Autoridades de Oaxaca ordenaron reponer el juicio contra Lizbeth V.H., exalcaldesa de Nochixtlán, imputada por el rapto y la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu en 2021. La reposición llega después de que la exalcaldesa fuera sentenciada como culpable

Texto: Karen Rojas Kauffmann / El MuroMx

Fotos: El MuroMx

OAXACA. – La última vez que Claudia Uruchurtu, activista víctima de desaparición forzada fue vista el 26 de marzo de 2021, fue en el ayuntamiento del municipio de Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca del Estado de Oaxaca, tras participar en una protesta contra las autoridades. Sara Uruchurtu, hermana de Claudia, advirtió que con la emisión de un nuevo juicio contra la expresidenta Lizbeth V.H., las autoridades estatales buscan echar abajo todo el proceso penal y garantizar la impunidad de la expresidenta, apadrinada políticamente por el actual gobernador del estado, Salomón Jara, ambos del mismo partido.

A tres años del rapto y desaparición de Claudia, lo que se sabe es que la exalcaldesaordenó su desaparición y se le determinó una sentencia que no corresponde con la gravedad del crimen, ya que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó el delito de desaparición forzada por el de “obstrucción de la justicia” en las acciones de búsqueda e investigación.

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Sara Uruchurtu, hermana de la defensora de derechos humanos, explicó que ante la sentencia risible de cuatro años y dos meses de prisión que se le dictó a la expresidenta de extracción morenista, interpusieron un recurso de apelación pues la jueza “no había considerado elementos fundamentales como la responsabilidad por el delito de desaparición forzada, la inclusión de un enfoque diferenciado como defensora de derechos humanos y la ausencia de una investigación con perspectiva de género”.

Sin embargo, dijo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó el pasado 13 de diciembre de 2023, anular el juicio instruido en contra de la exalcaldesa y otros tres funcionarios públicos, bajo el argumento de que el proceso no cumplió con dos “formalidades”. Con este pretexto, sostuvo Sara, “nos están obligando a repetir todo el juicio en vez de revisar la sentencia de la exfuncionaria, pero no estamos dispuestas a tolerar la violación al debido proceso y mantendremos nuestra exigencia de justicia para Claudia”.

Una investigación simulada

En un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, a través del cuerpo académico Género, Cultura y Desarrollo del IISUABJO, Defensores por la Justicia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); familiares de personas desaparecidas organizadas en colectivos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en desaparición forzada del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Embajada Británica en México, reflexionaron sobre los desafíos y las dificultades a los que se enfrentan las víctimas directas e indirectas para una investigación efectiva.

José Juan Julian Santiago, fundador de Defensores por la Justicia, un equipo de abogados que ha decidido acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos en Oaxaca, sostuvo que “atentar contra una persona defensora de derechos humanos es atentar contra la voz y la democracia de un país que todavía se sigue construyendo”. Sin embargo, aseguró el también abogado de la familia Uruchurtu, “el caso de Claudia no se investigó con un enfoque diferenciado tomando en cuenta su trabajo como defensora ni se aplicó una perspectiva de género”.

Durante su intervención refirió que el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), documentó y recopiló las pruebas de forma indebida, ignorando los protocolos de actuación e investigación de los delitos desaparición forzada cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

“Es increíble que las instituciones encargadas de la procuración de justicia, desconozcan la existencia de los planes o acciones de búsqueda. Las autoridades van a los lugares y simulan una investigación pero realmente ignoran las herramientas que tienen para sostener esos medios de prueba durante los juicios”.

Julian Santiago señaló además que durante el juicio del caso de Claudia Uruchurtu, se privilegiaron los derechos de los imputados sobre los derechos de las víctimas, debido a un temor a cometer violaciones a la tutela efectiva o al principio de la igualdad de las partes.

“Para nosotros, el que se emita una resolución que ordene la reposición del procedimiento, implica que las autoridades se inclinaron hacia un formulismo que ignora los estándares internacionales de derechos humanos”.

¿Debida diligencia?

El exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, aseguró que el caso de Claudia Uruchurtu es complejo porque “en México no existe una verdadera intención de hacer investigaciones profundas, complejas, con el ánimo de encontrar evidencias que nos lleven no sólo a determinar la responsabilidad penal de las personas culpables del delito de desaparición, sino a encontrar la verdad de los hechos y sobre todo el paradero de las víctimas”.

En algunos casos, dijo, los aparatos de justicia no tienen la capacidad técnica, de personal ni profesional para poder conducir una investigación como se tuvo que haber organizado la investigación de Claudia. Desde mi punto de vista, en Oaxaca no se han realizado las acciones necesarias de búsqueda para poder determinar su paradero. Y creo, que uno de los problemas mas evidentes en el caso de la activista o de otros casos similares, es que hay un abismo entre las líneas de búsqueda y las líneas de investigación penal a seguir”.

Esta nota fue publicada originalmente en EL MURO MX, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.