Este 10 de mayo, miles de madres y familiares de personas desaparecidas volvieron a marchar por las calles de la capital del país. Denunciaron las omisiones que autoridades federales y estatales han tenido en su búsqueda. Y aunque reconocen un esfuerzo conjunto del gobierno, lamentan que sea insuficiente para frenar las desapariciones y encontrar a sus hijos
Texto: Alejandro Ruiz
Fotos: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO.- Jovanna Debanhí Aguilar Pérez desapareció hace 10 meses en Torreón, Coahuila; el 25 de junio del 2021. Desde entonces, su madre, María Guadalupe Pérez Ayala, no ha dejado de buscarla.
Hace un año, Lupita (como ella misma se presenta) festejaba junto a su familia el Día de las madres. Ahí estuvieron Jovanna y sus otros dos hijos.
“Ahora, en vez de estar celebrando con todos mis hijos ahora estoy partida en dos”, dice ella; mientras en sus manos sostiene la foto de su hija junto a sus datos de búsqueda.
Este es el primer Día de las madres en el que Lupita sale a buscar a su hija. Ella espera que sea el último: así como miles de personas más, quienes se dieron cita en la capital del país para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Todas ellas les buscan. Todas ellas piden justicia.
“Mis otros dos hijos entienden que yo debo salir a buscarla; ellos también están sufriendo, y aquí estoy alzando la voz por mi hija”, agrega.
Actualmente en el país existen casi 100 mil personas reportadas como desaparecidas. Es decir, 100 mil familias que, como la de Lupita, no han cesado en buscar a sus seres queridos. Asimismo se reportan más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Los restaurantes de Paseo de la Reforma comienzan a llenarse de familias festejando a sus madres. Llegan en coches, caminando. Es un día agradable, con sol y pájaros cantando desde los árboles. Están felices.
De pronto, el tráfico comienza a detenerse. Los cánticos de los pájaros se silencian. Una lona, cargada entre varias mujeres, lo dice muy claro:
“Gran fracaso del Estado Mexicano es no encontrar a nuestros/as desaparecidos”.
Son las madres buscadoras quienes sostienen la lona, mientras gritan, enfurecidas y con dolor “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Es la undécima Marcha por la dignidad nacional, en donde se dan cita madres y familiares de personas desaparecidas de todo el país, y Centroamérica, en un anti festejo del 10 de mayo, el Día de las madres.
El tiempo sigue transcurriendo. El sol sigue sin dar tregua; mientras decenas de contingentes avanzan con pancartas desde el Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia.
Las calles, que por décadas han visto transitar manifestaciones, desfiles y automóviles hoy se inundan con fichas de búsqueda y rostros de personas desaparecidas. Los gritos no cesan.
Como si un nudo impidiera salir de forma clara a las voces, gritan los nombres de sus familiares; al mismo tiempo que piden justicia y verdad.
“México es una gran fosa”, dice una madre que viajó desde Nuevo León para venir a la marcha. Mientras, la movilización se detiene unos minutos a la altura de la glorieta de las personas desaparecidas. Ahí se ven imágenes de algunos rostros y fichas de búsqueda; también hay mensajes que colocaron familiares; similares a los que días atrás el gobierno de la Ciudad de México quitó.
Para colectivos de búsqueda de Ciudad de México esto no es de sorprenderse, pues acusan que el gobierno de Claudia Sheinbaum “se ha empeñado en ocultar que en la ciudad también hay desapariciones”.
Los contingentes vuelven a avanzar. Se reorganizan. Siguen su camino al Ángel de la Independencia, donde carpas y bocinas se han instalado para un mitin. El tráfico comienza a desviarse; entre los transeúntes solo hay silencio. Los rostros de quienes han desaparecido, sus nombres en la boca de sus madres dejan sin palabras a cualquiera.
“México es una gran fosa”, se vuelve a escuchar entre las consignas. La marcha por la dignidad nacional llega al Ángel. El dolor, la indignación y el coraje vuelven a ser enunciados desde el micrófono. Ellas exigen respuestas, justicia y verdad.
Unas horas antes, afuera de Palacio Nacional, mientras el presidente López Obrador daba su conferencia matutina y presentaba un grupo para “festejar” a las mamás; las otras madres, las que se ven arrojadas a buscar a sus hijas e hijos, querían entregarle una carta al mandatario. El presidente, acusaron las madres buscadoras, no salió.
“Le pedimos cinco minutos y no nos los dio (…) después, salieron a final de cuentas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada de Búsqueda, Karla Quintana ”, acusaron al micrófono las oradoras durante el mitin en el Ángel de la Independencia.
En la carta, más de 80 colectivos de búsqueda en 24 estados de la república, así como organizaciones de tres países de Centroamérica, denunciaron que no existe coordinación entre las instituciones responsables de atender la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Asimismo, demandaron una reunión “en este día que hemos resignificado ser madres”, para atender y construir una política conjunta en materia de desapariciones; particularmente, para avanzar
en el funcionamiento efectivo de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas.
“Reconocemos los esfuerzos que este gobierno ha impulsado, en conjunto con las familias, para atender la crisis de desaparición de personas y de identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, estos no han sido suficientes para erradicar las desapariciones, y sobre todo, para encontrar a nuestros familiares”, se lee en la carta.
Dentro de Palacio Nacional se entonaron las mañanitas. Afuera, decenas de madres siguen sin encontrar a sus hijas e hijos.
“Hoy no hay nada que celebrar”, dijo una madre buscadora al micrófono. El silencio llegó al lugar; sin embargo, pasaron pocos segundos para que aquella mujer repusiera fuerzas y, sin titubear, denunciara que “no solo son 43, son casi 100 mil personas las que han desaparecido en este país”
Al unísono, las y los asistentes corearon la consigna que desde el 26 de septiembre de 2014 ha llenado cientos de avenidas en todo el país:
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Marcela Melchor Ramos está sentada a un costado del Ángel. Ella es originaria de Playa Grande Ixcán, en Quiché, Guatemala. Busca a su hermana Isabel Melchor Ramos, quien el 10 de mayo de 2007 desapareció en México, cuando vino a trabajar.
“Ella se comunicaba con mi mamá, pero llegó un 10 de mayo. Ella llamó a mi mamá para saludarla, porque era Día de la madre, y mi mamá le preguntó por dónde estaba, y ella le dijo que estaba por Chiapas. Nunca supimos que esa era la última vez que ella le hablaba a mi mamá”, cuenta Marcela.
Ella y su madre comenzaron a buscar a Isabel. Llevan 15 años haciéndolo. Por su edad, la madre de ambas ya no puede seguir en las largas filas, enfrentando burocracias, dolores; con el corazón pendiendo de un hilo, esperando noticias de su hija. Ahora Marcela es quien asume la búsqueda de su hermana.
Por eso, y dado que el último indicio de su hermana es en Chiapas, Marcela es parte de la Caravana de madres centroamericanas; una organización que, año con año, viene a México a buscar a sus seres queridos. Recorren, principalmente, las ciudades con mayor afluencia de migrantes. También visitan las casas y refugios que se reparten en la ruta migratoria.
Pese a esto, Marcela, así como integrantes de la caravana de madres centroamericanas, han denunciado que el Instituto Nacional Migración (INM) muchas veces impide que realicen sus labores de manera eficiente.
“Tenemos que sacar visa para poder venir a buscarlos; no nos dejan transitar para encontrarlos”, dice.
Asimismo, denuncia Marcela, no hay coordinación entre las autoridades mexicanas y las de su país. Un reflejo de esto, relata, es que las bases datos genéticos no son compartidas; como ejemplo, expone su propio caso.
“La verdad llevamos tiempos para acá en busca de noticia de cómo se llama; hay que poner la denuncia aquí, allá; ADN aquí, ADN allá. Ayer di otra muestra de ADN aquí (en México), pero las autoridades no se coordinan. La verdad yo tengo necesidad de saber dónde está ella”.
Inclusive, en una ocasión, relata, las autoridades guatemaltecas le dijeron que “en quince años te decimos dónde está tu hermana”. Su rostro se ve indignado. Sus ojos, aunque tranquilos, también.
La Caravana de madres centroamericanas integró un contingente de la marcha por la dignidad nacional. Están en trabajos de campo en el territorio nacional. Muchas de ellas, como las madres de México, tienen colgando en sus pechos y espaldas las fotos de sus familiares. Esperan encontrarles.
“Queremos justicia, la verdad”, relata Marcela, mientras el mitin continúa con testimonios de todo el país de las naciones centroamericanas.
Algunas madres no terminan las frases que dicen al micrófono. Otras rompen en llanto. Lo que se expresa es el dolor, la angustia y el enojo. El día de las madres, como lo declaran las oradoras, se ha resignificado. No se puede festejar mientras las familias no estén completas.
¿Por qué desaparecen las personas? ¿Quiénes son los responsables?
Al micrófono, y sin titubear, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, responde claro:
“Es el Estado mexicano”
Carlos Aurelio Ramírez Moreno es un sacerdote originario de Michoacán. Desde hace años él acompaña colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. En 2019, un grupo de marinos, ligados al crimen organizado, secuestró a su sobrina. Meses después la encontró muerta.
“Pase de ser acompañante a víctima”, dice, mientras sostiene una foto de su hija durante el mitin en el Ángel.
Él no duda en afirmar que la desaparición forzada está encubierta por el gobierno mexicano.
“En mi caso no se han investigado a los marinos (…) Inclusive una vez, reunido con el presidente, él dijo que ‘con el Ejército no’; no es crimen organizado, es crimen autorizado (…), en México hay escuela de eso desde los sesenta”, narra.
Como el padre Aurelio, Raúl Vera afirma lo mismo, frente al micrófono, con carteles de personas desaparecidas detrás de él.
“La desaparición forzada es una estrategia de control que los gobiernos han usado para desmantelar los derechos sociales”, afirma.
Su opinión no es espontánea, deviene de un proceso de investigación en el que fue garante: El Tribunal Permanente de los Pueblos.
En los años en que se instaló el tribunal en México (2011 a 2014), el obispo escuchó y leyó cientos de acusaciones que colectivos y familiares hicieron sobre la desaparición forzada en México. Asimismo, analizó, junto a académicos y dirigentes sociales, las implicaciones que tuvo el Tratado de Libre Comercio en estos procesos.
Él, como cientos de personas más, es consciente que no se puede separar la criminalidad de las decisiones económicas y gubernamentales. Son parte de un todo, de una trama compleja.
Repite: “Es una estrategia de control que sigue vigente hasta nuestros días”.
Y agrega que, el hecho de que el presidente López Obrador se haya negado a recibir personalmente a las madres buscadoras, “es parte de esto. Se está combatiendo la corrupción, la terrible corrupción, pues que se combata la corrupción que ha dejado en impunidad estos crímenes”.
Mientras el obispo declara, las madres asienten. El padre Aurelio, por su parte, camina entre los carteles de personas desaparecidas saludando y abrazando a mujeres que, con lágrimas en los ojos, siguen luchando por la justicia, la memoria y la verdad.
Pero sobre todo, para que sus seres queridos regresen a casa.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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