Texto: Lydiette Carrión. Foto: CEJIL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana dos sentencias contra el Estado mexicano. La primera, por la desaparición forzada consumada por militares en contra tres personas en 2009 en Chihuahua, y la segunda, por tortura sexual de policías contra 11 mujeres durante las protestas de Atenco en 2006. Las condenas llegan en medio de la controversia por la creación de una Guardia Nacional

Son dos sentencias que involucran en crímenes de Estado a los gobiernos de los expresidentes, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México. Para las víctimas, culmina una etapa de lucha por la verdad y comienza otra por la reparación del daño y la garantía de no repetición. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya aceptó las sentencias, las condenas llegan en un momento de controversia por la creación de una Guardia Nacional.   

El 20 de diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó al Estado mexicano su sentencia: responsable de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, ocurrida en Chihuahua en diciembre de 2009, el que se reprodujeron de forma masiva las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, durante la llamada guerra contra el narcotráfico. La Corte determinó que el Estado mexicano también es responsable de que los familiares de las tres víctimas debieron desplazarse de manera forzada para resguardar su integridad.

Al día siguiente, el viernes 21, la Corte informó sobre la sentencia adoptada el 28 de noviembre en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron tortura física, psicológica y sexual durante la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.

Las mujeres que sentaron al Estado mexicano y le ganaron son: Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.

«Esta sentencia debe ser un detonador de justicia y de garantía de no repetición», declararon las mujeres en un comunicado conjunto, en el que también señalan que as torturas fueron utilizadas como una «estrategia de control, dominio e imposición de poder».

La tercera sentencia a la que se refieren es la de la ejecución extrajudicial de Mirey Trueba Arciniega, ocurrida el 22 de agosto de 1998 en Chihuahua; en ese caso, el Estado mexicano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con las víctimas, por lo que la sentencia de la CoIDH establece las medidas de reparación acordadas.

Atenco: 11 mujeres contra un Estado que ordenó violarlas

Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México y luego presidente de la República, siempre desestimó las acusaciones por violación derivadas de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Llegó a decir que las mujeres habían inventado las violaciones. En 2008 aseguró sentirse orgulloso de la manera en que la policía había actuado y advirtió que “volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social”.

El 3 de mayo de 2006, un pequeño conflicto entre vendedores de flores y las fuerzas de seguridad pública en el municipio de Texcoco, cerca del municipio de San Salvador Atenco, en el estado de México, terminó en una de las represiones policiacas más violentas de varias décadas, perpetrada por policías municipales, estatales y federales, estos últimos bajo la responsabilidad del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del presidente Vicente Fox.

Los vendedores de flores e integrantes de un movimiento social local, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra narraron que el 2 de mayo acordaron con las autoridades municipales que éstas les permitirían instalar sus puestos de flores en el centro de Texcoco. Sin embargo, al día siguiente las autoridades locales, con el apoyo del gobierno estatal, ordenaron a la policía impedir su instalación.  El conflicto escaló a tal grado que para la noche alrededor de 2 mil 500 policías cercaron el pueblo de San Salvador Atenco y el 4 de mayo desplegaron un operativo de escala masiva en contra de los que se encontraban ahí.

El operativo fue de tal grado violento y desproporcionado que policías mataron de un balazo a un niño de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago. Por su parte, un proyectil de gas lesionó a Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM de 20 años, quien murió por las lesiones un mes después. Los policías detuvieron de forma arbitraria a al menos 200 personas, entre ellas 47 mujeres.

Esas mujeres narrarían después cómo les arrancaron la ropa, las amenazaron de muerte, insultaron, les hicieron tocamientos y lesiones, las violaron y abusaron mientras viajaban apiladas, algunas con los ojos vendados durante el traslado al penal, un traslado que se alargó por al menos 4 horas (cuando el trayecto era de dos horas).  Algunas fueron violadas por más de un policía, mientras otros las manoseaban y las insultaban; una narra que le dijeron que iban a encontrar y abusar a su familia.

Las mujeres llegaron al penal y les impidieron levantar una denuncia formal. Los médicos legistas se negaron a anotar todas las lesiones; menos a hacer una revisión ginecológica. Ello a pesar de que la mayoría sufrió infecciones vaginales debido a los abusos. Los médicos se burlaban, sólo recetaban analgésicos, y se negaban a levantar actas. Incluso se rieron cuando a una de las víctimas a la que le dieron suturas en la cabeza sin limpiar la herida y sin anestesia, se doblaba de dolor.

El gobernador Peña Nieto diría que ellas habían inventado todo, porque habían sido aleccionadas por “grupos radicales” para “fabricar” acusaciones.

Las mujeres fueron puestas en libertad entre mayo y agosto de aquel año.  Pero 11 de ellas decidieron enfrentar al Estado que las mandó violar y llevar su caso a los tribunales internacionales. A todas se les practicó el protocolo de Estambul, todas presentaban secuelas por tortura sexual.

Doce años después, ganaron. La CoIDH condenó al Estado a medidas de reparación, entre ellas están: iniciar nuevas investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables; indemnizar y brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; realizar un acto público en el que se reconozca la responsabilidad y pida disculpas por el caso Atenco; monitorear el uso de la fuerza de la policía federal y del Estado de México y elaborar un plan para dar seguimiento a los casos de tortura sexual.

Chihuahua: patrones de desaparición

Es martes 29 de diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, entre las 8 y 9 de la noche. José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31, conversan a bordo de una camioneta azul marino, doble cabina, estacionada afuera de la casa de la madre de la suegra de José Ángel, en el ejido de Benito Juárez.

Llegan una camioneta Chevrolet doble cabina, gris, y una hummer “caqui o cafecita”, y descienden entre ocho y diez personas con armas largas, cascos y gorras, uniformes militares, algunos de color arena, camuflado. No hablan como chihuahuenses. La mayoría se dirige hacia el lado del conductor, donde está Nitza Paola, mientras otros van hacia José Ángel, quien ya ha descendido del vehículo. Luego de un intercambio de palabras, los probables militares jalan a Nitza de los cabellos y cuando José Ángel intenta defenderla, lo golpean. Se llevan a los dos.

Esa misma noche, en el mismo municipio, elementos del Ejército sacan sin ninguna orden judicial a Rocío Irene Alvarado Reyes, una joven de 18 años, de casa de su madre, a la que encierran en el baño junto con dos menores de edad.

Desde entonces se desconoce el paradero de los tres.

A las tres de la mañana, del día 30, agentes estatales se llevan la camioneta de José Ángel al ministerio público. Después se negarían a entregarla a familiares; los ministeriales alegarían que “era del Ejército”.

El 30 de diciembre, los familiares acuden al municipio de Nuevo Casas Grandes, para denunciar los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, pero las autoridades se niegan y los mandan de regreso a Buenaventura, pero no hay nadie en las oficinas. Hasta el 31 de diciembre logran presentar la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad ante Arón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura, quien les dice que sus familiares están en el Batallón 35 de Infantería, porque se había realizado una redada en su comunidad y estaban siendo investigados. Los familiares acuden al cuartel del Ejército, pero el soldado a la entrada les dice, textualmente: “Váyanse a la chingada, aquí no es Cereso”.

El caso cumple con las consideraciones para ser tipificado como desaparición forzada: “La privación de la libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Sin embargo, el Estado sigue tratando el caso como un extravío de personas o desaparición, denunciarían después los representantes de las familias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 de febrero de 2010, Nitza Paola logra llamar a J., una amiga suya. Llora y le suplica que “la saque de ahí”, pero la llamada es interrumpida. Su amiga relataría que escuchó la voz de dos hombres, uno de los cuales decía: “¡Pinche vieja culera, ya habló, te dije que no la dejaras sola!”. El número telefónico queda registrado en el identificador de llamadas, y es denunciado. Pero si bien el Ministerio Público puede determinar el lugar de la llamada, jamás se indaga algo más. Años más tarde, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado alegó que la compañía telefónica clasificó el teléfono desde donde se realizó la llamada como de “prepago”, por lo que no existiría información sobre el titular de la línea.

El 17 de mayo de 2010, J., la amiga de Nitza, recibe otra llamada desde un número de teléfono diferente. Al otro lado de la línea sólo se escuchan quejidos. Posteriormente, de ese mismo número queda registrada una llamada perdida dirigida a los familiares de José Ángel.

A raíz de estos hechos, al menos 34 familiares sufren amenazas, intimidaciones y hostigamiento, la mayoría debe abandonar su hogar. Al menos 10 familiares logran obtener asilo permanente en Estados Unidos.

La sentencia establece que “la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como un patrón de impunidad en México”. También “constató que el incremento de la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón contante en México desde 2006”, y que el empleo de fuerzas castrenses “se convirtió en una práctica recurrente”, a partir de los denominados Operativos Conjuntos entre policías y militares.

Entre otras medidas, la CoIDH ordenó al Estado mexicano que: investigue el paradero de las víctimas; se brinden medidas de rehabilitación para los familiares; se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad; se adopten medidas para la creación de un registro de desaparecidos; se brinde protección a familiares y garantías de retorno y se otorguen las indemnizaciones correspondientes.

* * *

Estas sentencias son resultado de dos políticas de Estado específicas que causaron una grave descomposición en México: primero, las graves violaciones de derechos en Atenco durante mayo de 2006 fueron el punto más visible de una política de represión contra movimientos sociales durante las elecciones presidenciales del mismo año. Ya como Presidente de la República, tras una elección muy cuestionada, Felipe Calderón declaró una “Guerra contra el narcotráfico”. Tres años después, cuando ocurrió la desaparición forzada de los Alvarado en Chihuahua, las organizaciones de derechos humanos hicieron alertaron de las numerosas violaciones realizadas por parte de las fuerzas armadas.

Las sentencias de la CoIDH llegan en un momento en el que las organizaciones de derechos humanos están en alerta nuevamente, por la creación de una Guardia Nacional. “La emisión de estas sentencias resulta de especial relevancia en el contexto de las deliberaciones que actualmente se llevan a cabo para reformar la Constitución a efecto de replantear las funciones, integración y operación de la Guardia Nacional”, indicó este sábado en un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El mismo día, las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Procuraduría General de la República, emitieron un comunicado conjunto que asegura que el Estado Mexicano “acatará cabalmente las tres sentencias emitidas, de manera concertada con las víctimas y sus representantes”.

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