La Suprema Corte ha postergado el fallo sobre un amparo promovido por comunidades mayas de Yucatán contra una norma ambiental de 2022, la cual busca regularizar de forma unilateral a cientos de megagranjas porcícolas que operan en la ilegalidad. La resolución será crucial para definir la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a decidir sobre su territorio frente a la expansión agroindustrial en las comunidades del sureste del país

Texto: Andrea Amaya

Foto: Patricio Eleisegui / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- El derecho fundamental de los pueblos originarios a decidir sobre el futuro de su propio territorio y recursos naturales se encuentra en una tensa pausa legal. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía programada la votación del amparo en revisión 451/2025, un recurso constitucional promovido por comunidades mayas de Yucatán para exigir que ninguna regulación o megaindustria se imponga en sus tierras sin su consentimiento explícito. Sin embargo, en la sesión del Pleno, las y los ministros decidieron dejar el tema «en lista», postergando un fallo crucial que definirá la autonomía de estas comunidades frente a la expansiva industria porcícola de la región.

El amparo analiza la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, emitida en diciembre de 2022 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, bajo la administración del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal. De acuerdo con organizaciones civiles y los comités comunitarios, dicha norma fue publicada de forma unilateral y sin un proceso de consulta indígena, violando tratados internacionales y la propia Constitución mexicana.

El origen de la disputa: regularizar la clandestinidad

La organización Kanan Derechos Humanos apunta que la urgencia del Gobierno del Estado por implementar esta norma técnica responde a un crecimiento desmedido e irregular del sector agroindustrial, y que diagnósticos elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y organizaciones como Greenpeace revelan que en Yucatán operan actualmente más de 500 megafábricas porcícolas. El dato crítico es que menos del 20 % de estas instalaciones cuenta con los permisos correspondientes y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) obligatorias para operar.

El litigio penal y administrativo, acompañado jurídicamente por esta organización, señala que la normativa cuestionada no fue diseñada para sancionar el desastre ecológico, sino para facilitar que el 80 % de las granjas que operan en la ilegalidad obtengan permisos de forma expedita.

«Se presentó en las mesas de diálogo no como una propuesta o materia de consulta para los pueblos, sino como una imposición de cumplimiento inmediato», explicó el abogado Miguel Anguas. Añadió que la norma reduce la apertura o regularización de megagranjas a un trámite administrativo interno, despojando a las comunidades del derecho a decidir sobre su propio territorio.

Testimonios desde el territorio

Para los habitantes de la región, el debate no es técnico ni meramente jurídico; se trata de una crisis que afecta su cotidianidad en ámbitos de salud, economía, el tejido social y sus formas ancestrales de vida. Representantes de las comunidades de Chapab de las Flores y Kinchil exponen que estas afectaciones directas las sufren desde hace años.

Matilde Dzib, apicultora originaria de Kinchil e integrante del colectivo Kanan Lu’um Moo, relató el impacto devastador que la industria ha tenido sobre la biodiversidad local:

«Nos conformamos a raíz de la instalación de las naves de granjas porcícolas en nuestro territorio. Notamos el cambio de color en nuestros cenotes y la contaminación que llegó a ellos, afectando la apicultura. La empresa fumigaba contra las moscas y terminaba matando a las abejas polinizadoras».

Además, la defensora denunció que monitoreos del aire realizados por la Semarnat arrojaron altas concentraciones de amoniaco, lo que coincide con un repunte local de enfermedades de la piel y cáncer de estómago: «Como mujer indígena, sé que los gobiernos tienen una deuda histórica con nosotros. Ya basta de que las autoridades prefieran a estas empresas y sigan pisoteando nuestros derechos», sentenció.

Por su parte, Ismael Salazar, ejidatario de la comunidad de Chapab, demandó el despojo de tierras y la severa afectación a los servicios básicos del municipio:

«Esa granja nos tiene invadidas 65 hectáreas del ejido. Nos perjudica bastante por la pestilencia y las moscas que no te dejan comer tranquilo. Además, cuando sueltan la llave del agua potable, el agua huele a suciedad de cochino. Hay muchos niños en la comunidad, y las familias lavan los trastes y la ropa con esa agua que ya está completamente contaminada».

Salazar detalló que la plaga de mosca blanca derivada de la actividad porcina ha mermado la producción de cultivos tradicionales de maíz, calabaza y sandía, afectando el sustento de las familias y de más de 120 apicultores ejidales.

Racismo climático y el freno del Poder Judicial local

El camino legal de las comunidades mayas ha sido obstaculizado de manera sistemática en las instancias locales. Según denunciaron las organizaciones Racismo MX y ProDesc, el Poder Judicial Federal en Yucatán desechó inicialmente las demandas de amparo bajo el argumento de que los habitantes no contaban con «interés legítimo» para impugnar la norma estatal, una interpretación que calificaron de restrictiva y arbitraria.

A este panorama se suma que el actual gobierno estatal, encabezado por Joaquín Díaz Mena, ha dado continuidad a la aplicación de la polémica norma técnica a pesar de los recursos legales interpuestos.

Las organizaciones que acompañan el caso advierten que este conflicto es un claro ejemplo de racismo climático.

«Hablamos de un sistema de opresión estructural que determina qué comunidades importan y cuáles son invisibilizadas; define qué vidas se consideran valiosas y cuáles se perciben como prescindibles», señalaron representantes de Racismo MX. Las organizaciones apuntan que la Suprema Corte suele homologar de forma genérica los criterios organizativos de los pueblos indígenas del centro o sur del país (como Oaxaca o Michoacán) para evaluar las demandas en Yucatán, ignorando la realidad sociocultural particular de cada pueblo.

La responsabilidad en manos de la SCJN

El proyecto de sentencia que por el momento la Suprema Corte ha congelado, bajo la ponencia de la ministra Sara Irene Herrería Guerra, propone una visión progresista: reconocer el interés legítimo de los habitantes para defender su entorno y analizar a fondo las violaciones de la norma técnica. De aprobarse, sería el primer gran precedente posterior a la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Las comunidades y colectivos exigen al máximo tribunal del país una resolución que obligue al Gobierno de Yucatán a:

• Suspender de inmediato la aplicación de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22 y reponer el proceso mediante una consulta indígena formal.
• Establecer la consulta previa como un requisito indispensable y vinculante para la apertura, regularización o el abandono de cualquier megagranja.
• Y reconocer la legitimidad jurídica de los miembros de las comunidades para promover amparos en defensa de sus derechos colectivos.

Mientras la Suprema Corte reprograma la fecha para discutir el proyecto, las comunidades mayas advierten que su resistencia continuará desde sus comunidades. Para los habitantes del poniente de Yucatán, el fallo de los ministros determinará si las instituciones del Estado mexicano priorizan el capital agroindustrial o el derecho a la salud, al agua limpia y a la vida de los pueblos originarios.