Tres pueblos mayas de Yucatán realizarán el 25 de julio sus propias consultas en relación con las granjas porcinas instaladas en la región. Un ejercicio similar al que ya han hecho otros pueblos. Los indígenas buscan sentar jurisprudencia, para que las consultas sean autogestionadas y no acotadas por las reglas del gobierno federal

Texto: Daniela Pastrana

Foto:  Alberto Velázquez

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres pueblos mayas de Yucatán —Kinchil, San Fernando y Celestún— han decidido impulsar, con sus modos y sus tiempos, sus propias consultas para decidir si quieren o no las megagranjas porcícolas que se han instalado en sus territorios.

La consulta se realizará el próximo 25 de julio. En conferencia de prensa, los representantes de los pueblos aseguraron que no van a pedir que el gobierno nacional o al Instituto Nacional Electoral que les regulen las consultas, sino que buscan sentar jurisprudencia para que los pueblos realmente sean quienes decidan sobre lo que pasa en sus territorios.

“¿Cuántos millones de votos quiere el INE (para considerar que una consulta sea vinculante)?  No necesitamos esos elementos técnicos para consultar al pueblo”, dijo Cristina Muñoz, del Equipo Indignación, organización que acompaña el proceso.

“En estas consultas convocadas desde el Estado se usan formas de representación política que los pueblos no entienden. Entonces, convocan a los comisarios ejidales, entendiendo que ejido y pueblo es lo mismo, pero no es lo mismo. O representantes que responden a intereses de partidos, no de los pueblos. Lo que vemos es cómo las agendas políticas y económicas están a una distancia enorme de las agendas de los pueblos. Y no vamos a pedir que nos regulen las consultas, sino que queremos que haya jurisprudencia para que efectivamente los pueblos tomen las decisiones sobre sus territorios”.

La jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales, que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento determinado y que establecen una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. 

Esta consulta del 25 de julio sería la cuarta que realizan los pueblos mayas.

La primera fue en Chablekal, una pequeña localidad del municipio de Mérida, en 2011, para la reubicación del ruedo y hacer una plaza propuesta por el pueblo. La segunda fue en 2014 en Kimbila, municipio de Izamal, cuando las autoridades quisieron poner un mercado sobre un campo de futbol y junto a un pozo prehispánico; el pueblo organizó una consulta en la que los pobladores dijeron que sí querían un mercado pero en otro lugar. 

La tercera fue en Homún, el pueblo pionero en la batalla de los mayas contra la amenaza de la industria porcina. En octubre de 2017, estos cenoteros vocearon con información, prepararon las papeletas, invitaron a las autoridades, y llevaron un notario. Con los resultados bajo el brazo iniciaron la batalla legal en los tribunales contra la granja porcícola de la empresa Kekén.

Esa batalla la conocen bien José May y Doroteo Hau Cuc, representantes de kanan ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes). Destacaron que ya es hora de que el gobierno reconozca la voz del pueblo y respete su derecho a decidir.

Carlos Llamá, del pueblo de Kinchil, e integrante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik´in Ja, explicó que están invitando también a las autoridades y a la empresa Kekén.

“Queremos que frente al pueblo nos explique su postura. Porque entre ellos negocian y deciden qué hacer con nuestro territorio. Somos invisibles y nos ven como un elemento de trabajo”, dijo.

En la península de Yucatán se han instalado en los últimos años cientos de granjas de cerdos para satisfacer las necesidades del mercado asiático.

Los comités mayas que están convocando a la consulta no sólo buscan defenderse frente a las afectaciones que ya padecen en sus pueblos. También buscan cambiar la relación con el Estado, que hasta ahora “sigue siendo racista, tutelar y colonial”, indica un comunicado de los pueblos convocantes. 

La autoconsulta, dice el documento, es producto del silencio de las empresas y las autoridades ante las afectaciones, riesgos y consecuencias que traen consigo estos proyectos de desarrollo.

El equipo Indignación, señalaron que están acompañando este proceso a través de la observación de derechos humanos; es el propio pueblo quien se está convocando y quien está organizando todo el proceso. 

La consulta se encuentra en la fase informativa, con la realización de asambleas el jueves 15 de julio a las 6 de la tarde en Celestún, el viernes 16 a las 10 de la mañana en San Fernando (municipio de Maxcanú) y este mismo viernes a las 6:30 de la tarde en Kinchil. La fase consultiva se realizará simultáneamente el día domingo 25 de julio.