En 2015, Javier Duarte dejó de pagar las pensiones de los jubilados en Veracruz. Durante una protesta, pensionados y reporteros fueron agredidos por policías con el rostro cubierto con armas largas y armas eléctricas paralizantes. Durante una disculpa pública, los afectados piden castigo a los responsables

Miguel Ángel León Carmona

Fotos: Yerenia Rendón

XALAPA, VERACRUZ.- Castigo a Arturo Bermúdez y Flavino Ríos Alvarado, pidieron reporteros y pensionistas de Veracruz durante la disculpa pública ofrecida por el gobierno estatal, por las agresiones que sufrieron el 23 de diciembre de 2015 en manos de policías estatales, durante el mandato de Javier Duarte.

La petición de afiliados a la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) fue dirigida al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

Los pensionistas, representados por la reportera Norma Trujillo Báez, recordaron que el ex secretario de Gobierno, Flavino Ríos, y el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, desplegaron un grupo antimotín que los reprimió durante una protesta frente a Palacio de Gobierno, en Xalapa.

Lo anterior fue expuesto en la disculpa pública que ofreció el gobierno estatal este 13 de noviembre, en cumplimiento a la recomendación 32/2019 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el 28 de septiembre de 2018.A

hí mismo, los jubilados exigieron que se finquen responsabilidades a 13 integrantes del Consejo de Administración del instituto de Pensiones del Estado (IPE) por el probable uso indebido de la reserva técnica, fondo del cual desaparecieron más de 7 mil millones de pesos.

“Esperamos que esta Fiscalía, por favor, ya dé curso a la denuncia penal que tenemos nosotros. Que no la mande al archivo temporal donde ha estado siempre. Les pedimos que se haga justicia, solo así se llegará a la verdad”, dijo la presidenta de la Copipev, Adriana Sánchez Tejeda.

Historia de la represión

Pedro Linares Fernández, integrante del Copipev, recordó que los agravios contra los jubilados comenzaron desde marzo de 2015, cuando el gobierno de miJavier Duarte, sentenciado por delitos de corrupción, dejó de pagar en tiempo pensiones en a lo largo de todo el estado.

“La mayoría de las veces sólo recibimos promesas incumplidas y minutas con sello y firma de funcionarios, quienes de manera displicente repetían una y otra vez que no había dinero”, sostuvo Linares Fernández.

Las inconformidades de los jubilados, ante la falta de pagos, provocaron marchas y protestas en distintos puntos de la entidad. Una de ellas, llevada a cabo frente al Palacio de Gobierno, el 23 de diciembre de 2015, culminó con una serie de agresiones emprendidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

Linares Fernández, dijo que un día antes de las agresiones, el 22 de diciembre, el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos, se comprometió por escrito a pagar pensiones y aguinaldos, y los citó al día siguiente para acordar fechas para efectuar los pagos.

“Con toda formalidad acudimos a dicha reunión, sin pensar que eso era un acto de traición a los jubilados, una trampa, una emboscada política represiva, porque después de unos minutos de la entrevista, Flavino Ríos se retiró y llamó a la SSP para dar la orden de desalojo de nuestra protesta pacífica”, sostuvo el pensionista.  

En dicho desalojo la CNDH documentó que agentes de la SSP y mandos policiales vestidos de civil intervinieron a pensionistas y reporteros que cubrían ese evento con armas largas, armas eléctricas paralizantes, y cubiertos del rostro para no ser identificados.

“La investigación de CNDH concluye que con la violencia y represión se violaron flagrantemente nuestros derechos a la manifestación y a la protesta social pacífica, a la seguridad social, al trato digno e integridad, a la libertad de expresión y a la procuración de justicia”, señaló Linares.

“Hoy aceptamos y valoramos la disculpa del Estado. Exigimos que las denuncias avancen. La disculpa pública será realmente auténtica cuando se procese y castigue a los responsables del quebranto financiero del Instituto de Pensiones”, sostuvo el pensionista. 

Los integrantes de la Copipev denunciaron a 13 integrantes del Consejo de Administración del IPE, por el presunto saqueo de los ahorros de los extrabajadores, es decir la Reserva Técnica, dinero que por ley sólo puede usarse para ser invertido en operaciones que reditúen y beneficien a los derechohabientes. 

Entre los 13 señalados por la COPIPEV están: Octavio Gil García, exdirector del IPE; Alfredo Ferrari Saavedra, exsecretario de Desarrollo Social; Erick Porres Blesa, exsecretario de Desarrollo Económico; Fernando Benítez Obeso, exsecretario de Salud; Ricardo García Guzmán, exsecretario de la Contraloría del Estado; Xóchitl Osorio Martínez, exsecretaria de Educación y Cultura. 

También Antonio Gómez Pelegrín, exsecretario de Finanzas; Enrique Levet, líder de la FESAPAUV; Manuel Arellano Méndez, líder del SNTE 56; Faustino García Fernández, FSTSEM y ODV; Enrique Cruz Canseco, SDTEV, Asela Servín Murrieta, SETSE; Ricardo Diz Herlindo, SUTSEM; y Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino de Veracruz.

Sin investigación por agresión a pensionistas

El gobernador Cuitláhuac García reconoció durante la disculpa pública que nunca se abrieron carpetas de investigación por la agresión contra pensionistas, en el gobierno de Javier Duarte. 

La encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, dijo que no hallaron investigación relativa al caso. 

“Hay carpetas que no se iniciaron efectivamente, ya di la indicación de iniciar el proceso legal para citar a los funcionarios involucrados en este tema” añadió. 

Hernández Giadáns agregó que se indagarán probables omisiones cometidas por sus antecesores, Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler, respecto a las denuncias hechas por los pensionistas.

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