De acuerdo con datos ofíciales, en Oaxaca existen 7 millones 408 mil 148 hectáreas de tierras de propiedad social, de las cuales 5 millones 764 mil 310 hectáreas de tierras comunales y un millón 643 mil 838 ejidales. Esta cantidad está en riesgo tras esta reforma estatal aprobada recientemente

Texto y fotos: Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress

OAXACA.- Más de una centena de colectivas oaxaqueñas denunciaron que se confirma un despojo para Oaxaca con la aprobación de la nueva ley de ingreso para el ejercicio fiscal 2024, cuya iniciativa es del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.

Denunciaron que tras la aprobación de este decreto estatal favorece la propiedad privada, lo que permitirá que las tierras agrarias y de uso común puedan ser rentables o accesibles a las inmobiliarias.

Esta ley contempla y se transformará a través del programa denominado : “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.

De acuerdo con datos ofíciales, en Oaxaca existen 7 millones 408 mil 148 hectáreas de tierras de propiedad social, de las cuales 5 millones 764 mil 310 hectáreas de tierras comunales y un millón 643 mil 838 ejidales. Esta cantidad está en riesgo tras esta reforma estatal aprobada recientemente.

Además informaron que en su artículo 25 plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que, no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.

Entre las colectivas denunciantes están Tequio Jurídico, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, Código DH, Consorcio, entre otras organizaciones así como ejidos y comunidades agrarias de esta entidad sureña.

Advirtieron que esta nueva ley de ingreso vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII, asimismo contraviene los artículos 4, 5, 6, 13, 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Las colectivas consideran que esta reforma es un visión neoliberal similar a la que impuso el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca.

“La pretensión del gobierno de “la primavera oaxaqueña”, de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales “, dijeron.

Recordaron que de nada sirve que el mandatario alegue ser un gobierno de “izquierda y progresista” representada por un indígena zapoteca, con origen político en organizaciones sociales en el Estado de Oaxaca; cuando ética y moralmente “no debe operativizar la política neoliberal impuesta por los gobiernos conservadores del pasado”.

Apelamos al origen del gobernador del Estado de Oaxaca, y lo invitamos a rectificar su forma de gobernar a un Estado con población eminentemente indígena y en el marco de una política de gozona, ordene la derogación del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como de su programada que denomina: Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio. La razón es muy simple: las comunidades agrarias y los ejidos contamos con la certeza jurídica que nos otorga nuestras carpetas básicas, debidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional.

Por último, las organizaciones oaxaqueñas hicieron un llamado a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil, y al pueblo en general del estado y del país a movilizarse hasta lograr la cancelación o derogación de la política regulatoria que afecta las tierras agrarias de la zona.

Este trabajo se publicó originalmente en ISTMOPRESS que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original