Este lunes 24 se cumplieron dos años de la desaparición del defensor del territorio y opositor a la represa hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, en la Sierra Negra de Puebla. La audiencia definitiva del juicio contra tres detenidos será la próxima semana. Pobladores alertan que el megaproyecto sigue vigente

Texto: Marcos Nucamend / Lado B

Fotos: Radio Zapote

PUEBLA, PUEBLA.- Hablar de un megaproyecto como el de la represa hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, en la Sierra Negra de Puebla, es hablar de la vida de quienes defienden el agua y el territorio. Es hablar de personas como Sergio Rivera Hernández, desaparecido el 23 de agosto de 2018, presumiblemente por su oposición a un proyecto que afectaría, sobre todo, a los ríos Huitzalan, Atzalan y Coyolapa.

A la fecha, tres personas permanecen detenidas por la desaparición del defensor, a la espera de la audiencia definitiva del próximo 3 de septiembre, cuando el juez Mario Cortéz Aldama, quien ha sido acusado de discriminar y desacreditar a los testigos de la desaparición –valiéndose incluso de comentarios racistas–, emitirá su sentencia.  

Sin embargo, las organizaciones indígenas y campesinas que acompañan el caso insisten, en que tanto el proceso judicial como las labores de búsqueda se han visto ensombrecidas por omisiones, irregularidades, imparcialidad, actos discriminatorios, hostigamiento a testigos y falta de coordinación institucional.

La desaparición de Sergio Rivera, explica Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), tenía la intención de desactivar la resistencia que se había gestado desde 2016 en la región, cuando los habitantes de los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec se percataron de la existencia del proyecto hidroeléctrico que impulsa la Minera Autlán, propiedad de José Antonio Rivero Larrea.

Lo único que consiguieron los responsables materiales e intelectuales, comentó, fue acentuar la desconfianza en las instituciones y fortalecer al movimiento contra la hidroeléctrica: “La lucha contra este proyecto ha cambiado la concepción de la gente [afín al movimiento], que antes tenía que quedarse callada y no podía salir a gritar lo que le dolía o le incomodaba”.

Lo que les duele, dice Omar, es la desaparición de una persona que estaba comprometida con la defensa del territorio y con su familia; de un actor social que sintetizaba perfectamente el sentir de las comunidades afectadas.

Liberación de imputados, riesgo para las comunidades

Este lunes 24 de agosto, en conmemoración del segundo aniversario de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, unas 50 personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tehuacán.

En entrevista, Martín Barrios Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, advirtió sobre lo que puede suceder si el juez Mario Cortéz Aldama, de la Región Judicial Sur-Oriente de Tehuacán, no emite una sentencia condenatoria.

“Si estas personas salen libres, va a quedar impune un delito grave como la desaparición de Sergio y ellos van a regresar como heroicos villanos a su comunidad. La minera va a salir fortalecida para imponer un proyecto hidroeléctrico”.

A pesar de que los imputados están detenidos, explicó para LADO B Aram Montalvo Lleztle, uno de los integrantes de la resistencia a la hidroeléctrica, las amenazas hacia las organizaciones opositoras y hacia los testigos del caso, no han cesado. Tan sólo la semana pasada, un grupo de trabajadores de la construcción, que también son integrantes de la resistencia, fueron agredidos por hombres armados en el municipio de Zoquitlán.

Hace un mes, sin mayor explicación, agregó, les fueron levantadas las medidas cautelares que les había otorgado la Subsecretaría de Derechos Humanos a las testigos de la desaparición; familiares de los imputados, dice Aram, fueron a la comunidad de Tepexilotla, junta auxiliar de Zoquitlán, para amenazarlas en fechas recientes. 

Además, se les cortó el servicio de agua potable desde finales de abril, con la supuesta anuencia del presidente municipal, Claudio Hernández Cabanzo, quien ha sido acusado por no transparentar la ejecución de obra pública en el municipio. 

Cabanzo, que en un principio se había mostrado del lado de los defensores del territorio –firmando incluso un compromiso de campaña para impedir el cambio de uso de suelo en favor de la minera–, cuenta Aram, se ha distanciado del movimiento a tal punto que, sus asesores y las constructoras que le trabajan son los mismos que asesoraban y las mismas que le trabajaban al presidente municipal anterior, Fermín González León, cercano a la minera y a decir de las organizaciones opositoras, del grupo que desapareció a Sergio Rivera. 

La búsqueda en vida, un asunto pendiente

Omar Esparza, de MAIZ, ha hecho hincapié en que el proceso que se sigue en contra de los tres imputados por la vía judicial, debe diferenciarse de la labor que tendría que estar haciendo el gobierno del estado para encontrar con vida a Sergio Rivera Hernández. 

El también consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda recordó que ésta tiene un presupuesto asignado de 18 millones de pesos y desde su instalación, en enero de este año, no se ha tomado con seriedad el caso del defensor del territorio desaparecido, cuestión que se pondrá sobre la mesa durante la próxima reunión de la comisión, el 26 de agosto. 

En entrevista, dijo que será en este contexto donde también se aborde, una vez más, el tema de las agresiones constantes en contra de las organizaciones opositoras al proyecto, y ahora el de las medidas de protección que les fueron levantadas a los testigos del caso de desaparición, sin previo aviso.

“Se lo hemos planteado en reiteradas ocasiones al gobierno del estado, pero parece que está rebasado para resolver este tipo de situaciones; pareciera que tiene que haber presión internacional o muertos para que realmente actúe”.

Un documental contra la narrativa hegemónica

Una de las estrategias a las que ha recurrido la Minera Autlán, sostienen las organizaciones que acompañan el caso, ha sido la apuesta por la división de las comunidades, ofreciendo dinero y futuros empleos a cambio de apoyo; esto sumado a la campaña de desprestigio permanente hacia los defensores del territorio.

En un intento por contrarrestar esta narrativa, y con el objetivo de visibilizar el caso de Sergio a nivel nacional e internacional, Radio Tlacuache (de Zoquitlán) y Radio Zapote (Ciudad de México) produjeron conjuntamente el documental Los que en la Sierra están resistiendo, que se estrenó el 21 de agosto a través de redes sociales.

Omar Aziz, de Radio Zapote, conversó con LADO B sobre el documental y rol de las radios comunitarias y de los medios libres e independientes, específicamente en el acompañamiento de procesos de defensa del territorio:

“Estas mafias y cacicazgos tienen un gran temor a la posibilidad de que la información de la propia comunidad se vuelva masiva, por la gran potencia que tiene la radio en sectores rurales […] Hay una gran oportunidad de romper con la mayor herramienta que tienen, que es la mentira y la manipulación”.

De ahí que se decidiera, de forma conjunta con Radio Tlacuache, recuperar la historia de lucha en contra de la minera y el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla.

“Era un ejemplo que nosotros queríamos recabar de manera detallada para que en otros procesos de lucha en distintos países que también tienen este tipo violaciones, tomen de ahí el ejemplo”.

El proyecto sigue vigente

En comunicado conjunto con motivo del segundo aniversario de la desaparición de Sergio, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, MAIZ, Radio Tlacuache y otras organizaciones y radios comunitarias, se pronunciaron por la presentación con vida de su compañero, y por la cancelación definitiva de la concesión otorgada a Minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico, toda vez que estos representan un riesgo para las comunidades indígenas de la región –que serían desplazadas–, sus sistemas agroalimentarios, los afluentes y la vida que gracias a estos se preserva. 

Durante la manifestación de este lunes, Martín Barrios aseguró que el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan sigue vigente, pues la minera ha estado en contacto con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, cuando pase la etapa más crítica de la pandemia, se plantee nuevamente la posibilidad de realizar una consulta. 

“No importa lo que diga el presidente municipal y no importa los programas que bajen y las migajas que nos están ofreciendo porque los ríos no tienen precio, los bosques no tienen precio […] la vida no tiene precio, y el derecho [a la vida] ni siquiera tiene porqué ser consultado”, dijo al respecto Aram, uno de los integrantes de la resistencia al proyecto hidroeléctrico.  

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original