El desaseo en la elección de la nueva titular de la CNDH, la confusión en torno a las reformas electorales impulsadas desde Morena y el desencuentro del presidente con algunos de sus legisladores marcan un complicado preámbulo para la aprobación del presupuesto del 2020

Twitter: @chamanesco

La frase la pronunció Porfirio Muñoz Ledo en septiembre pasado, cuando la Cámara de Diputados era un caos al arranque del segundo año de la 64 Legislatura; pero hoy podría aplicarse para ambas Cámaras del Congreso, como una definición de los enredos de una mayoría que por momentos parece no saber para qué quiere ser mayoría.

La desaseada votación de la que emergió la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; las confusas señales que envían Morena y sus aliados respecto al Instituto Nacional Electoral, y el desencuentro del presidente con diputados, registrado en Palacio Nacional el pasado jueves, tensan la agenda política de cara a dos hechos cruciales: la aprobación del Presupuesto para el 2020 y el corte de caja –previsto y necesario–al cumplirse el primer año del gobierno.

Morena y sus aliados han exhibido, por un lado, un profundo desdén hacia los órganos autónomos constitucionales –que siempre le han provocado urticaria a Andrés Manuel López Obrador– y, por otro lado, inexperiencia e incapacidad, ya sea para negociar y llegar a acuerdos en bien de la República, o para usar la mayoría que legítimamente obtuvieron en las elecciones de 2018.

No han sido días fáciles para los coordinadores parlamentarios de la fuerza mayoritaria, Ricardo Monreal y Mario Delgado, que tratan de maniobrar en el Senado y San Lázaro con un ojo puesto en los proyectos de ley y otro en las señales enviadas desde las mañaneras. 

Quizás les está faltando un tercer ojo, para atender la guerra fratricida por la dirigencia nacional de Morena.

La CNDH

Cuando a principios de octubre se anunció la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra, nadie puso en duda el reconocimiento a esa gran luchadora social, respetada hasta por panistas y priistas.

Pero dos semanas después de la entrega del galardón, en la misma tribuna del Senado, Morena tuvo que “hacer magia” para convertir a Rosario Piedra Ibarra, hija de la fundadora del Comité Eureka, en la nueva presidenta de la CNDH.

Tres veces candidata de Morena a una diputación en Nuevo León, psicóloga de profesión y también integrante de Eureka, la nueva ombudsperson es más conocida por su militancia en Morena que por su participación en las batallas que la sociedad civil ha dado en los últimos años para denunciar, por ejemplo, las atrocidades de la “guerra contra el narcotráfico”.

Por desgracia para ella, muchos supieron de su compromiso con la defensa de las garantías individuales hasta la ceremonia en la que recibió la medalla Belisario Domínguez a nombre de su madre.

Para desgracia de la CNDH, su nombramiento quedó manchado por un proceso en el que Morena no supo ejercer su mayoría. Primero, por la división de la bancada entre Rosario Piedra y Arturo Peimbert; después, por la línea dictada desde la “mañanera”, cuando el presidente dijo que el mejor perfil para la comisión sería el de una víctima directa de los abusos del Estado y, finalmente, por la lamentable tarde de los 116 votos convertidos en 114.

Pero qué necesidad, ¡qué manera de legislar!

El INE

Dicen en Morena que nadie o casi nadie avala las ocurrencias del diputado Sergio Gutiérrez Luna, un singular ex panista que llegó a San Lázaro como suplente de Horacio Duarte, el principal operador de López Obrador en materia electoral desde las elecciones de 2006.

Y, sin embargo, sus iniciativas –como desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales, quitarle mil millones de pesos al INE y modificar los términos en los que se elige a los consejeros electorales para anticipar su salida, entre otras– consiguen llamativos titulares de prensa que a más de uno han puesto en alerta.

La teoría de un “asalto al INE” provocó, apenas este domingo, una inusual ola de solidaridad por parte de académicos, periodistas y dirigentes partidistas que –dicen– no aceptarían la cooptación del órgano electoral, como ya ocurrió con la CNDH.

Sea una reacción natural en defensa del sistema electoral, o una sobrerreacción ante las ocurrencias de un diputado suplente, el hecho refleja claramente la polarización de los tiempos que corren: mientras intelectuales como Enrique Krauze advierten sobre un posible “atentado contra la democracia”, la #RedAMLOVE aplaude la ocurrencia.

A la confusión en la materia electoral abona la interrupción del debate sobre el financiamiento público a los partidos políticos, suspendido el jueves pasado por la negativa de los aliados de Morena a renunciar a la mitad de sus prerrogativas sin obtener una compensación a cambio: ya sea más gasto en tiempos de campaña, el perdón a las millonarias multas que tienen pendientes de saldar o la licencia para gastar a su libre voluntad el financiamiento que hoy les llega etiquetado.

Mientras Mario Delgado asegura que Morena sólo está promoviendo la reducción a la mitad de las prerrogativas, sus aliados y los integrantes de su propia bancada abonan al ruido legislativo circulando iniciativas y documentos que desvían el debate de lo esencial: cómo reducir los costos de la política.

Vaya manera de legislar.

El desencuentro

La cohesión en las bancadas de Morena, PT y PES (los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia) ha comenzado a crujir y, para muestra, los botones de la semana.

Por la mañana del miércoles, pocos dudaban en San Lázaro que en la sesión sería aprobada la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de congelar cuentas y aplicar la extinción de dominio.

Pero una reserva de la morenista Lidia García para evitar el congelamiento de cuentas sin aviso previo a sus titulares, aprobada con 225 votos a favor, encendió los ánimos, a grado tal que Mario Delgado acabó en la tribuna visiblemente molesto, iracundo con la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, quien según él no había dado el tiempo suficiente para la votación.

La sesión, suspendida por los forcejeos, gritos y manotazos, no pudo reanudarse el miércoles, pero tampoco el jueves, pues un grupo de alcaldes tomó el recinto legislativo.

Por la tarde del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a sus bancadas de senadores y diputados en el Salón Tesorería del Palacio Nacional –incluido el PVEM–, para hablarles de sus prioridades en el Presupuesto de Egresos, próximo a aprobarse.

Acompañado de Mario Delgado; la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, y Ricardo Monreal, el presidente agradeció las reformas aprobadas hasta ahora, y pidió un presupuesto con énfasis en lo social.

Pero cuando explicaba sus proyectos, algunos asistentes protestaron desde gayola por la eliminación de las partidas que anteriormente eran aprobadas para uso discrecional de los diputados.

–Que les quede claro: no habrá moches –advirtió el presidente, desatando protestas anónimas y silbidos de legisladores que reclamaban la intermediación para poder “bajar los recursos” a sus distritos, municipios y comunidades.

–No sean conservadores, ¿saben por qué Carstens sacaba presupuestos por unanimidad?, por esas prácticas, que ya se acabaron –reprendió el presidente a los diputados.

El presidente dio por terminada la reunión casi a las 9 de la noche, dejando detrás un primer desencuentro de consecuencias desconocidas hasta el próximo jueves, cuando sesione la Cámara para aprobar el Presupuesto 2020.

Así el escenario, la que viene será una semana crucial para el futuro de la mayoría legislativa que acompaña al presidente en su llamada “cuarta transformación”. 

Aspavientos aparte, sería deseable que, al terminar todo este proceso, no sea necesario volver a decir: “pero qué manera de legislar”.

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