Las reducciones presupuestales a la agenda social, el desencanto con el gobierno de corte derechista y las movilizaciones en países vecinos causaron que Colombia se sumara a la ola de protestas en Sudamérica. Desde el 21 de noviembre, miles de ciudadanos han tomado las calles sin que el toque de queda ni la presencia del ejército diluya la movilización. Este miércoles se espera un segundo paro nacional

Texto: Alex Sierra*

A solo tres años de haber firmada la paz, en Colombia han sido asesinadas más de 23 mil personas, el porcentaje de víctimas menores de 25 años es del 43%, según cifras ofrecidas por la policía. Por otra parte el desplazamiento forzado ha obligado a más de 170 mil personas a huir de sus viviendas, luego del acuerdo de paz y en el escenario menos alarmante, los asesinatos a líderes(zas) sociales supera los 300 casos por razones como la defensa del agua y territorios ante el embate de nuevos grupos criminales, la defensa del agua, oponerse a proyectos de explotación minera, o simplemente disentir o defender los derechos humanos. 

La violencia sociopolítica 

El gobierno de Iván Duque a través de sus ministros de Defensa ha sido ineficaz para frenar la ola de homicidios selectivos. Y a juicio de las organizaciones defensoras de derechos humanos, insulta la memoria de las víctimas minimizando las razones para los crímenes como supuestos “líos de faldas”, “hechos aislados” o poniendo en duda el liderazgo que ejercían antes de ser asesinados(as).

El naciente partido político de las FARC, hoy llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también ha denunciado la sistemática violencia homicida contra los excombatientes. El caso más repudiable fue el asesinato del excombatiente Dimas Torres por miembros del ejército. Fue denunciado por la comunidad de la vereda Campo Alegre, municipio de Convención (Fronteriza con Venezuela), que parte de miembros activos del ejército tenían por objetivo el asesinato y desaparición forzada del exguerrillero.

A estos hechos violentos se suman los videos que a diario a través de redes sociales filman ciudadanos del común y que comprometen a miembros de la policía abusando de su autoridad en las calles de las ciudades del país. Su difusión genera el repudio al uso desmedido de la fuerza de la policía y el ejército.

Tal vez la gota que rebasó la copa fue el bombardeo que ordenó en agosto el presidente Duque y que en su momento se anunció como un exitoso golpe a las reincidencias de las FARC. Luego se descubrió que las víctimas habrían sido 18 niños, tres de los cuales fueron fusilados por el ejército. Este caso generó a un debate de Control Político en el Congreso de la República,  y llevó al a que el ministro de Defensa dimitiera en medio del apoyo irrestricto del Presidente a su saliente ministro.

Otras causas de la crisis

Meses atrás, el escándalo transnacional de la firma brasilera Odebrecht en Colombia tuvo un giro novelesco cuando el entonces fiscal General de la Nación, encargado de adelantar las investigaciones penales en el país, resultó envuelto en un escándalo por haber sido a su vez abogado del hombre más rico del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, involucrado desde su grupo Bancario Aval en la recepción de sobornos para adjudicación de obras, según lo señaló Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia. 

Un testigo clave del proceso, Jorge Enrique Pizano, murió por un supuesto paro cardiorrespiratorio, y cuatro días después su hijo Alejandro murió envenenado por cianuro luego que bebiera una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Las investigaciones frente a este caso no avanzan, pero el daño estaba hecho y se suma a los muchos casos de corrupción que involucran a políticos, empresarios, y funcionarios públicos. El cansancio frente a la gran corrupción es evidente en un país con una clara desaceleración económica desde el 2016.  

Los recortes en el presupuesto público, su afectación en temas centrales como la educación superior pública, y la profundización de una doctrina neoliberal que busca acabar con el sistema público de jubilación, reformar el sistema laboral en beneficio de los empresarios, y reducir aún más el endémico sistema de salud, son otras variables que están explícitamente propuestas por los promotores del paro que se inició el pasado 21 de noviembre.  

A este complejo escenario de país se suma un gran desencanto social hacia la figura del presidente Iván Duque, a quien muchos señalan de ser un títere del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, de corte ultraderechista y líder del partido de gobierno “Centro Democrático”. Por si eso fuera poco, la crisis venezolana tiene a Colombia como el principal receptor de una ola migratoria que supera 1.5 millones de personas, que genera brotes de xenofobia y rechazo social hacia los venezolanos en todo el país. 

El Paro Nacional o movimiento del 21N

Según cifras oficiales, el pasado 21 de noviembre marcharon en Colombia 270 mil personas, pero esa cifra sería muy superior. Según otras fuentes, ese número sólo habría salido a las calles en la ciudad de Medellín, la segunda en habitantes del país y cuna del apoyo histórico a la doctrina Uribista. 

Los sectores que integran el comité central del paro nacional iniciado el 21 de noviembre coinciden en su desencanto y rechazo hacia la figura del presidente Iván Duque, pero reivindican diferentes demandas que van desde frenar la minería, implementar sin reparos los acuerdos de paz, la protección del medio ambiente, impedir reformas regresivas en materias laborales o pensionales, combatir eficazmente la corrupción, hasta detener la caza de tiburones, recientemente aprobada por el ministerio de Agricultura y generó el rechazo por sectores ambientalistas. 

Las otras marchas

Son muchas las personas que se han movilizado en Colombia en los últimos días. Muchas son jóvenes que no sólo han liderado las movilizaciones, sino que se han tomado como una cruzada el rechazo a todo tipo de habituales liderazgos. Tanto Álvaro Uribe como el mismo excandidato de izquierda Gustavo Petro han sido cuestionados por sus intentos de usar el paro a favor o en contra de sus intereses electorales y populistas. 

La tarde del pasado sábado 24 de noviembre, un joven llamado Dylan Cruz de tan solo 18 años, y quien hace tan sólo semanas culminó la secundaria, resultó gravemente herido en la cabeza durante una marcha en Bogotá. Un policía del llamado Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD- disparó de manera directa un gas lacrimógeno que golpeó a Dylan en la cabeza. Casi de inmediato en las redes sociales circularon videos que muestran al joven corriendo y al policía disparándole por la espalda. Dylan murió el martes 26 en un hospital, y se convirtió en todo un símbolo de lucha.

Existe además un importante número de jóvenes que han salido a las calles a protestar de manera violenta, que no estudian ni tienen formación política, que no tienen trabajo porque tampoco cuentan con formación alguna. En Bogotá se tomaron un bus en medio de una fiesta de anarquía, en Cali protagonizaron desmanes y confrontaciones directas con la policía. 

Esos jóvenes, que en Colombia son miles, son las víctimas y también victimarios directos de las violencias homicidas de los barrios, espacios tan violentos como excluidos. Son los que engañados con promesas lícitas o ilícitas alimentan los ejércitos, y son la carne de cañón de grotescas prácticas como los “falsos positivos” realizadas por el ejército oficial de Colombia. Esos jóvenes no encuentran en el inmediato presente muchas alternativas para construir un futuro. 

La conexión latinoamericana

Algunos sectores de derechos ven en las movilizaciones de Bolivia, Venezuela, Chile o Colombia, una especie de “contagio” del socialismo o la izquierda. Lo cierto es que cada protesta social obedece a situaciones muy concretas y específicas, pero es claro que las redes permiten una convocatoria sin precedentes, un mayor ejercicio del desencanto y en Colombia algunas personas señalan que: “Si pudieron en Chile o Bolivia, ¡Acá también podemos!” como si se tratara de una misma causa.

Un movimiento sin dueños, pero con muchos sueños

En Colombia, puntualmente, resulta difícil que exista una instancia electoral o política que pueda recoger el tamaño del desencanto. De otra parte, la arrogancia de un gobierno que juzga a sus contradictores como terroristas o vándalos, no es una buena señal para el dialogo que requiere el país para no seguir repitiendo su histórica violencia.

Al poder, entendido este en su gran diversidad: económico, político, social y académico, le cabe la histórica responsabilidad de atender un clamor popular diverso, complejo y lleno de razones para hacer de la protesta social el inicio de una nueva etapa, o el retorno a un largo espiral de violencias. 

Luego del asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán en 1948, que marcó el inicio de la llamada violencia en Colombia, se hizo célebre una frase supuestamente atribuida a uno de los protestantes que decía: «¡Señores oligarcas, ya que no quisieron compartir el país con nosotros, vamos a arrasarlo hasta sus cimientos! ¡Ya que no quisieron darnos un lugar en el país, no habrá país para nadie!»  Hoy sigue siendo cierta la necesidad de hacer un país para todos(as). 

*Alex Sierra (Bogotá) es antropólogo y durante los últimos 15 años ha trabajado como investigador y consultor independiente en temas relacionados con los derechos humanos, la cooperación internacional para el desarrollo y las políticas públicas en Colombia, en las zonas de conflicto armado y en las comunidades vulnerables en su país.

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