En agosto de 2017, Pie de Página documentó cómo una empresa adquirida por Carlos Slim cobraba al gobierno mexicano indemnización y mantenimiento por una presa detenida, y cómo una empresa española declarada en quiebra cobró 1,600 millones de pesos sin poner una piedra a un acueducto. Este lunes, Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión Federal de Electricidad ha sido obligada a pagar 21 mil millones de dólares a tres empresas (Carso, IEnova y TransCanada) por la operación de siete gasoductos detenidos
Texto: José Ignacio De Alba y Daniela Pastrana
Fotos: Duilio Rodríguez y Ana Cristina Ramos
El gobierno mexicano ha entregado 21 mil millones de dólares a las empresas Carso, Ienova y TransCanadá por “penalizaciones” y subsidios de siete gasoductos que no operan.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, tras las reformas energéticas de 2013, la Comisión Reguladora de Energía obligó a la Comisión Federal de Electricidad a comprar energía a empresas privadas, y se firmaron contratos que establecieron que, ante cualquier causa de fuerza mayor que impidiera a la empresa continuar la construcción, la paraestatal está obligada a pagar una penalización por el producto, aunque no se entregue.
“Hablamos de contratos leoninos”, dijo el presidente.
A eso se agrega que el gobierno mexicano subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía y hay que pagarle subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, explicó que, de no renegociarse esos contratos, el gobierno mexicano deberá erogar este año 16 mil millones de dólares y 70 mil millones de dólares en 25 años.
“De continuarse esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes”, dijo Bartlett.
La paraestatal sólo produce la mitad de la electricidad que se consume en México. El plan de gobierno de López Obrador es echar a andar 60 hidroeléctricas para reactivar la industria, pero antes necesita negociar estas obras que están detenidas.
López Obrador culpa a la corrupción de empresas y exfuncionarios mexicanos de saquear a la Comisión Federal de Electricidad.
“Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, para favorecer a particulares. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético”, acusó.
Los nombres
En el inventario publicado figuran funcionarios de primer nivel de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Fue el propio Barttlet, quien detalló los nombres de empresas y funcionarios:
José Córdoba Montoya, una de las piezas claves del salinismo, fue el primero de la lista. El exasesor de Salinas de Gortari tiene una empresa en el sector llamada Proveedora de Servicios de Energía, S.A de C.V. que está actuando todavía en el país.
Luego mencionó a Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Barttlet dijo que el exsecreario “ha participado en diversos consejos consultivos de energía, como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina”.
Otro de los aludidos es Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. Ruiz Sacristán es presidente y director general del consejo de administración de IEnova, “que tiene ver con muchas actividades de generación de electricidad, asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos, sin duda, leoninos”.
Luis Téllez, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, fue señalado de asesorar a empresas extranjeras.
“Como Kravis Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpios”, aseguró Barttlet.
Alfredo Elías Ayub, cercano al multimillonario Carlos Slim y director general de la CFE en el sexenio de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente de Avangrid.
El único expresidente que figura en la lista es Felipe Calderón, quien también fue secretario de Energía. Calderón, aseguró Barttlet, también es consejero independiente de la empresa Avangrid.
La secretaria de energía del sexenio de Felipe Calderón, Georgina Kessel Martínez, es consejera independiente y actualmente directora de Iberdrola México.
Jordy Herrera Flores, también secretario de Energía con Felipe Calderón, es consultor de Energía y Broker; y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de unidad de asuntos jurídicos de la misma secretaría, es miembro de los consejos de Iberdrola México e Iberdrola México Renovables.
Barttlet advirtió que estos 9 nombres sólo son algunos de los funcionarios que han incurrido “en un absoluto conflicto de interés”.
Los costos sociales
¿Qué implicaría que el gobierno renegocie esos contratos y reactive los gasoductos?
López Obrador no habló de los costos sociales de reactivar estas obras, en lugares donde han sido detenidas por la resistencia de las comunidades.
Uno es el caso del gasoducto Tuxpan-Tula que pasa por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo y pretende abastecer una termoeléctrica en Tula, también a cargo de la CFE, pues aunque a finales del año pasado se anunció su cancelación, a inicios de éste regresaron empleados de la empresa TransCanada a la zona de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla.
El otro es el caso de La Huexca, en Morelos, donde los campesinos han asegurado que no permitirán la operación de la obra y sienten que el presidente está traicionando la promesa que les hizo en campaña.
“Ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas, porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado, de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, y hay una inversión, les diría, deuda pública, mediante el mecanismo de Pidiregas, de más de 20 mil millones de pesos”, dijo en la conferencia López Obrador.
La decisión, sostuvo, la tendrán las comunidades. Los números indican lo contrario.
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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.
Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.
Editor y fotógrafo documental, retrato, multimedia y vídeo. Dos veces ganador del Premio Nacional de Fotografía Rostros de la Discriminación.
Periodista que sueña con pajares de agujas, misterios sin escribir y un mundo por explorar.
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