La economía del cuidado tiene relevancia por lo menos a nivel discursivo en las altas esferas de la política pública de la región. En México hay una propuesta en el Senado para crear una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Un tema que da para incluirlo en nuestra agenda feminista mínima

Twitter: @celiawarrior

Sin duda alguna, una redistribución de los cuidados y trabajos no remunerados deben estar en el espectro de prioridades de cualquier agenda feminista —la mexicana, ni se diga. Para las mujeres que luchan por sus derechos y en el análisis de una economía feminista, esta exigencia ha estado ahí durante décadas. La diferencia, ahora, parece ser que el tema se ha tornado uno de carácter social y económico prominente, que trasciende las discusiones feministas.

Hoy, después de más de dos años de pandemia, en espacios relevantes de reflexión científico social se habla de “nuevos contratos o nuevos pactos sociales” en los que el tema de los cuidados tiene centralidad. Desde las agencias internacionales se promueven discusiones que plantean la necesidad del tránsito “hacia una sociedad del cuidado”, la alerta es sobre todo a nivel regional en América Latina y Caribe.

La división sexual del trabajo, la injusta distribución de los cuidados —es decir, lo que las feministas vienen señalando hace ya un tiempito— son reconocidos, a ese nivel, en esos espacios de discusión, por primera vez en la historia, como los “nudos estructurales de la desigualdad”.

El trabajo no remunerado o no pago o invisibilizado, trabajo reproductivo, comunitario o doméstico, parece pasar de la infravaloración política y económica histórica a ser un aporte conceptual central para el sostenimiento económico, social e, incluso, ambiental. ¿Por qué? Por lo mismo que, de nuevo, las feministas ya venían señalando: sin el trabajo reproductivo —impuesto como designio histórico a las mujeres— la vida, entiéndase: la existencia humana y sus estructuras sociales, resultan insostenibles.

La economía del cuidado, este circuito de trabajos de las mujeres, remunerados y no, en el campo “mercado” y en el campo “hogar”, ya tiene relevancia por lo menos a nivel discursivo en las altas esferas de la política pública de la región.

Mientras tanto, en México… Este gobierno que le da por venderse de izquierda y le encanta hablar de justicia social, seguramente piensa que hablar de cuidados es someterse al discurso feminista. Y como son machos y también son muchos, poco puede pasar por encima de sus prioridades. No reconocen que para aspirar a una justicia social real, significativa, ningún gobierno puede eludir la necesidad de una redistribución de los cuidados, sostenida por una política pública efectiva, aplicable, y no solo discursos.

La eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo a inicios de 2022, para ejemplo, justificada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como una estrategia para “abatir las malas prácticas en el uso de programas sociales”, no solo es un golpe para niñas y niños que viven en pobreza en municipios de alta y muy alta marginación, sino un retroceso para los derechos de las mujeres, madres, que con la jornada amplia y la alimentación en las escuelas podían descargar mínimamente la carga de cuidados. Ahora ni eso.

Si agregamos la modificación al programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras en 2019, léase: la reducción de casi la mitad de su presupuesto y la entrega de apoyos directos; lejos de generar una política pública que ponga en el centro el tema de los cuidados, este gobierno se ha encargado de desmantelar lo poco que existía.  

Pero en el país están pasando algo importante alrededor del tema de cuidados a lo que feministas o no podríamos prestar mayor atención: quizá impulsada más por una agenda internacional, que por una intensión en el fondo feminista, y bajo la crítica de la sociedad civil que no fue consultada, está pendiente la propuesta en el Senado de creación de una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que a grandes rasgos plantearía las bases para la distribución de los cuidados entre Estado, empresas, sociedad civil, familias, hombres y mujeres.

En marzo, un equipo de reporteras entrevistó a la diputada Dulce María Sauri Riancho, una de las impulsoras. La reflexión de la legisladora en torno al tema destacó la revolución en materia de derechos que significaría crearlo. “Es el equivalente a lograr que las mujeres voten”, dijo. Resulta una reflexión interesante y un tema que da para incluirlo en nuestra agenda feminista mínima.

Celia Guerrero

Periodista