Analizamos la violencia letal contra la prensa en Veracruz durante los años 2010-2016. No es un periodo al azar, ni un estado dentro de muchos. Antes bien, en esos años y según el Observatorio de la UNESCO, México fue el país con mayor número de periodistas asesinados dentro del grupo que clasifican en “zona de no conflicto”; mientras Veracruz tenía el primer lugar dentro de las entidades federativas del país

Texto: María Eloísa Quintero / Artículo 19

Fotos: Especial

VERACRUZ. – Veinte casos -17 homicidios, 3 desapariciones- en sólo 6 años.

¿Son distintos? ¿Coinciden las formas de matar o desaparecer? ¿Son agresiones simples o grupales? Analizamos los 20 casos buscando reconstruir qué pasó, quiénes intervinieron, quiénes no intervinieron, qué dijeron las víctimas, los colegas, la autoridad. 

Buscamos la información contenida en notas periodísticas, libros, documentales, videos, fotos, fichas técnicas de Artículo 19, informes, libros y otros. Se recopilaron los datos consignados; se estudiaron las reproducciones de documentos procesales de las investigaciones ministeriales  (testimonios, confesiones o dictámenes periciales) contenidas en diversos textos. Se tuvo en cuenta lo reportado por la autoridad, particularmente lo compartido en ruedas de prensa y en comunicados por la fiscalía. Se integró lo aportado por los entrevistados. Por último, se realizaron solicitudes por transparencia a través de Artículo 19 .

Todo esto se procesó, sistematizó e investigó, a fin de reconstruir los casos con detalle y fuentes. 

Estudiamos por separado 3 momentos: el de la desaparición de las personas periodistas, el de la privación de sus vidas^1, y por último, el del hallazgo de cuerpos y/o restos. Tres momentos, pues cada uno de ellos puede tener características, actores y responsables diversos. Encontramos que entre los 20 casos hay diferencias, pero también más de una coincidencia.

Las conclusiones e inferencias que aquí se exponen se basan en la información que se pudo recopilar de más de 350 fuentes documentales y más de 30 fuentes vivas.

Se exponen en primer lugar detalles sobre los tópicos analizados (I). Al final,  se enumeran los hallazgos de forma sintética (II)-

Algunos detalles sobre los tópicos analizados

Momento 1: Desapariciones

Son tres los periodistas que a la fecha se encuentran desaparecidos y 17 quienes fueron asesinados durante este período. Sin embargo, si analizamos los datos recopilados en cada caso veremos que 12 estuvieron previamente desaparecidos (durante horas, días o meses). De ellos, tres fueron extraídos de su domicilio (Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo y Anabel Flores) y uno en la puerta de su trabajo (Víctor Manuel Báez Chino, secuestrado en Reporterospolicíacos.com). En los demás casos se desconoce el lugar de captura (sólo se puede afirmar que no se llevó a cabo en su casa o trabajo) y por ende se presume que ocurrió en la vía pública.

Al continuar el análisis advertimos que durante el período estudiado se dieron tres modalidades o formas de desaparición: por convocatoria, aprehensión o interceptación.

El 23% de los periodistas fueron buscados y sustraídos de su domicilio. En la mayoría de los casos (65%) se presumen desaparecidos en vía pública.

La mayoría de las personas asesinadas (el 65%) fueron previamente desaparecidas y luego, horas o días después, asesinadas.

En todos los casos dados a conocer la desaparición se dio por modalidad de agresión grupal o de tipo comando.

1. En algunos casos, a las desapariciones les precedió un llamado telefónico y/o la convocatoria a una cita. Es decir, en ocasiones la persona periodista recibía un llamado, salía a realizar una diligencia o bien asistía “voluntariamente” a una “reunión”, pero ya no regresaba con vida. Este es el caso de Noel López Olguín, quien -según una fuente- durante la mañana del 8 de marzo del 2011, mientras estaba desayunando en su casa, recibió una llamada telefónica. Tras intercambiar un par de palabras con quien le llamó,  dijo a su esposa que iría rumbo a Soteapan para realizar algunas diligencias y volvería en la tarde, pero nunca regresó. 

Sergio Landa Rosado recibió una llamada el domingo 20 de enero de 2013 mientras estaba trabajando en la redacción del Diario Cardel, alrededor de las 4 pm, Salió sin apagar la computadora y diciendo a los dos colegas presentes “ahorita vengo, ahorita regreso, no me apagues la máquina, voy a regresar a terminar lo que estoy haciendo”.

También Gabriel Huge le comentó a un amigo que iba a una cita delicada y le dijo, «si en 2 horas no regreso, te encargo mucho a mi hija».

En el caso de Miguel Morales Estrada -según una fuente confidencial- precisamente el día que desapareció había sido enviado por el director del periódico a cubrir un evento de seguridad pública, un operativo, y de ahí no se supo más de él. Se conoce que Miguel, antes de desaparecer, fue al periódico a dejar su equipo y dijo que volvía pero ya no lo hizo.

2. Otros no fueron convocados sino buscados –aprehendidos- directamente en sus domicilios como Moisés Sánchez Cerezo y Gregorio Jiménez o en otro lugar público, como Víctor Manuel Báez Chino. En el caso de Gregorio -según una fuente – llegaron a su casa, “encañonaron” a una de sus hijas tras lo cual él se entregó. Los agresores eran civiles, se transportaban en una sola camioneta y llevaban armas largas y cortas.

3. Algunos periodistas fueron interceptados, desaparecidos o ejecutados en un solo momento. Así, en algunos casos solo se sabe que salieron a trabajar y nada más, por lo que se supone que en algún punto fueron interceptados. Tal es el caso de Gabriel Fonseca, quien pasó por el medio en el cual trabajaba, habló con su jefe, se retiró y ya nunca regresó. En el periódico “se quedaron esperando sus notas del domingo”, dijo una fuente.

¿Cómo se llevaron a cabo las desapariciones? ¿Fueron agresiones simples (actos de violencia realizados por una o dos personas) o bien actos ejecutados de manera grupal o como consecuencia de un operativo?

En 8 de las 13 desapariciones analizadas no existe información ni detalles sobre las circunstancias de desaparición. Es decir, no se sabe si asistieron voluntariamente al que fue su lugar de captura, si fueron buscados o interceptados, y menos, si ello se dio por agresión simple o grupal. En los otros 5 casos, quienes brindaron datos fueron familiares, testigos, colegas y autoridades. 

Así, por ejemplo, se ha dado a conocer que Víctor Manuel Báez Chino fue secuestrado por hombres armados sin uniforme a bordo de una camioneta gris, a las 23:30 cuando junto a otros colegas salía de la sede de ReporterosPoliciacos.com en la calle Chapultepec, en Xalapa.

Gregorio Jiménez fue apresado en Villa Allende por hombres armados que se presentaron en la puerta de su casa, preguntaron por él y antes de apresarlo dijeron «este es el fotógrafo”. Se lo llevaron a la fuerza a bordo de una camioneta. Según lo publicado por Ricardo Ravelo en su libro Periodistas asesinados: los expedientes, en casa de Gregorio bajaron 3 hombres encapuchados y armados y se lo llevaron en un Honda CRV. El grupo era una célula de Los Zetas que lo tenía vigilado; ese día incluso había un halcón en las inmediaciones esperando que el periodista regresara de llevar a sus hijas a la escuela. Se lo llevaron esposado por detrás.

En el caso de Moisés Sánchez Cerezo una fuente viva entrevistada para esta investigación  remarcó que el 2 de enero de 2015 cerca de las 19 horas, llegó al domicilio un comando armado, pues “…calculamos unas 9 a 12 personas más o menos en 5 vehículos”. Todo da a entender que fue una maniobra de operativo, según lo relatado por la fuente. Señala además que el comando (aparentemente de CJNG) actuó con el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal. Los vecinos también dieron datos: señalaron que los secuestradores iban en carros y detrás de una patrulla. También dijeron que había dos policías moto-patrulleros estacionados en las cercanías, quienes observaron al grupo de vehículos cuando entró a buscar a la víctima y cuando huyeron, pero no hicieron nada por impedir el secuestro.

Sobre Noel López Olguin no se había dado a conocer dato público al respecto. El tema no es abordado en informes, notas periodísticas o fuentes vivas hasta que la autoridad en algunas manifestaciones señaló que el periodista fue aprehendido por sujetos que venían en dos camionetas. Por la falta de elementos podemos decir que no fue desaparecido en un acto de agresión grupal.

Por último, se reportó que Anabel Flores Salazar fue apresada el 8 de febrero de 2016, hacia las 2 am, por un grupo de hombres uniformados “como militares”, quienes tenían armas largas, cascos, chalecos y pasamontañas. Irrumpieron en su hogar y se la llevaron a rastras. Los hombres al presentarse dijeron “tenemos una orden de aprehensión” y procedieron a llevársela.

En síntesis: en todos los casos en que se conoce -o se ha dado a conocer- cómo se produjo la desaparición, se advierte que la modalidad de ejecución es grupal o de comando armado. Incluso en uno (caso de Anabel), los agresores vestían uniforme.

Momento 2: Asesinatos

Son 17 las personas periodistas asesinadas en Veracruz entre 2010 y 2016. ¿Existe un patrón bajo estas muertes? ¿Hay similitudes?

Investigamos todos los casos. Recabamos y sistematizamos información sobre diversos aspectos de la agresión letal a través de fotos, documentos, copias de informes, necropsias o periciales, así como detalles brindados en libros y entrevistas. Con base en ello, estudiamos cada una de las modalidades de ejecución (muerte) y así llegamos a algunas conclusiones, entre ellas:

Para más detalles: Dos (2) víctimas fueron asfixiadas: una fue “ahogada con una jerga del baño”, golpeada, con mandíbula quebrada; la segunda, tuvo asfixia mecánica y otros signos de tortura.

Seis (6) periodistas recibieron impactos con armas de fuego. Uno fue asesinado de un disparo en la cabeza a las afueras de la oficina de tránsito; otro recibió varios disparos (entre 8 y 11 balas, no hay certeza de cuántos le dieron) que le provocaron la muerte pocos minutos después. Y en una escena de multihomicidio hubo 33 disparos sobre 3 cuerpos. Otros dos (2) periodistas recibieron disparos (4 y 1, respectivamente) y en sus cuerpos también había signos de torturas. 

Siete (7) de las 17 víctimas sufrieron decapitación y desmembramiento. Entre ellos, los cuerpos de dos fueron sometidos a otros tormentos: uno fue  decapitado, mutilado y descuartizado, el otro fue decapitado como forma de muerte. 

De otras dos víctimas solo se conoce que una recibió un golpe en la cabeza y la segunda fue encontrada atropellada, con múltiples lesiones y los ojos vendados.

Por otro lado, hay otra constante: de los 17 homicidios, solo en 4 casos la muerte fue producida prácticamente en un solo momento. Se trata de Manuel Torres González, interceptado y asesinado de un disparo en la cabeza. Pedro Tamayo baleado por la noche, mientras estaba con su esposa y sus dos hijos atendiendo un puesto familiar. Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, ejecutados en su domicilio, poco tiempo después de que ingresaran sus agresores, pero en un contexto de mucho dolor y violencia psicológica. El resto de las privaciones de la vida se dieron a consecuencia de diversas lesiones y agresiones físicas.  

Al analizar estos últimos casos y los detalles de las agresiones que las víctimas recibieron se halló otra constante: antes de la ejecución (asesinato) precede un tiempo en el que se practican actos de agresión física y psicológica; en todos los casos dados a conocer existen indicios de tortura.

Momento 3: Hallazgo de los cuerpos y restos de las víctimas

También las condiciones de hallazgo son múltiples, pero por debajo de todas ellas se vislumbran constantes.

Analizando la situación sabemos que los cuerpos de 10 personas fueron hallados en la vía pública: Yolanda Ordaz, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Anabel Flores Salazar, Manuel Torres González y Moisés Sánchez Cerezo.

Cuatro víctimas fueron presuntamente asesinadas y encontradas en su domicilio: Regina Martínez, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Pedro Tamayo (asesinado mientras atendía el puesto de comida que tenían en la puerta del domicilio familiar). Una de las víctimas (Rubén Espinosa) fue ejecutada y encontrada en el domicilio de otra persona, Nadia Vera, en la Ciudad de México.

Los cuerpos de otros dos periodistas fueron hallados en fosas en lugares que presuntamente eran casas de seguridad: Noel López Olguín y Gregorio Jiménez de la Cruz.

Dicho en otras palabras: de los 17 periodistas asesinados durante el periodo estudiado, sólo dos fueron enterrados o depositados en lugares no visibles. Los otros 15 fueron expuestos, mostrados o dejados en lugares con la clara intención de que sean hallados.

Según los datos recabados, los cadáveres de 6 víctimas fueron hallados en Veracruz-Boca del Río, mientras otros 2 en Xalapa y los demás en Poza Rica, Tierra Blanca, Benito Juárez, Chinameca, Las Choapas, entre otros lugares.

A su vez, de los diez cuerpos hallados en la vía pública, cuatro se encontraban desmembrados y colocados en bolsas negras de plástico: Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino. Los primeros tres fueron localizados en el canal de aguas negras La Zamorana, en Boca del Río. En el caso de Báez Chino, el cuerpo fue dejado a pocos metros del Palacio de Gobierno en Xalapa, lo que per se supone un mensaje. A su vez, junto a las bolsas colocaron un cartel que presuntamente firmaron Los Zetas, el cual decía: “esto le pasa a los quienes traicionan y se quieren pasar de listos”.

También a Yolanda Ordaz de la Cruz se la encontró en calle Habaneras, Boca del Río, donde se encuentran las oficinas de un importante medio (Imagen del Golfo). Decapitada, con huellas de tortura y un cartel que decía “Los amigos también pueden traicionar. Atentamente: Carranza).

Indicios de tortura

Al estudiar la desaparición, ejecución y hallazgo de los cuerpos de las víctimas fueron surgiendo elementos y evidencias de otro fenómeno poco nombrado: la tortura. Analizando documentos, testimonios y toda la información con la que se cuenta, podemos afirmar que no son uno, dos o tres los casos de periodistas torturados y asesinados: en todos los casos existen indicios o elementos para presuponer tortura.

Para investigar y acreditar si hubo tortura se utilizan diversos instrumentos internacionales y nacionales; cada uno de ellos da pautas en seguimiento de los estándares que marca el Protocolo y se deben respetar lo que se conoce como “mínimos trazados”, en especial al realizar el dictamen médico-psicológico. Esas y otras pruebas son necesarias para constatar y concluir si se cometió el delito de tortura.

Desgraciadamente, la mayoría de las víctimas no tiene asistencia o representación jurídica en los expedientes, por lo cual es limitada la información con la que cuentan familiares, viudas y colegas. Algunos pocos, así como colegas o ex funcionarios han compartido en informes, estudios, blogs o artículos de prensa ciertas partes o detalles de las investigaciones ministeriales. Con eso, analizamos cada caso con el objeto de determinar si había o no indicios para valorar si la persona fue sometida a tortura. Es decir, si había señales o signos sobre dolores o sufrimientos infringidos (heridas o contusiones en la piel, cara, tórax, abdomen, sistema músculo esquelético, formas de traumatismo contusos, golpes y marcas en los pies y manos, lesiones por posiciones prolongadas, tortura sexual, entre otros, y si los mismos podrían haberse ejecutado con las finalidades antes referidas.

En el análisis se descartan 4 de los 17 casos de homicidio en Veracruz 2010 a 2016, pues las víctimas fueron ejecutadas inmediatamente después de haber sido alcanzados o interceptados por su agresor o agresores. En virtud de ello, el universo a analizar se reduce a 13 casos.

En un caso no se pudo contar con los elementos necesarios para valorar la situación: Noel López Olguín estuvo 3 meses desaparecido; se sabe que murió por un golpe en la cabeza, pero nada más se ha comentado en medios y otras fuentes. Se desconoce –o no se ha dado a conocer públicamente- cuánto tiempo estuvo con sus captores, cuándo fue privado de la vida y si su cuerpo presentaba o no lesiones, cortes u otros signos.

En los 12 casos restantes, la autoridad, testigos, peritos y otros han brindado detalles sobre circunstancias, tipo de lesiones, causa de muerte y modalidad de hallazgo. 

A continuación se describen las torturas sufridas por cada una de las y los periodistas, pero se ha guardado la identidad de cada una, cada uno de ellos. 

En síntesis, en todos los casos que se tienen datos (o se han hecho públicos), se ha podido apreciar que las víctimas detentan signos de tortura.

Si estamos a las cifras generales de víctimas que no fueron ejectuadas inmediamente después de tener contacto con su/s agresor/res, podemos decir, que el 92% tiene indicios de tortura. Es decir, 17 son los periodistas asesinados; de éstos, 4 fueron ejecutados al tener contacto con el agresor. Eso dejó el universo de análisis de indicio de tortura sobre 13 periodistas. De estos 13, solo en un caso no se conocen o han dado a conocer los datos necesarios, mientras en los otros 12 se tienen elementos sobre indicio de tortura.

A su vez, a muchos de ellos se les quitó material de trabajo (cuadernos con notas, laptop, cámaras fotográficas, grabadoras y otros). El detalle no es menor. Esto es importante por diversos motivos, principalmente porque: a) comunica una intención de callar y borrar el trabajo que la persona periodista estaba haciendo; b) expresa la intención de obtener información de la víctima, ya sea a través de su persona -por intimidación y/o tortura- o de lo que alberguen sus instrumentos de trabajo.

En este proyecto se buscó documentar si durante los actos de violencia (privación de la libertad, tortura y/o ejecución) o con posterioridad, las víctimas fueron despojadas de sus herramientas de trabajo. Se logró conocer que: a Moisés Sánchez Cerezo los presuntos agresores le quitaron su cámara, teléfono celular, tablet y computadora.¹⁶ No hay que olvidar que esta víctima fue secuestrada por un comando de 9 personas y 5 vehículos (aparentemente CJNG) con el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal.

En el caso de Regina Martínez hay diversas versiones: según algunas fuentes le robaron su computadora y dos casetes con entrevistas, además de teléfonos celulares.

A Noel López Olguín le robaron la cámara fotográfica, pero ésta fue encontrada tres meses después en posesión del presunto agresor, al momento de su detención (situación que presenta la autoridad como fortuita).

De Víctor Manuel Báez Chino desaparecieron computadoras y libretas. Este caso es distinto. Fuente viva señala que el material fue llevado por unos colegas de Reporteros policíacos, quienes tenían llave del dicho hogar de la víctima; y podrían haber buscado custodiar el material por seguridad (propia, del medio, del proyecto, de las fuentes, de otros colegas o incluso de parientes de las víctimas).

En el caso de Miguel Ángel López Velasco, las autoridades dijeron que el motivo del crimen fue el robo, pero que solo se llevaron una computadora que nunca apareció. 

Por último, el teléfono de Rubén Espinosa también desapareció de la escena del crimen, y hay datos de geolocalización posterior a la hora de su muerte, que lo ubican lejos del lugar donde fue asesinado. 

La situación de inseguridad en la que trabajaban las personas periodistas era tan marcada que, en ocasiones, antes de salir a reportear o bien antes de acudir a una reunión o a una cita forzada con miembros del crimen organizado, los periodistas comentaban la situación con colegas o familiares –por si no regresaban- y/o dejaban en resguardo su material de trabajo. Esto se documentó en el caso de Miguel Morales Estrada: según se dice, el último día que se lo vio con vida salió a cubrir una nota pero primero pasó al periódico y dejó su cámara.

Presuntos responsables  

Teniendo en cuenta lo que oficialmente se ha hecho público, se pudo contabilizar que en 15 de los 20 casos la fiscalía ha individualizado, imputado o detenido a presuntos responsables.

Ante ello cabe preguntarse ¿cuántas de estas personas que han sido imputadas o detenidas pertenecen a grupos del crimen organizado? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cuántos son o fueron funcionarios o agentes de seguridad pública? ¿Cuántos autores trabajaban para intereses privados o incluso fueron sicarios a sueldo? Estas preguntas son clave para intentar comprender -en parte- el ejercicio de la violencia letal. 

Según lo registrado, por lo menos 29 personas han sido investigadas, imputadas y algunas detenidas en algún momento por la fiscalía referente a los casos de personas periodistas asesinadas y desaparecidas entre 2010 y 2016.

De ese universo de personas, conforme el análisis aquí practicado, surge que cerca del 25% pertenecían o habían pertenecido a una institución de seguridad pública o dependencia  municipal. 

Se pudo contabilizar también que de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía y en virtud del contenido de las confesiones, cerca del 75% de las personas señaladas por la fiscalía y/o detenidas eran presuntos miembros del crimen organizado. De estos, la mayoría pertenecía a Los Zetas, algunos a CJNG,  y del resto no se señala el cártel específico.

No obstante, con base en toda la información recopilada y cruzada encontramos que en los 20 casos existen más de 60 personas señaladas por la autoridad ejecutiva o ministerial como posibles responsables de las desapariciones y/u homicidios. No todos han sido investigados en los respectivos expedientes, sea porque no se los pudo identificar dado que habían sido señalados con apodos o señas físicas,  no fueron citados a declarar por la autoridad, o bien, fueron citados pero no investigados. Esto último se ve en el caso de Pedro Tamayo; en su momento once policías estatales fueron llamados a declarar por su presunta participación en la muerte del comunicador, pero luego no se hicieron imputaciones ministeriales contra esos u otros funcionarios.

Por otro lado, al analizar la situación de las primeras 21 personas que en su momento la fiscalía señaló como responsables y a consecuencia detuvo, se advirtió que más de la mitad, confesó “voluntaria y espontáneamente” como se suele decir en la jerga ministerial. De estos, por lo pronto 3 se retractaron de dicha confesión. A modo de ejemplo: Jorge Antonio Hernández Silva (caso Regina Martínez) dijo que su confesión fue tomada bajo tortura por parte de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación. Clemente Noé Rodríguez Martínez (caso Moisés Sánchez) y Daniel Pacheco Gutiérrez (caso Rubén Espinosa) también se retractaron de su confesión y argumentaron que fueron torturados. 

Hipótesis

Se analizaron las hipótesis que se han argüido para explicar cada desaparición y homicidio. Para ello, se procedió primero a recopilar todas las hipótesis expuestas en informes, textos de análisis periodísticos, comunicados y ruedas de prensa de las autoridades, notas, extractos de expedientes y, sobre todo, lo dicho por familiares y colegas de las víctimas (es decir, más de 350 fuentes documentales y más de 30 entrevistas a fuentes vivas). Con base en ello se generó una matriz especial para cruzar los datos y así, estudiar, en primer lugar, a quién se señala cómo responsable y, en segundo lugar, qué móviles podrían haber provocado la violencia letal. 

Al analizar el universo de fuentes vimos que cerca de 60 generan señalamientos más específicos. De éstas se contabilizó cuántas fuentes señalan presuntos autores y cuáles son estos: surgió que el actor más señalado fue el crimen organizado (23 fuentes); este dato precedió a la investigación, es decir, desde que se encaró el análisis de contexto se supo que la narrativa colectiva suele señalar que los cárteles someten a los periodistas a la ley “plata o plomo”.

El trabajo de recopilación y análisis nos permitió sustentar que en informes, textos de análisis periodísticos, comunicados y ruedas de prensa de las autoridades, notas y extractos de expedientes, los expertos, funcionarios, colegas y familiares de las víctimas también señalaron a otros actores como responsables de la violencia letal. Entonces, al crimen organizado siguen otros tres actores: funcionarios públicos o figuras políticas (8 fuentes), miembros de la seguridad pública como policías municipales (6 fuentes), y personas físicas o jurídicas del sector privado (6 fuentes). 

En otras palabras, el fenómeno de la violencia letal contra la prensa no se explica por el actuar de los cárteles, sus luchas y reacciones. Este es un factor determinante. Si se observan los números, la suma de los otros actores (todos presuntamente del ámbito de la legalidad) equivale casi al papel y porcentaje de representación que tienen los grupos ilegales. Además, conforme la investigación realizada, podemos afirmar que: 

• 18 de los 20 casos tienen de 3 a 7 hipótesis que intentan explicar el por qué de la violencia letal
• La violencia letal analizada se explica por el triángulo de acción propio de los fenómenos macro, donde interactúan actores públicos, privados y miembros del crimen organizado
• Casi todos los móviles señalan a temas, actividades o riesgos propios del ejercicio periodístico. Más detalles sobre esto puede verse en la sección “contexto”. 

II – Extracto sobre las conclusiones y hallazgos de la investigación macro-criminal

1. El 65% de los periodistas se presumen desaparecidos en vía pública. El 23% de las víctimas fueron buscadas y sustraídas por sus captores directamente de su domicilio. El 2% en la puerta del medio de comunicación.  
2. El 75% de los periodistas asesinados o desaparecidos, había tenido amenazas recientes.
3. En todos los casos dados a conocer, la desaparición se dio por modalidad de agresión grupal o de tipo comando, y en uno de ellos, los agresores eran sujetos uniformados.
4. El 88% de los cuerpos de las víctimas fueron expuestos en vía pública o bien dejados en lugares visibles. En otras palabras, de los 17 periodistas asesinados, sólo dos fueron enterrados o depositados en lugares no visibles (fosas comunes, en casas de seguridad).
5. La mayoría de las personas asesinadas (el 65%) fueron previamente desaparecidas y luego, horas o días después, asesinadas. Algunas víctimas fueron asesinadas prácticamente en el mismo momento en que tuvieron contacto sus agresores.        
6. En todos los casos dados a conocer existen indicios de tortura. 
7. Es significativo el material de trabajo que los agresores sustrajeron o no se encontraron en la escena del crimen: cámaras fotográficas, libretas, celulares, tablets, celulares, entre otros.
8. Si bien las modalidades de ejecución (privación de la vida) son diversas, dos son las más recurrentes: el 41% fue descuartizado y decapitado y el 35% ejecutado con arma de fuego. 
9. Existe una marcada puesta en escena de los cuerpos o de sus partes; detrás de ello, comúnmente hay un mensaje. Ello se percibe en el sentido mayoritario de permitir o buscar que los cuerpos sean encontrados; también en la forma de ejecución y de hallazgo de las personas asesinadas, y sobre todo, en aquellos que incluso fueron dejados junto con una cartulina o cartel determinado. 
10. Las cinco ciudades en las que se dio mayor concentración de violencia letal contra la prensa son Boca del Río, Xalapa, Poza Rica, Tierra Blanca y Veracruz. El siguiente gráfico muestra cuántas víctimas compartían misma ciudad o región de residencia, así como la frecuencia de lugares en los que los periodistas fueron desaparecidos, asesinados o bien, sus cuerpos fueron dejados.
11. En 15 de las 20 desapariciones/homicidios el sistema individualizó judicialmente a uno o más a autores de esa violencia letal. En otras palabras, en gran parte de los expedientes fueron investigados, detenidos y/o imputados autores. La gran mayoría de estos son presuntos ejecutores directos (sicarios o agresores materiales). 
12. En un tercio del total de los casos, los presuntos autores confesaron “voluntaria y espontáneamente” su participación. Si se analizan los primeros 21 detenidos o imputados, la mitad de estos confesó.
13. En 18 de los 20 casos de desaparición y homicidio existen entre 3 a 7 hipótesis sobre los móviles y responsables de dicha violencia. 
14. La hipótesis oficial suele tener el mismo matiz: los agresores fueron miembros de la delincuencia organizada.
15. Del universo de personas detenidas o señaladas como presuntos responsables por la Fiscalía, se conoce que cerca del 25% pertenecían o habían pertenecido a una institución de seguridad pública o presidente municipal. Analizando también el contenido de los comunicados de la fiscalía y las confesiones de los detenidos, se pudo contabilizar que cerca del 75% de las personas señaladas y/o detenidas eran presuntos miembros del crimen organizado -según la fiscalía o los propios confesos-. De estos, la mayoría pertenecía presuntamente a Los Zetas, otros al CJNG y en el resto no se detalla cartel específico.

Lee el reportaje completo:

Veracruz de los silencios

Visita: veracruzdelossilencios.org

*Reportaje elaborado a partir de la investigación con enfoque macrocriminal “Violencia letal hacia la prensa: Veracruz 2010-2016”, de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Realizada en México durante los años 2022 y 2023, y coordinado por María De Vecchi Gerli (Oficial de Verdad y Memoria).

Investigación sobre Violencia letal hacia la prensa: Veracruz 2010-2016. “Veracruz de los silencios” a cargo de:

• María Eloísa Quintero (enfoque teórico y macrocriminal; investigación y escritura)
• Paula Mónaco Felipe (coordinación de trabajo en campo, reporteo, investigación, escritura y edición)
• Miguel Tovar (dirección gráfica, trabajo en campo y video)
• Aníbal Argüello (análisis criminal)
• María Angelino (análisis)

Con el apoyo de:

• Ilse Huesca Vargas (fotografía y registro)
• Ricardo Balderas (investigación en registros públicos y vía transparencia, escritura)
• Paulina Gutiérrez Jiménez (solicitud de información vía transparencia)
• Alam Bernal y Jorge Sánchez (investigación hemerográfica)
• Lourdes Herrera (transcripción de entrevistas)

Web:

• Pablo Martínez-Zárate (dirección artística e ilustración)
• José-Luis Rangel Álvarez (diseño)
• Israel Bistrain (desarrollo web)
• Miguel Tovar (coordinador)

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Numeralia

Esta investigación fue realizada entre junio de 2022 y diciembre de 2023 por un equipo multidisciplinario.

Se analizaron más de 350 fuentes abiertas.

Se realizaron 33 entrevistas a periodistas, familiares de víctimas, ex funcionarios y personas expertas. Se realizaron cuatro viajes por el estado de Veracruz.

Se realizaron 288 solicitudes vía transparencia a instancias federales, estatales y locales. Se obtuvieron 86 documentos del Registro Público del Comercio y 20 de otros padrones y registros oficiales.