero en muchas ocasiones la paz conlleva a acordar brechas y límites. 

En este caso, la brecha de paz, que señala los límites territoriales entre San Sebastián Nopalera Y Zimatlán,  fue aperturada el pasado 9 de marzo. 

Se había acordado con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una mesa para dar solución a los estragos que dejaron estas décadas de violencia: órdenes de aprehensión, desaparecidos, y también otros compromisos de obras públicas. Pero entonces el gobierno dejó de recibirlos. 

El acuerdo entre las comunidades es ya algo de facto. “Tienen como sustento algo muy poderoso”, explica Solano: los acuerdos de Asamblea. Eso tiene más valor que cualquier ley. Pero es necesario resolver lo demás. 

Fue así que, esta semana, un grupo de comuneros de San Sebastián Nopalera se presentó en Gobernación, cargando ataúdes y cadenas, exigiendo ver al secretario y al subsecretario. Ya acordaron próximas reuniones. Ojalá que las autoridades cumplan. 

Un diálogo que se aplaza

Al frente de la Segob representantes de ambas comunidades llegaban a protestar. Pancartas, cartulinas y consignas daban un recuento del conflicto entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán. También, un ataúd al centro relataba el trágico desenlace que esta disputa por tierras ha dejado para las personas que ahí habitan.

La inconsistencia en las promesas de Adán Augusto, así como la poca efectividad de los gestores gubernamentales que han mediado el conflicto, los ha llevado de nuevo frente a la Segob.

Frente a las calles otras protestan suceden. Ahí, familiares de personas desaparecidas, a la vez que campesinos y ejidatarios de otras regiones del país piden ser escuchados. Las puertas permanecen cerradas.

Pasan las horas, y los plantones frente a la Segob hacen escuchar sus consignas. Adán Augusto por fin sale a escuchar sus peticiones. En un breve diálogo con las familias de personas desaparecidas el secretario de gobernación les dice que no confía en ellas. Después, entre disgustos, acepta recibir sus peticiones. Se abrazan y ríen, como si lo que antes dijo el secretario solo quedara como un mal recuerdo para las redes sociales.

Al caminar de regreso a su oficina el resto de manifestantes lo encaran. Le piden diálogo, intervención en sus conflictos, que cumpla sus promesas. Un habitante de San Sebastián Nopalera logra llamar su atención.

Nosotros venimos de San Sebastián Nopalera, hemos estado aquí y hemos hablado ya con William el [pasado] 31. Nosotros queremos la audiencia porque nosotros tenemos conflicto agrario y queremos resolución del conflicto agrario”, le dice.

Adán Augusto lo voltea a ver. Le dirige unas palabras a un asistente que rápido toma nota, mientras intervienen los campesinos. Un diálogo comienza:

–A ver, escúchame, esto que no lo vea William. José Antonio de la Vega directamente, y que me va a decir para que nosotros empecemos el trámite– dice el secretario.

–Con Montenegro la Lana también– le dice otro campesino de esa comunidad, ajena al conflicto de tierras  pero que también protestaba afuera de la Secretaría.

–Sí, pero ya se me mueven. No tiene caso que estén aquí – dice Adán Augusto.

Después instruye a una comisión a que entre con José Antonio de la Vega, jefe de la oficina de la secretaría de gobernación.

–Vámonos ahorita, vámonos – dicen en grupo los campesinos mientras entran a Segob.

El resultado de esta audiencia fue que se pondrá una nueva cita dentro de dos semanas para firmar los acuerdos de paz con la comunidad. Segob se responsabilizó en notificar a San Sebastián Nopalera y Zimatlán de esta nueva fecha.

También se acordó atender las indemnizaciones y apoyos para las familias y personas afectadas por las muertes, enfermedades, orfandad y viudez que ha dejado el conflicto. Por su parte la comunidad de San Sebastián Nopalera también pidió la pavimentación de 35 kilómetros de carretera que conectan a 15 comunidades aledañas a su comunidad, así como la construcción de un edificio tecnológico y de un hospital.

En las resoluciones también se estableció que se llevarían las dosis de las vacunas contra el covid-19 hasta el pueblo. La fecha de su arribo quedó de confirmarse.