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Tres pueblos indígenas -otomí, totonaca y nahua- de los estados de Puebla e Hidalgo, se organizaron para frenar la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula que atravesaría cuatro estados del país. La defensa que han hecho de su territorio y libre determinación incluye la creación de un Consejo Regional de pueblos originarios y una batería de cinco amparos que han logrado, hasta ahora, detener la obra

 

PAHUATLÁN, PUEBLA.- La presencia de unas camionetas con logotipo de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), que circularon a principios de enero del 2016 en las comunidades de este municipio, alertó a los habitantes.

“Era imposible no notarlas. Se metían a las propiedades sin permiso, tomaban medidas de los predios y tomaban fotografías. No hablaban con nadie, sólo con las autoridades. Circulaban a altas velocidades”, relatan los habitantes de la comunidad indígena de Zoyatla.

Algunos miembros de ésta y otras comunidades se dieron a la tarea de indagar en internet y encontraron que esa empresa era una filial de TransCanada (especializada en ganar licitaciones para la construcción de gasoductos). Fue entonces que encontraron referencias al Proyecto Gasoducto Tuxpan-Tula (GT-T).

Se trata de un gasoducto que forma parte del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Trasporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 –que derivó de la Reforma Energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto- y tendrá una inversión de 458 millones de dólares. La Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas extranjeras TransCanada y Bonatti –de origen canadiense e italiano- son las encargadas de concretar el ducto, proyectado con una longitud aproximada de 283 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro que pasan por 459 localidades a lo largo de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México.

“El gas natural que trasportará el ducto se comprará a empresas norteamericanas, instaladas en Texas, que tienen sobreproducción de gas a causa del empleo desmedido de la técnica conocida como fracturación hidráulica (fracking)”, según ha documentado la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

Como ha ocurrido en la mayoría de los megaproyectos realizados en México, el GT-T se inició sin informar a los habitantes de las comunidades por dónde cruzará.

Hasta ahora presenta un avance de más del 50 por ciento, según el último informe del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS); aunque de acuerdo con la planificación de la SENER, en diciembre pasado debía iniciar operaciones.

Ortencia Reyes Valdivia, habitante de la zona, relató que ella y sus vecinos, como opositores al gasoducto, comenzaron a unificarse y descubrieron que el plan de proyectos para esa zona de Puebla incluía no sólo al GT-T, sino otros como el poliducto de Pemex, las concesiones mineras en Chila de Juárez, Cuautepec, “El Jerico”, Itzatlán, Naupan, Huauchinango y Xicotepec de Juárez; la fractura hidráulica a la mayor parte de las comunidades de Jalpan, Tlaxco de Puebla y Tlacuilotepec que están dentro de la ronda cero (primera etapa); además, la construcción de tres hidroeléctricas en Río San Marcos.

Para oponerse a esos proyectos, tres pueblos indígenas -otomí, totonaca y nahua- de los estado de Puebla e Hidalgo reactivaron sus Consejos y crearon el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, a través del cual impulsaron foros informativos recorriendo las comunidades afectadas. De la información pasaron a la protesta social y llegaron a la lucha legal que ahora se disputa en cinco juicios de amparo.

El interés legítimo de los pueblos

La estrategia jurídica se definió sobre la base de la existencia de los consejos, y apelando al interés legítimo de las comunidades otomí, totonaca y nahua con el propósito de reivindicar el derecho al territorio y la libertad de determinación de los pueblos.

Raymundo Espinoza Hernández, asesor jurídico especialista en derecho constitucional y conflictos socio ambientales, explica que se promovieron cinco demandas de amparo ante los tribunales federales en las que se alega que las empresas y el Estado mexicano (la SENER, la ASEA, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE, entre otras) violentaron la autonomía indígena y derechos como la información, la participación en la dirección de asuntos y el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, la identidad cultural y la libertad de creencias.

El objetivo, dice el asesor legal, es “lograr la cancelación del proyecto o en su caso modificar el trazo original para evitar las afectaciones denunciadas; también se busca obligar a las autoridades a que permitan y faciliten la participación de los afectados en la determinación de las medidas adoptadas por la empresa y las autoridades”.

En el caso de la comunidad de Chila de Juárez, del municipio de Honey, el Juzgado Primero de Distrito de Puebla está por pronunciarse respecto a la suspensión de los actos reclamados, en tanto ordenó la realización de un peritaje antropológico con el objetivo de verificar la organización interna de la comunidad y el rol del Consejo indígena, para cerciorarse de su legitimidad y funciones.

En la primera demanda de Hidalgo, el Juez de Distrito se declaró incompetente y remitió la causa a los tribunales federales de Puebla, quienes tampoco se consideraron competentes. Ahora es un Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Hidalgo quien deberá resolver qué juez conocerá del asunto.

La segunda demanda de Hidalgo fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito pero aún no ha habido pronunciamiento alguno respecto de la suspensión.

Los juicios van en sus primeras etapas y las fechas para las audiencias constitucionales se han diferido en múltiples ocasiones. Sin embargo, la estrategia ha logrado hasta ahora frenar la obra.

Y no son los únicos. Actualmente hay cinco proyectos similares en México detenidos por la resistencia de los pueblos afectados: los gasoductos El Encino-Topolobampo y Tula-Tuxpan que debían concluirse este 2017 (ambos construidos por TransCanada); Villa Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, planeado para operar en enero próximo (a cargo de la empresa Fermaca); Samalayuca-El Sasabe, que debió entrar en operación el pasado noviembre (construido por Grupo Carso), y el Proyecto Integral Gasoducto Morelos (construido por las empresas Bonatti, Elecnor, Enagas y Abengoa), que debió concluir en septiembre del 2015.

Desinformación y desplazamiento

“Me di cuenta de que el gasoducto cruzará mi casa hasta que vi el mapa que nos mostró Geo Comunes (organización civil que realiza cartografía –mapas- de conflictos causados por privatización y despojo de los bienes)”, dice Zenón Obispo Vargas Sarmiento, de la comunidad de Ahuacatitla del municipio de Pautlán. El hombre, de origen nahua, tiene una propiedad de una hectárea, el trazo del gasoducto pasa justo por el medio, fracturando una bodega y afectando sus cultivos de café.

Su reclamo se repite entre los pobladores de distintas comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Norte de Puebla, así como en los municipios de Tenango de Doria y Huehuetla, del estado de Hidalgo, donde los habitantes aseguran que nunca recibieron información sobre el gasoducto.

Miguel López Alejo, miembros del Consejo indígena de San Nicolás, en Hidalgo, asegura incluso que personal de la empresa encargada de la construcción del ducto ingresó y realizó mediciones sin ninguna autorización.

 

 

En su resistencia, los pobladores descubrieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad Regional, el Estudio de Riesgo y la Autorización respectiva, la empresa TGNH y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) no identificaron la totalidad de la riqueza natural presente en la zona, ni los daños potenciales que la obra puede provocar; tampoco establecieron medidas de mitigación, compensación y seguridad.

Además, en el Estudio de Impacto Social (EIS) y la Evaluación correspondiente, la empresa y la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la SENER no reconocieron a la totalidad de actores titulares de derechos colectivos, ni determinaron los efectos de la obra, aunque sí hicieron referencia al incremento de los servicios sexuales, el consumo de alcohol y drogas y a la aparición de enfermedades venéreas.

De lo que están seguros ahora es de que el gasoducto no les traerá nada más que problemas. Juna Silvina Casimiro, una mujer otomí, lo resume así: “No estamos de acuerdo con (que pase) el gasoducto porque tenemos miedo de que contamine nuestros mantos acuíferos”.

Razones para oponerse les sobran. En la comunidad nahua de Cruzanta, por ejemplo, se verá afectada la fuente de energía eléctrica de la población, ya que la ruta del gasoducto pasa justamente por donde se encuentra el poste de luz de donde se abastecen las comunidades de Montellano y Los Ángeles.

Senén Castillo, de la comunidad de Cuauneutla de la Paz del municipio de Pahuatlán, piensa que la construcción y operación del GT-T también impactará negativamente el bosque mesófilo de montaña y la biodiversidad de la región debido a la deforestación y limpieza que requiere la zona núcleo del Proyecto, además se verán afectados los manantiales y la escasa infraestructura con que cuentan las comunidades para transportar su agua, pues el tubo va montado precisamente en las montañas donde aquellos nacen.

“En la MIA ni siquiera se menciona al estado de Puebla, que es donde está la parte de bosque mesófilo de montaña, ni los manantiales, simplemente no nos menciona bajo el pretexto de que no contamos con ordenamiento territorial”, completa Oliveria Montes Lazcano, integrante del Consejo Regional.

En la localidad de Chila de Juárez son varias las viviendas que se verán afectadas. Una de ellas es la casa de la señora Maura Aparicio Torres, que se ubica a unos 20 metros del trazo del ducto. De construirse la obra, ella sería desplazada.

El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio dijo que existen casos donde el gasoducto pasa a tan sólo a 2 metros de distancia.

Las amenazas

Las autoridades mexicanas y las empresas TransCanaca y Bonatti, acusó la ANAA, “han iniciado una campaña para confundir a la opinión pública y desacreditar el proceso colectivo de defensa del territorio informando que a causa de las demandas presentadas en contra de la construcción de gasoductos el precio del gas natural y la luz en el país será caro y aumentará durante el 2018”, como lo difundieron Energía S&P PLATTS y Caravias y Asociados, el pasado 27 de noviembre.

De hecho, en cuanto las autoridades notaron las inconformidades y la resistencia al proyecto optaron por “corregir” y organizaron una serie de reuniones con la población y personal de la SENER, además de representantes de las empresas a cargo de la obra.

“Los convocaban a reunión informativa, les mostraban un video donde se hablaba de las bondades del proyecto, de los grandes beneficios como de empleo y obra; en algunas comunidades hasta llevaban comida, pero no les decían nada de los daños y riesgos que representaba”, cuenta José Camacho, activista y habitante de Tlapehuala.

Los pobladores entrevistados aseguran que esas reuniones estuvieron manipuladas para hacerlas pasar como el procedimiento de consulta previa establecido en la Ley de Hidrocarburos.

Por ejemplo, en la comunidad de Cuautepec la reunión se desarrolló con la presencia de 184 personas; de ellas, 149 rechazaron el proyecto y 35 personas lideradas por el presidente auxiliar se pronunciaron a favor. Pero la reunión se suspendió porque no era una asamblea para votar un permiso. “Hicieron un documento donde dice que la comunidad de Cuautepec dio por celebrada la consulta, con el sello del presidente auxiliar y las firmas de dos regidores que venían en representación del ayuntamiento municipal”, recuerda Lorenzo miembro del Consejo indígena totonaco.

En otras comunidades, como en la comunidad totonaca de Cuatepec, se organizaron grupos de choque liderados por las autoridades auxiliares, quienes además prometieron apoyos y programas a cambio de votar a favor del proyecto, cuenta Lorenzo Vargas.







Las autoridades auxiliares han sido una pieza clave para las autoridades federales, estatales y municipales para desmotivar, desinformar, intimidar y amenazar a las resistencias al gasoducto.

Ortencia Reyes Valdivia, integrante del Consejo Regional, asegura que las amenazas van desde decir que serán excluidos de los programas de apoyo, hasta amenazas de ser levantados o asesinados si se continúa con la lucha. Pero eso, dice Lourdes Santoyo, no ha detenido el movimiento: “Algunos compañeros han tenido miedo y se han retirado pero la mayor parte de gente está en pie de lucha”.


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