Con respaldo de los gobiernos de los tres niveles, la francesa Engie construye un megacompresor de gas junto a los hogares del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, Yucatán. La empresa presentó mapas antiguos para justificar el desarrollo de la obra omitiendo que el área lleva años habitada. La población se encuentra ante el peligro latente de una explosión a gran escala

Texto: Alejandro Ruiz / Jaltún

Foto: Patricio Eleisegui

UMÁN, YUCATÁN. – Cuando Abner Torres compró su casa, nunca imaginó que quedaría junto a una estación de compresión de gas —conocida como booster—, destinada a abastecer de más energía a ciertas zonas de la península de Yucatán. Como él, decenas de vecinos del fraccionamiento Gran Calzada etapa IV, en Umán, viven con angustia diaria desde que, en octubre de este año, la estación inició las pruebas de maquinaria. Torres relata: “Se oía horrible, todo vibraba, las puertas de las casas… Mi puerta vibraba: tuve que ponerle algo, como un tope, para que no se moviera”. Además del ruido constante, que no permitió dormir, los vecinos enseguida reportaron olores a gas y la intensa iluminación de reflectores encendidos las 24 horas.

El proyecto es parte del “Sistema de Transporte de Gas Natural Energía Mayakan Unificado”, que busca incrementar la capacidad de transporte de gas fósil desde Texashasta la península de Yucatán con el fin de abastecer a dos centrales eléctricas que hoy se siguen construyendo en Mérida y Valladolid.

Una obra basada en mentiras

El inicio del problema es inseparable del accionar de actores del sector inmobiliario. En ese sentido, las y los vecinos denuncian que la constructora Grupo Casitas, encargada de desarrollar la etapa IV de Gran Calzada, mintió sobre la naturaleza del proyecto colindante, que resultó ser una estación de compresión de gas operada por Energía Mayakán, filial de la francesa Engie. 

La iniciativa energética se construyó y comenzó a funcionar después de que los residentes compraron sus viviendas pero, al parecer, la constructora supo con anticipación que ese proyecto se llevaría a cabo. 

Según el investigador Charles Gaillard River —quien ha documentado las omisiones de la empresa—, Grupo Casitas dijo a los vecinos que el terreno adyacente se usaría para una bodega de Amazon o, en todo caso, un estacionamiento. Esto, “con tal de venderles las propiedades“. Torres confirma esto: al preguntar sobre la construcción en marcha, los agentes inmobiliarios dijeron no saber de qué se trataba la obra pese a que el gasoducto ya estaba en curso.

Al margen de esto, la planeación del proyecto energético ha sido señalada por graves irregularidades. Los vecinos acusan a Engie de omitir deliberadamente la existencia del fraccionamiento en las evaluaciones socioambientales mediante la presentación de mapas que no reflejan la realidad habitada de la zona. Gaillard afirma al respecto: “En la manifestación y evaluación de impacto ambiental y social (MIA/EVIS) elaborada en 2021, la empresa usó mapas de 2010. Y en esos mapas no aparecen los fraccionamientos aledaños a este booster”.

De hecho, Jaltun consultó la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R) presentada por Energía Mayakan, y elaborada por ABF Servicios Técnicos S.C., y ahí comprobó que la empresa recurrió a planos que excluyen el fraccionamiento Gran Calzada aunque los vecinos ya habitaban el área.

Gaillard atribuye estas omisiones a faltas estructurales: “Los problemas se derivan de la mala planeación de los proyectos y de todas las trampas que hacen las consultorías (privadas) con tal de que les aprueben los permisos”.

Presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la MIA-R confirma el alcance regional de la obra y justifica la instalación de infraestructura en municipios como Umán bajo el argumento de fortalecer la seguridad energética nacional. 

Sin embargo, el experto advierte que el caso refleja la falta de supervisión institucional: “Esto se debe a problemas de regulación del ordenamiento territorial (en la zona metropolitana de Mérida), que tiene muchas lagunas que permiten que este tipo de cosas pasen, sumado a la omisión de muchas autoridades que no hacen su trabajo de vigilar que las empresas cumplan con lo que manifiestan”.

Entre las acciones previstas en el proyecto se incluyen la instalación de cuatro gasoductos paralelos (loops), la reconfiguración de estaciones de medición y compresión existentes, y la construcción de nuevas estaciones de medición como la EM CFE Mérida IV, en Yucatán. La proyección total del proyecto, incluyendo su operación y mantenimiento, es de al menos 42 años.

La MIA-R reconoce los riesgos inherentes y categoriza la obra como “altamente riesgosa”. Dicha clasificación obligó a la empresa a presentar un Estudio de Riesgo (ER) ante la ASEA. Ese requisito sirvió de base para delimitar un Área de Influencia (AI) de 800 metros a cada lado del trazo del gasoducto donde deben analizarse y mitigarse los impactos. 

Sin embargo, decenas de viviendas del fraccionamiento Gran Calzada se alzan a escasos metros de las instalaciones, con muros delgados que las exponen a ruidos constantes, emanaciones de gas, vibraciones, y el temor latente a que ocurra una explosión.

Mayakan: la brecha entre los protocolos y la realidad

La MIA-R detalla un extenso marco de seguridad para el proyecto, el cual debe regirse por normas oficiales como la NOM-007-ASEA-2016, que exige la instalación de válvulas de seccionamiento y un Programa de Mantenimiento para la Franja de Seguridad, y la NOM-009-ASEA-2017, sobre administración de la integridad de los ductos. Asimismo, la documentación describe sistemas de monitoreo avanzados, incluido un Sistema SCADA controlado desde Macuspana, Tabasco, diseñado para detectar fugas mediante un modelo dinámico en tiempo real.

No obstante, estos protocolos asentados en el papel chocan con la experiencia vecinal. Los testimonios recabados por Jaltun afirman que la implementación práctica de las medidas de mitigación es deficiente o insuficiente. Con regularidad, los residentes reportan olores a gas y vibraciones que hacen temblar las puertas de las casas. Recientemente, emanaciones de gas derivadas de una “pipa” ubicada en el predio del booster reavivó el miedo a una explosión y originó que algunas familias incluso temieran encender sus estufas.

La respuesta institucional ante este escenario fluctúa entre la inacción y la desidia. En distintas mesas de diálogo concertadas con las y los vecinos, así como también con representantes de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Energía de Yucatán y Protección Civil, ejecutivos de Energía Mayakán (Engie) descartaron la reubicación del booster alegando una suba en los costos y la posibilidad de que eso genere interrupciones en el servicio. En su lugar, apenas ofrecieron mitigar daños directos como el ruido y la iluminación. 

La postura de la empresa se enmarca, según Gaillard, en un patrón más amplio y preocupante: “Engie es conocida por tener muchos casos de negligencia en otros estados como Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro, con acusaciones de explosiones y muertes”. La existencia de este historial riesgoso profundiza la desconfianza de la comunidad y alienta una pregunta: ¿realmente se están cumpliendo los protocolos diseñados para proteger a la población?

Gasoducto en Umán: organización vecinal y respuesta institucional

Tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo con instancias gubernamentales, las y los vecinos optaron por recurrir a las vías legales. Presentaron una demanda de amparo en la que denunciaron violaciones al derecho al medio ambiente, a la salud, a la vivienda y al derecho a la ciudad. También presentaron formalmente denuncias ante la Profepa.

El jueves 6 de este mes, los habitantes de la etapa IV de Gran Calzada lograron la suspensión provisional de la operación y la instalación del booster. La orden judicial estableció “la paralización de instalación y operación” de la estación energética.

Fue fijada por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán. Si bien se trata de una medida precautoria, de resultar ratificada en las próximas semanas implicará que la empresa no podrá seguir con sus labores en el booster hasta tanto se resuelva el juicio de amparo.

En entrevista con Jaltun, Carla Escoffié, asesora jurídica de las y los vecinos, recalcó que “este caso demuestra una seria negligencia de parte del ayuntamiento de Umán, que tiene que garantizar que no haya este tipo de situaciones, pero también de la Comisión Nacional de Energía, cuya responsabilidad es velar por la seguridad en este tipo de proyectos”. 

“También existe responsabilidad por parte de las empresas Energía Mayakan y Grupo Casitas, quienes tenían que salvaguardar la seguridad de las personas en este tipo de proyectos. Todos estos actores sabían que se está construyendo una estación junto a una zona residencial, y a pesar de eso ni siquiera se les avisó a las personas que estaban comprando en este lugar“, agregó.

La suspensión contradice la postura gubernamental de limitarse a mitigar los daños sin resolver el problema de fondo, y da la razón a las y los vecinos de la etapa IV de Gran Calzada, quienes mantienen su exigencia principal recalcando que “el objetivo siempre va a ser reubicar el booster”.

“Creemos que todavía se puede reubicarlo y que la gente entienda que no estamos en contra del llamado progreso, sino que haya un orden y respeto, porque dejar a la gente nada más llegar a poner lo que quiera, al final afecta nuestras vidas. Podrán decir que cuesta, pero la vida humana no tiene costo”, enfatiza Abner Torres.

Su reflexión coincide con un debate que se está volviendo cotidiano en Yucatán, donde las promesas de “progreso” y “desarrollo” vienen afectando, de un modo por demás negativo, la calidad de vida de los habitantes de territorios peninsulares.

¿Energía para quién?

El booster en cuestión pertenece al Sistema de Transporte de Gas Natural Energía Mayakan Unificado, una ampliación del gasoducto original que ha estado en operación en la península desde 1999. 

Este sistema cruza 37 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, incluyendo Umán. El gas transportado proviene en su mayoría de Texas, Estados Unidos, extraído mediante fracturación hidráulica (fracking), y está destinado a alimentar las centrales de ciclo combinado Mérida IV y Riviera Maya (Valladolid), actualmente en construcción. Ambas prometen incrementar la capacidad de generación eléctrica para la península.

En entrevista con Jaltun, integrantes de la organización GeoComunes señalaron que estos proyectos representan la continuidad de una dinámica de subordinación energética iniciada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde el gasoducto Mayakan jugó un papel central.

“El reacomodo territorial del sur-sureste de México, articulado por megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, requiere una masiva infraestructura de transporte y energía. La expansión del gasoducto Mayakan es estructural para este plan, ya que busca satisfacer la creciente demanda eléctrica de los sectores turísticos, inmobiliarios y agroindustriales de la península. Aunque la península de Yucatán no es la región de mayor consumo del país, proyecta la mayor tasa de incremento en el consumo eléctrico (un 60% acumulado en 15 años), lo cual justifica la necesidad de nuevas centrales de ciclo combinado y la ampliación de la red de gas”, precisan los investigadores.

La urgencia por desplegar esta infraestructura, por lo general justificada mediante el discurso de la “autosuficiencia”, “soberanía” o la “transición” energética, omite un análisis concienzudo sobre la dependencia energética de México con los Estados Unidos, y los riesgos socioambientales y fallas en la planeación territorial. La instalación del booster junto a una zona habitacional ilustra la connivencia de las autoridades, que aprueban Manifestaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones de Impacto Social en desacato a la normatividad y derechos constitucionales.

“La intensificación de la infraestructura energética, especialmente la basada en gas metano importado de Estados Unidos, exacerba la segregación socioespacial. Las grandes obras están diseñadas principalmente para abastecer a los sectores que generan las mayores ganancias y el mayor consumo (hoteles, fraccionamientos de lujo, industria). Esto desvía la atención de las comunidades marginadas, incluso dentro de las propias ciudades de alto consumo como Mérida y Cancún, que siguen padeciendo falta de acceso a electricidad y otros servicios básicos”, señalan los integrantes de GeoComunes. 

En concreto, el aumento de la capacidad energética no garantiza un beneficio equitativo para toda la población. En cambio, consolida un modelo desarrollista que, aunque promete bienestar, actúa como una “bola de nieve” que intensifica las desigualdades ya existentes.

La decisión de las autoridades de limitarse a sólo mitigar cualquier efecto del proyecto gasífero opera como protección de los intereses del aparato de Estado que promueve la reconfiguración territorial en el sur – sureste de México, y de Engie que, junto a otras grandes empresas energéticas, ejerce un control significativo sobre la infraestructura troncal en la región.

La obra que se está llevando a cabo en la etapa IV de Gran Calzada muestra la profunda desconexión que existe entre la macroplaneación energética federal y las realidades territoriales a nivel local. Y vuelve a poner en evidencia que los costos de este tipo de planificaciones recaen directamente sobre los territorios y las vidas de las poblaciones más vulneradas.

Este texto se publicó inicialmente en JALTÚN. Aquí puedes consultar la publicación original.