Abogados agrarios señalaron vacíos legales en la consulta ciudadana realizada por el gobierno federal para decidir la operación del Proyecto Integral Morelos, que afecta a los pobladores opositores al megaproyecto. El presidente defendió la consulta como un método democrático

Textos y fotos: Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera

El ejercicio de consulta realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene vacíos legales que coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos afectados, como el de decidir qué hacer con su territorio, por lo que rechazan el ejercicio gubernamental realizado este fin de semana en Morelos, Puebla y Tlaxcala para definir la operación de la termoeléctrica Huexca y del Proyecto Integral Morelos, señalaron abogados de los pueblos afectados.

Este martes, López Obrador evadió responder a Pie de Página en su conferencia matutina cómo su gobierno haría valer el derecho de la autodeterminación, y argumentó que nunca había habido consultas en México como las que su gobierno está realizando: “si existe una inconformidad, existe un conflicto, vamos a preguntarle a la gente y que la gente decida. Eso nunca se había hecho en el país, nunca. Y por eso también, mi reproche fraterno a las organizaciones que se presentan como de izquierda o radicales”.

El presidente señaló que todas las personas son afectadas por la operación de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM), porque el costo del megaproyecto es cubierto con dinero público, por ello también valían los votos emitidos en ciudades como Cuernavaca y no sólo en las comunidades afectadas directamente.

López Obrador aludió a los contratos con vigencia de hasta 25 años, que el gobierno mexicano firmó en años anteriores con empresas extranjeras, que obligan a pagar por indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran el PIM.

«Todo somos afectados en un sentido u otro», y reiteró «Yo entiendo que existe inconformidad de parte de los afectados directos, pero también hay una afectación a la hacienda pública, el presupuesto es dinero de todos. Son 25 mil millones de pesos».

Hasta el momento son siete comunidades directamente afectadas que han realizado el ejercicio de autodeterminación, alterno a la consulta gubernamental: Huexca y Hueyapan firmaron un acta de asamblea en rechazo a la termoeléctrica; Tetela del Volcán, Amilcingo, Zacatepec llevan a cabo en estos días un ejercicio de autoconsulta; San Vicente Xiloxochitla y San Lucas Atzala votaron en la consulta gubernamental y reiteraron ese mismo domingo que con los resultados de la consulta ratifican el “no” que ya habían manifestado en las asambleas previas hechas por usos y costumbres. La asamblea es el máximo órgano rector de las comunidades indígenas.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, aseguró este martes que “no se puede obviar la consulta indígena”, ignorada por el gobierno federal, por lo que desde su punto de vista debe realizarse la consulta indígena apropiada en Huexca, de acuerdo con la entrevista que ofreció con Carmen Aristegui.

Sin marco jurídico

El abogado agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena, Carlos González, no llama al ejercicio del gobierno federal consulta sino “encuesta”. Explica que no tiene base legal ni un marco jurídico para el acto que realizó la Secretaría de Gobernación, en un clima de polarización y violencia, que los pobladores le adjudican al presidente.

“No se conocieron las bases, no se foliaron tan siquiera las papeletas que se usaron para recabar la opinión de los ciudadanos, la organizó el gobierno, el mismo interesado en que la termoeléctrica opere, fue juez y parte.

González explica que la Constitución señala con precisión cómo y para qué temas se hace una consulta pública de acuerdo con los artículos 26 y 35 constitucionales.

El abogado contrasta lo que llama “encuesta” con el derecho a la consulta de los pueblos originarios que garantiza la Constitución mexicana y el Convenio 169 de derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de la toma de posesión de Andrés Manuel como presidente, el jueves 20 de diciembre del 2018 el Congreso publicó en la gaceta oficial la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Pese a esta ratificación, decidió realizar la consulta aunque no sea vinculante.

El padrón electoral en Morelos es mayor al millón de habitantes. Participaron 53 mil 532 personas.

“No hay elemento para transparentar el proceso”, explica.

El defensor del territorio e integrante del Frente de Puebla, Morelos y Tlaxcala, Juan Carlos Flores explica que hay un amparo que interpusieron en Atlixco (402-2015), ante el juzgado primero de lo penal, es un amparo ganado desde 2017, que dice que se viola el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de cuatro comunidades de Atlixco, San Isidro Huilotepec, Santa María Cosamaloapan y San Felipe Xonacayucan, por lo tanto se les tiene que consultar para ver si la comunidad da el consentimiento para el gasoducto o no.

Después de la conferencia de la Asamblea de Permanente de los Pueblos de Morelos y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla Morelos y Tlaxcala, realizada en Cuernavaca, Jaime Domínguez, del pueblo morelense de Jantetelco aseguró: “Son las elecciones más fraudulentas”.

“Perdieron, pero oficialmente ganaron».

Mostró una de las boletas abandonadas en Jantetelco: “Si se dan cuenta, atrás tienen puras bondades de la termoeléctrica. Ninguna cosa en contra”.

Los resultados del ejercicio no han sido desglosados por parte de la Segob. Los integrantes de la APPM y del Frente de Pueblos acusan que hubo escaso tiempo para informar sobre los efectos, la falta participación de expertos vulcanólogos y sismólogos para los estudios ambientales y que estos se harían posteriores a la consulta, de acuerdo con lo que dijo el presidente en su conferencia.

La consulta por derecho

El tratado 169 de la OIT, al que México se adhirió a nivel constitucional, señala que las comunidades deben ser consultadas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, establecer los medios para que participen libremente, de manera informada, por lo que se deben establecer las herramientas para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y proporcionar los recursos necesarios, para que la consulta sea “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas”.

Hay varios factores que hicieron falta en la consulta del gobierno lopezobradorista.

“No se cumplió que fuese informada cuando se empezó a instalar el gasoducto, y ahora se vuelve a violar ese apartado al hacer la consulta sin tomar en cuenta antes a las comunidades, esto ejerce presión social sobre de ellas, que ya no le da un ambiente de libertad”, asegura Juan Carlos Flores.

“Que sea libre implica que la comunidad esté en un ambiente de tranquilidad, sin hostilidad, sin división social o sea la menor posible”, cuestión que tampoco se cumplió. Además “De buena fe, que las partes busquen llegar un acuerdo y no haya influencia sobre la decisión, como por ejemplo eso de bajar la luz si me dices que sí”, asegura Flores.

Juan Carlos afirma que la consulta debe ser adecuada culturalmente, de acuerdo con los tiempos de las comunidades.

“Todo eso tiene que ver con lo adecuado culturalmente, la forma de tomar la decisión. No tiene que ser solo por una boleta, puede ser por usos y costumbres, quiere decir que lo pueden hacer por asamblea”.

La autodeterminación

Para contrarrestar y crear una alternativa a la consulta presidencial, habitantes de los pueblos de Hueyapan y Huexca (el principal afectado por el megaproyecto) rechazaron las urnas y realizaron sus propias asambleas donde reiteraron que la termoeléctrica les hace daño.

“Las asambleas sí tienen validez”, explica el abogado Carlos González, “tienen un marco jurídico. A través de sus asambleas e instituciones representativas, tienen el derecho de expresar, manifestar y decidir”.

González explica que de acuerdo con el Convenio 169 las consultas deben realizarse en las poblaciones directamente afectadas por el proyecto: el paso del gasoducto, la utilización de las aguas del río Cuautla, la operación de la termoeléctrica, como Ayala, Cuautla, Temoac, Yecapixtla (donde por cierto, ganó el No). Y agrega que estas asambleas son el respaldo legal de las comunidades tanto para ganar una batalla política contra la consulta del gobierno federal, para recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para entablar amparos con el fin de detener la operación del Proyecto Integral Morelos.

El abogado reitera que otros derechos afectados con el PIM: a la autonomía, territorio de comunidad y ejidos que forman parte del pueblo indígena nahua.

“El ejercicio que están haciendo las comunidades es el adecuado, es un aviso al gobierno de la República de que la decisión les toca tomarla a ellos y en la forma adecuada por la asamblea”, reitera.

Un ejercicio propio

Gabriel Tum, del Centro de Encuentros y Diálogos, A.C. y de la Escuela de Estudios de Tetela del Volcán, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explica que el proceso llevado a cabo por el municipio indígena de Hueyapan, reconocido hace una semana, echó mano de sus usos y costumbres al rechazar la instalación de la casilla que le correspondía para después deliberar sobre la termoeléctrica.

El Concejo Indígena del lugar decidió convocar a asamblea el domingo, solicitó información a la UAEM y a ingenieros y biólogos, finalmente solicitó la opinión de la población para deliberar sobre su forma de elección.

“El pueblo decidió votar por usos y costumbres porque las urnas estaban manipuladas por personas que no son de la total confianza del pueblo”, explica Tum.

Un video en Facebook por Radio Amiltzinko se mira cómo más de mil personas alzan la mano para rechazar por la termoeléctrica. Las autoridades comunitarias del lugar levantan ya un acta con firmas sobre el evento.

“Si se pregunta sobre la validez de nuestra asamblea, más bien tendría que preguntarse al gobierno federal sobre el marco jurídico de su encuesta”, reitera Tum.

Los pueblos reafirman el no

Durante la conferencia de prensa que los pueblos afectados dieron en el Zócalo de Cuernavaca, expusieron diversas irregularidades como la inducción de la respuesta en la parte posterior de la boleta, y el hecho mismo de que se le haya preguntado a municipios que no conocen del tema bajo pretexto de la reducción del precio de la luz. También dieron cifras en las que el No ganó rotundamente en los municipios cercanos al megaproyecto.

Un hombre se acerca a la conferencia de prensa ofrecida este lunes por los pobladores afectados: “¡yo estoy a favor de Obrador!”

Pero las acusaciones de los defensores del territorio traen números. Comienzan la lectura de sus resultados preliminares. Así completan la información que ya circulaba en redes sociales sobre las boletas de la consulta gubernamental: en las poblaciones directamente afectadas por el Proyecto Integral Morelos prevaleció la protesta y el “no”.

El total de firmas en Villa de Ayala, el principal municipio afectado por el acueducto, fue de 3834 por el no, contra 384 por el sí. En Yecapixtla votaron por el no 1541, contra 595 que lo hicieron por el sí. En Tetela del Volcán, 592 dijeron no al proyecto, 30 sí. Incluso en la ciudad de Cuautla 3943 contra 3888 por el sí.

En total, 11 mil 295 No, frente a 4 mil 975 Sí.

“Dice Obrador que mandamos los pueblos. Sí, estamos decidiendo los pueblos. Las demás votaciones no nos interesan”, dice Teresa Castellanos, de Huexca.

Castellanos anunció que varias poblaciones desobedecieron la lógica de casillas y votaciones y prefirieron levantar actas de asamblea por usos y costumbres con su postura. En el municipio indígena de Hueyapan por ejemplo una asamblea de 1114 rechazó el proyecto y el epicentro del conflicto, Huexca, levantó un acta con 473 firmas contra la termoeléctrica.

Mientras decían los números, pegaban un mapa de Morelos en donde el “no” se veía claramente en el Oriente. Al lado pegaron un rota folio con los municipios afectados.

El comisariado de Tenextepango, Martín Ortiz Salazar, insiste en que una decena de pueblos podrían ser afectados por el agua. Temen que el agua que les regrese la planta esté contaminada.

“No nos vamos a quitar el plantón, vamos a seguir haciendo guardia para que no conecten los 140 metros que hacen falta”.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.