Las instalaciones de la firma San Gerardo contaminan el agua, el aire y el suelo de la comunidad maya de Santa María Chi. Autoridades judiciales en Mérida impusieron una suspensión provisional y evalúan aplicar una medida definitiva. La empresa de los Loret de Mola amedrenta a los habitantes del pueblo y sus líderes sociales

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

Actualización 20 de diciembre 2023

YUCATÁN. – Santa María Chi respira esperanza. Tras casi tres décadas de sufrir la presencia contaminante de una mega factoría de cerdos propiedad de la familia Loret de Mola, la comunidad maya se encuentra muy cerca de sentar un precedente que, dado el contexto de nula ayuda gubernamental y el peso político y económico de los dueños de la instalación, merodea lo histórico.

Ocurre que las autoridades judiciales de Yucatán fijaron una suspensión provisional para la mega granja, y aunque la empresa apeló esta decisión, el tribunal desechó sus recursos legales. Ahora, el próximo 9 de enero se definirá si la suspensión es definitiva.

El establecimiento en cuestión integra más de 42 mil cerdos y en los últimos 15 años, según pericias impulsadas por las y los vecinos de esa comisaría, su funcionamiento generó la contaminación total de las reservas de agua y el ambiente de Santa María Chi.

La vigencia de la suspensión fue notificada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) a través de un comunicado emitido el miércoles 13.

El organismo destacó la intervención de la Jueza Cuarta de Distrito en Mérida “luego de que el pasado 28 de noviembre de 2023, niñas, niños y adolescentes de Santa María Chi presentaran una demanda de amparo en contra de la Semarnat, Profepa , el Gobernador de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Alcalde de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento por la operación y funcionamiento de la granja de cerdos…”.

Según el IFDP, “la Jueza Cuarta de Distrito en Mérida, Yucatán, admitió y concedió la suspensión provisional para el efecto de que ‘las autoridades responsables en el ámbito de su competencia ordenen la inmediata paralización de operaciones de la citada granja, esto incluye detener la introducción de más cerdos a la granja’”.

Al mismo tiempo, el organismo señaló que las autoridades judiciales del estado llamaron “a juicio como terceras interesadas a las empresas Pecuaria Peninsular SPR de RL de CV, Chumoxil SA de SV y a Grupo Porcícola San Gerardo”.

Las consecuencias de San Gerardo

Precisamente, San Gerardo es la compañía que ejerce el control de la mega porcícola que funciona en Santa María Chi –distante 20 minutos de Mérida y que reúne a poco más de 500 habitantes–. Francisco José Loret de Mola y Oswaldo Loret de Mola Codwell, señala IFDP, figuran como representantes legales de la empresa.

Por último, en la demanda de amparo se mencionan múltiples “violaciones al derecho a la salud, el agua y el medioambiente sanos” por parte de la porcícola, ilícitos que justifican la decisión judicial notificada esta semana y alienta la posibilidad de la suspensión definitiva que podría cobrar forma el lunes 18.

En rueda de prensa, Wilbert Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chi, recordó que en mayo de este año San Gerardo realizó diversas quemas de excretas de cerdos provocando entre la población “problemas respiratorios, faringitis, bronquitis, asma y rinitis, problemas que se han agravado hasta volverse crónicos sobre todo en niños y adultos mayores”.

El dirigente destacó que la comunidad lleva más de 8 meses reclamando se atienda el desastre ambiental que padece “sin recibir respuesta” alguna por parte de las autoridades gubernamentales de Mérida, incluido el presidente municipal Renán Barrera Concha.

“Estamos dando un paso adelante como comunidad. No nos vamos a dejar intimidar por defender nuestros derechos. Nos denigran por ser pobres, por no saber leer, por ser ignorantes, y piensan que apenas somos unos cuantos. Pero sabemos que como pueblos originarios tenemos derechos locales, nacionales e internacionales. Esto es, convenios y tratados que no dan a conocer porque quieren que el pobre quede más pobre y que carezcamos de educación en estos temas”, enfatizó.

Nahuat Puc sostuvo que “la falta de regularización ambiental de esta granja deja al descubierto la corrupción, la falta de interés por solucionar problemas ambientales, jurídicos y administrativos” por parte del poder político de Mérida en particular y del estado en general. Resaltó, también, que Santa María Chi podría correr el destino de otro territorio sacrificado para el engorde económico de las familias que, a modo de feudo, mandan en Yucatán.

Y que una prueba de ello está en el tamaño y el número de cerdos concentrados en la mega factoría, un volumen de animales que rebasa largamente a la población total de la comisaría. “Son al menos 80 cerdos por cada habitante de Santa María Chi”, precisó el comisario.

Falta de control y avasallamiento de derechos

“Realizamos más de 20 denuncias populares en estos meses. Todos aquí realizamos esos pedidos en línea ante la Semarnat, a quien pedimos intervención. Estos pedidos han sido omitidos hasta la fecha aunque es su obligación, junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, garantizar la manifestación de impacto ambiental. Tenemos el derecho humano a vivir en un ambiente sano. También hicimos denuncias ante la Profepa para que investigue las infracciones a las normas ambientales y aplique sanciones. Tampoco ha actuado hasta la fecha”, detalló.

San Gerardo opera como aparcera –esto es, proveedora– de Kekén, la compañía del Grupo KUO que monopoliza la producción de carne de cerdo en la Península de Yucatán.

Desde mayo a esta parte, período de profundización de la resistencia a la mega factoría que encarna la comunidad, la empresa de los Loret de Mola viene desplegando una estrategia de amedrentamiento que, llevada a cabo por el personal de seguridad de la firma, incluye desde la persecución judicial al mismo Nahuat Puc hasta el seguimiento a vecinas y vecinos de Santa María Chi a través de las calles del pueblo y la filmación forzada e ilegal de esas mismas personas.

Lo dispuesto ahora por las autoridades judiciales entreabre la puerta a una solución contundente a favor de la comunidad maya, víctima indiscutible de un ecocidio derivado tanto del accionar impune de la porcícola como de la connivencia del poder político que predomina en Yucatán.

El próximo lunes 18, jornada en que se tratará la posible suspensión definitiva de la mega factoría, la población de Santa María Chi sabrá cuál es la posición de la Justicia ante un escenario que, moldeado a fuego lento por la dirigencia al frente del Ayuntamiento de Mérida y los organismos de control, sigue operando a favor de las prácticas de contaminación, criminalización de la resistencia social, y avasallamiento de derechos y libertades ejecutadas por San Gerardo.