Urge una reforma a cabalidad del sector ambiental que deje de apostar por los megaproyectos de infraestructura gris y dedique el aparato público a construir capacidades, reconstruya Semarnat y sus satélites e intervenga con fuerza en el territorio, para ordenarlo y apoyar a las comunidades que lo habitan y defienden

Twitter: @eugeniofv

El sector ambiental ha sido duramente golpeado durante este gobierno y en especial durante las últimas semanas. La publicación del acuerdazo que buscó exentar de muchos frenos ambientales a los megaproyectos del gobierno federal se sumó a la reducción de su presupuesto, y a ésta se añadió la desaparición de dos organismos del sector —el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que será absorbido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que se integrará a la estructura de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)—. La confirmación de esta decisión llegó el viernes pasado, enmarcándola en un esfuerzo de reforma administrativa. El problema está justamente ahí, en que se trata de una reforma meramente administrativa que debilita al sector ambiental, en vez de la muy urgente reforma política, de forma de trabajo y objetivos que es tan urgente y que lo fortalecería.

La construcción del sector ambiental federal en lo que va de este siglo tuvo cuatro características principales. En primer lugar, se dio un enorme peso a la construcción de infraestructura hídrica con mucho concreto y poca naturaleza. Durante todo el siglo XXI Conagua ha tenido dos terceras partes o más del presupuesto ambiental, y el grueso de ese dinero se ha dedicado a la instalación de tubos, presas y represas. En este gobierno se ha hecho lo mismo. 

Comosegundo lugar, se usó el reparto de subsidios como principal instrumento de política. En materia forestal, por ejemplo, como ha mostrado el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la política pública “ha estado ampliamente sesgada a distribuir subsidios ineficaces, enfocados prioritariamente a la conservación pasiva y sin el acompañamiento de acciones efectivas”. De hecho, la Comisión Nacional Forestal se diseñó desde sus inicios, en 2001, como una entidad destinada a repartir dinero y a quedar replegada tras las ventanillas.

Ésta, de hecho, es su tercera característica: el abandono del territorio y la ausencia de equipos con capacidad para gobernarlo y conocerlo. Al menos hasta hace unos años, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconocían por lo bajo que había menos de veinte personas a cargo de perseguir delitos ambientales en todo Quintana Roo, desde los arrecifes hasta las selvas, pasando por las descargas o tomas ilegales de agua y por todas las actividades hoteleras y las de pesca. Esa misma insuficiencia es notoria en todos los estados, en todos los organismos y en todos los temas. 

Por último, se forjó una estructura institucional que buscaba separar el fomento, el análisis y la regulación, como si hubiera una sola forma y una sola idea de regulación, como si la investigación por un organismo público tuviera sentido separada de la política y como si el fomento productivo necesariamente fuera una amenaza al entorno natural. El resultado fue una política ambiental descoordinada, operada por una galaxia de organismos autónomos con una carencia crónica de presupuesto y recursos. 

Según Semarnat la desaparición del INECC y del IMTA apuntaría a corregir algo de esta situación, porque con ella “se agrupan los esfuerzos, se consolida el conocimiento y se fortalecen las actividades encomendadas”. En realidad, sin embargo, lo que está ocurriendo parece más un recorte de presupuesto y capacidades que una reforma de pleno derecho. En todo caso, esta reforma no cambia la forma de operar de la Secretaría, sino que nada más la hace menos onerosa y un poco más eficiente.

Lo que urge es, más bien, una reforma a cabalidad de todo el sector, cambiando la lógica con la que opera y dotándolo de la estructura necesaria para gobernar efectivamente el país y cambiar nuestra relación con la naturaleza. Para ello sería crucial dejar de apostar por los megaproyectos de infraestructura gris y mejor invertir en infraestructura verde; dejar de centrar las políticas públicas en el reparto de dinero y dedicar el aparato público a construir capacidades; reconstruir Semarnat y sus satélites para que se coordinen mejor y usen mejor su presupuesto, e intervenir con fuerza en el territorio, para ordenarlo y apoyar a las comunidades que lo habitan y defienden y para que la ley sirva de algo.

En pocas palabras, urge que este gobierno rompa de verdad con el neoliberalismo, y eso implica transformar el aparato del Estado y no solamente reducirlo.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.