27 enero, 2021
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda, dice que no pagarán la luz porque sería financiar el movimiento; presume que les ha permitido “la libertad de expresión en el vestíbulo (…), inclusive me he excedido con estas libertades”
Texto: Mely Arellano | LADO B
Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro
PUEBLA.- Este miércoles 27 de enero se cumplieron 60 días de la toma pacífica del Congreso de Quintana Roo, sin que se hayan atendido los diez puntos del pliego petitorio firmado por 27 colectivas feministas quintanarroenses.
El documento fue entregado directamente al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Gustavo Miranda García, del Partido Verde (PVEM), desde el 17 de noviembre, luego de la represión policial contra las mujeres que se manifestaron ocho días antes en Cancún, por el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años.
De los 60 días que lleva la toma pacífica, 37 han sido sin agua y sin luz, pese a que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado le solicitó al Congreso, desde el inicio de la toma, aplicar medidas cautelares y precautorias para garantizar la integridad y respetar los derechos humanos de las manifestantes, lo que le valió al ombudsman Marco Antonio Toh las críticas de diputados y diputadas locales durante una comparecencia, el 9 de diciembre.
Al respecto, Miranda García ha dicho, en un video publicado el 15 de enero en su página de Facebook: “no es nuestra obligación financiar o pagar la luz, y estar nosotros subsidiando los costos, porque es dinero de los contribuyentes, para ninguna manifestación”.
Y que: “Las medidas precautorias y cautelares (emitidas por la CDH) nos solicitan garantizar la integridad física y permitirles la libertad de expresión en el vestíbulo, cosa que hemos hecho en todo momento, inclusive me he excedido con estas libertades”.
En su mensaje dice estar abierto al diálogo, aunque la única vez que ha tenido contacto con las feministas fue el 30 de noviembre, cuando acudió a la sede del Legislativo a cerciorarse de que los murales del Congreso, pintados por el artista chetumaleño Elio Carmichael, estuvieran en buen estado. Además, presume que “no hemos hecho uso de la fuerza pública, ni lo vamos a hacer, aunque han habido peticiones de otros actores en el estado”.
El punto más controversial del pliego petitorio es la despenalización del aborto, una exigencia que las feministas quintanarroenses han mantenido desde hace años y sobre la que han trabajo mediante foros, campañas e iniciativas de ley.
En ese estado ha habido cuatro iniciativas en menos de tres años sobre derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres, pero sólo una está vigente —pues una ley aprobada en septiembre del 2020 limita la vigencia de las iniciativas a 150 días—, la del diputado Guillermo López Guillén.
La condición de las feministas para liberar la toma del Congreso, lo han dicho más de una vez, es que esa iniciativa sea dictaminada y turnada al pleno, sin importar el sentido del dictamen, ni del voto de cada diputada y diputado ya en el pleno.
“Si es negativo ya tendríamos un camino de acción legal; si dicen que sí, ya sólo tendríamos que esperar que pasara al pleno, pero no han querido dictaminar porque están esperando que caduque la iniciativa —denuncia Sandra, integrante de la colectiva Marea Verde Quintana Roo—; lo que pedimos es que haya una intención de querer legislar”.
Por su parte el presidente del Congreso, Gustavo Miranda García dio a conocer el pasado 18 de enero que los días 15 y 17 de febrero y 6 de abril se realizarán las sesiones de comisiones “para el análisis y estudio”; el 24 de febrero y el 10 de marzo habrá sendos foros de análisis —aunque no especifica quiénes participarán—, el 24 de marzo se hará un “foro con autoridades”, el 20 de abril sesionarán las comisiones para “análisis, estudio y dictaminación” y el 28 de abril se realizará la sesión del pleno para conocer y votar el dictamen.
Una de las propuestas que han planteado diputados a medios locales es que revisarán las últimas tres iniciativas que se presentaron, aun cuando sólo la última está vigente según la normativa interna, pero hasta el momento no hay más detalles del procedimiento legislativo.
Este miércoles, al cumplirse los 60 días de la toma, los colectivos feministas denunciaron en rueda de prensa que “a pesar del cronograma publicado por el Congreso sobre la despenalización del aborto, respecto a las otras nueve iniciativas contenidas en el pliego petitorio no hay avance alguno”.
Acusaron al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda, de “enunciar mensajes incitando al odio y a la criminalización de las defensoras de derechos humanos”, y al Congreso de Quintana Roo y la XVI Legislatura de no haber “abierto canales para un diálogo franco y resolutivo”.
Esta reportera buscó al diputado Miranda García para solicitar su versión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El pliego petitorio completo tiene 54 puntos, de los cuales sólo diez corresponden al Legislativo; el resto van dirigidos a los otros dos poderes y a la Fiscalía del estado, con quienes sí ha habido acercamientos y reuniones de trabajo.
Todas las exigencias están relacionadas con temas de seguridad y derechos de las mujeres en el estado que es primer lugar nacional en trata de personas con fines de explotación sexual, primer lugar en número de delitos de violación sexual por cada 100 mil habitantes, y primer lugar en llamadas de emergencia por violencia de pareja por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
Trabajo en el portal de noticias Lado B, en Puebla. Estudié Lingüística y Literatura Hispánica. Me gusta contar historias. Creo en el periodismo como un instrumento de la sociedad para la democracia.
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