Las empresas europeas de armamento son los proveedores más importantes para la policía mexicana. Alemania restringió la exportación de armas ligeras a México, pero el negocio sigue. La Secretaría de la Defensa Nacional no sabe cuál fue el destino final de miles de armas importadas de ese país

Texto: Wolf-Dieter Vogel

Fotos: Wolf-Dieter Vogel y Samantha Staudte

Desde hace varios años las empresas alemanas de armamento causaron polémicas y escándalos por sus exportaciones dudosas e incluso ilegales a México. Primero fue Heckler&Koch (H&K), después Sig Sauer y ahora Dynamit Nobel Defence.

H&K vendió fusiles de asalto G36 que finalmente llegaron a las manos de policías en Iguala, quienes los utilizaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal Ayotzinapa en 2014. Miles y miles de pistolas de Sig Sauer están circulando en el país y fueron utilizadas en agresiones contra la sociedad civil, por ejemplo en el homicidio de Marisela Escobedo, la activista chihuahuense que buscaba justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre. El asesino mató a Escobedo con una 9 mm P239, un arma de tecnología alemana.

Investigaciones de este autor muestran que también el productor de lanzacohetes, la empresa Dynamit Nobel Defence (DND), mandó sus mercancías letales bajo circunstancias bastante cuestionables a México.

La transacción confirma lo que organizaciones antimilitaristas internacionales explican en su recién publicado informe “Deadly Trade”: las ventas de armas pequeñas y ligeras desde Europa están violando frecuentemente las directrices sobre la exportación de armamento de la Unión Europea, la Posición Común de la UE.

De acuerdo con información de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), esta institución compró en el año 2018 lanzacohetes tipo RGW60 de DND. El gobierno mexicano indica en su informe anual para el registro del Contrato de Comercio de Armas de la ONU, que se trata de 4 mil 114 piezas, incluyendo los lanzacohetes más otros sistemas y cohetes de adiestramiento. La Secretaría de Economía alemana habla de mil 467 lanzacohetes exportados a una “institución federal” en México.

Pero, ¿dónde están estas armas? ¿De dónde llegaron? La respuesta de la Sedena provoca más preguntas.

“Después de realizar una búsqueda exhaustiva de esta Secretaría, no se localiza evidencia documental de certificados, constancias o cartas del destino final, usuario final o usuario ulterior, firmado con funcionarios de esta dependencia, por el concepto de importación desde Alemania de estos 4 mil 114 artículos”, según consta en la repuesta a la solicitud de información INAI/Folio 000700236820.

Eso es sorprendente, porque la Sedena es la única institución autorizada para importar armas a México. Si no dispone sobre una constancia del destino final, según la ley alemana, esta venta no es legal. Las empresas alemanas tienen que entregar este documento a la Autoridad Federal de Exportación (BAFA) para conseguir un permiso para vender las armas a México.

“Si la Secretaría de Defensa no puede nombrar y comprobar el usuario final, sin lugar de duda es una razón de no autorizar la exportación”, explica Katja Keul, una diputada del parlamento federal alemán del partido Los Verdes. También la Posición Común de la UE requiere eso, como añade el investigador y activista estadounidense en temas de militarización John Lindsay-Poland: “México y la empresa exportadora tienen que someter un certificado del uso final, para determinar si las armas se van a grupos que violan los derechos humanos o aumentan el conflicto armado”.

La BAFA indica que tiene un documento del destino final, pero tampoco puede confirmar a cuáles estados y a cuáles entidades de las fuerzas de seguridad llegaron los lanzacohetes. Eso también sorprende, porque en el “caso Heckler&Koch” se excluyó explícitamente el suministro de los fusiles de asalto G36 a Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco. Por eso fue posible detectar la exportación ilegal de estas armas, lo que resultó en una sentencia contra esta empresa el año pasado. ¿Y ahora las autoridades alemanas ni siguiera quieren saber quién utiliza los lanzacohetes?

Entonces, ¿qué pasó con las armas RGW60 de Dynamit Nobel Defence? Es obvio que el crimen organizado actúa con lanzacohetes. Según informaciones del gobierno (INAI/Folio 0000700091920), en los últimos 20 años autoridades mexicanas aseguraron 119 lanzacohetes, muchos de ellos en Tamaulipas, pero también en otros estados con una gran presencia del crimen organizado como Sinaloa o Michoacán. En 2015 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de las Fuerzas Armadas con un lanzacohetes ruso.

Parece que los lanzacohetes son armas para la guerra. Pero el fabricante DND no deja ninguna duda, que su mercancía letal no solamente se puede usar en enfrentamientos de alto nivel militar. En su sitio web muestra personas uniformadas entrando en casas aparentemente de civiles y anuncia que sus armas de la “familia RGW” pueden ser utilizadas por individuos contra “blancos blandos”, es decir seres humanos.

También en las manos del mismo cliente, el Ejército mexicano no puede excluir que las armas podrían ser utilizadas para cometer crímenes de gravedad. En los primeros nueve meses de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 237 denuncias contra soldados por abusos de derechos humanos.

Ante estas circunstancias tampoco hubieran podido exportar el armamento. Según las directrices alemanas sobre la exportación de armamento las autoridades no pueden aprobar una venta de armas si existiera el riesgo que estos productos sean utilizados para violaciones de derechos humanos. Lo mismo dice la Posición Común de la UE.

Los productores europeos, sin embargo, volvieron a ser los proveedores más importantes de armas para las fuerzas de seguridad en México. Así lo explica el informe “Deadly Trade”, publicado por Global Exchange, el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y otras organizaciones de la sociedad civil de Italia, Alemania, la República Checa, Israel y Bélgica. Según el documento, más de la mitad de las armas que consiguió la policía entre 2006 y 2018 viene de dos empresas: la austriaca Glock y la italiana Beretta. Alemania, Israel y la República Checa mandaron unos 20 por ciento más.

En total las empresas europeas e israelíes en este lapso exportaron 238 mil armas de fuego a México. En el mismo tiempo, la violencia explotó: en 2019 la cifra de asesinatos perpetrados con armas de fuego subió seis veces en comparación de 2006, cuando Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Según el archivo de datos de la organización “Stop US Arms to Mexico”, bajo el comando del general Salvador Cienfuegos (2012 – 2018) la Sedena vendió 110 mil 696 armas ligeras a policías estatales y locales.

En Alemania, como consecuencia del escándalo de la exportación de los rifles de asalto H&K, se restringió la venta de armamento ligero a México. Hoy día es difícil conseguir una autorización. Sin embargo, las empresas Carl Walther y Dynamit Nobel Defence pueden vender su mercancía letal a México.

Otros empresarios buscaron otras soluciones para seguir con su negocio. Este año Sig Sauer cerró su fábrica en Eckernförde en el norte de Alemania, según la dirección, por problemas financieros. El productor de pistolas y rifles fue sentenciado por la exportación ilegal de armas a Colombia en 2019, ahora está enfrentando otras investigaciones por supuestas ventas fuera de la ley a México. Sin embargo el propietario, la empresa alemana L&O Holding, no se puede quejar sobre malas ganancias. Su fábrica Sig Sauer Inc. en New Hampshire, EEUU, está mandando pistolas en gran cantidad a México.

En 2015 el Departamento de Estado estadounidense autorizó la venta de pistolas y fusiles con un valor de 266 millones de dólares al país vecino. En abril de este año Sig Sauer Inc. exportó 50 mil pistolas a la Guardia Nacional (GN), un negocio que desde Alemania no hubiera sido permitido. De la misma manera el productor israelí I.W.I. y la empresa austríaca Glock venden su armamento a México.

El panorama de la distribución es completamente opaco. Ante la gran cantidad de armas que llega a las manos del crimen organizado y ante los abusos masivos de derechos humanos cometidos por policías y militares, es irresponsable no tener bajo control donde llegan los productos mortales. Para el investigador antimilitarista Lindsay-Poland eso es así, “no solo para evitar que lleguen a usos criminales, sino para que la sociedad civil y la legislatura tengan un debate informado de las políticas de exportación y de seguridad en México”.

No es por menos que “Deadly Trade” subraya con respecto al poder de la Sedena:

“Ninguna otra nación en el mundo está concentrando tanta autoridad para la compraventa, la distribución y el control de armas ligeras en una única institución militar”.