Un amparo tramitado por la defensa legal del exgobernador Javier Duarte impide que éste pueda ser juzgado por el delito de desaparición forzada. Víctimas acusan complicidad de ex fiscales y secretarios de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

Texto: Miguel Ángel León Carmona / E-Consulta
Foto: William Gularte / Cuartoscuro

XALAPA, VERACRUZ.-  Pese a que Cuitláhuac García Jiménez (gobernador de Veracruz) afirmaba lo contrario, fuentes confirmaron a E-Consulta que, debido a un amparo, a Javier Duarte no se le ha imputado el delito de desaparición forzada.

Este seis de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ejecutó una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Javier Duarte. La orden fue por el delito de desaparición forzada de personas. El hecho se viralizó en redes sociales y generó entusiasmo en colectivos de familiares de desaparecidos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía capitalina, el mandamiento judicial se notificó en el Reclusorio Norte (donde Duarte purga una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa). No obstante, él se negó a firmar dicho documento.

La autoridad informó que el caso contra el exgobernador es el denominado La Aurora; una barranca anexa a la academia de policías de Veracruz que se utilizó como “tiradero” de cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata. Presuntamente Duarte toleró u ordenó estos actos a lo largo de su sexenio.  

Una orden que no se ejecutó

Las dudas, sin embargo, comenzaron a generarse desde el mismo seis de diciembre. Ese día, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano de la Mora, negó que a su cliente le hubieran ejecutado dicha orden de aprehensión.

Campuzano sostuvo que ellos impugnaron la decisión que, meses atrás, el gobierno de Guatemala había autorizado. La decisión admitió una excepción a su tratado de extradición, lo que posibilitaba que Duarte fuera juzgado por desaparición forzada. Actualmente la decisión está en revisión.  

Lo anterior significa que, por ahora, el ex gobernador priísta solo podrá ser enjuiciado por los delitos que motivaron su extradición de Guatemala, el pasado 15 de abril de 2017. Es decir, no puede librarse ningún juicio por casos de desaparición forzada.

El pasado siete de diciembre, este medio cuestionó al gobernador Cuitláhuac García sobre la situación legal de Javier Duarte. Concretamente, se preguntó si se le había ejecutado la orden de aprehensión e imputado ante un juez por desaparición forzada.

“En efecto, corrió la versión de que se amparó. Lo que nosotros tenemos es que no surtió efecto porque ya estaba ejecutada la orden de aprehensión. Entonces ante eso un juez no puede amparar porque es un hecho que ya estaba consumado. Esa es la información que tengo”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

Y agregó que es probable “que ya él tenga otras artimañas», pues la carpeta. de investigación se hizo mal «a partir de que tuvieron un acuerdo Javier “N”, Yunes y gente de gobernación en el gobierno de Peña”.

Este 10 de diciembre, fuentes oficiales confirmaron que, debido al amparo, esta orden no se pudo cumplimentar en contra de Javier Duarte. En consecuencia, tampoco se llevó a cabo la audiencia de imputación.  

Con ello, el reclamo de justicia de familiares de personas de desaparecidos en Veracruz quedará pausado por tiempo indefinido. Este hecho se da a un mes de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Veracruz. Durante esta, el organismo destacó la impunidad que prevalece en el fenómeno de las desapariciones ligadas a funcionarios.

Winckler, culpable si Duarte no paga por desaparecidos: Abogado

Para el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es responsable de que que, hasta el día de hoy, no se haya juzgado a Javier Duarte por el caso de La Aurora. Debido a que cuando México solicitó su extradición, la Fiscalía de Veracruz, en el periodo de Jorge Winckler, solo incluyó delitos de corrupción y no el de desaparición forzada.

En entrevista con E Consulta Veracruz, el jurista explicó que la regla de especialidad del convenio de extradición México-Guatemala señala que, en casos como los de Javier Duarte, solo se le puede juzgar por los delitos que expresamente se señalen en la solicitud de extradición.

Agregó que, en caso de que haya una excepción en el Tratado, este deberá contar con las mismas formalidades que se utilizaron para la suscripción del mismo. Es decir, la aprobación del órgano legislativo que le dio vida, tanto en Guatemala como en México.

Un pacto de impunidad

Espinoza Rivera es abogado de cinco familias originarias de Playa Vicente, Veracruz. Los hijos de estas cinco familias desaparecieron a manos de policías de estatal en el municipio de Tierra Blanca, en enero de 2016. Las víctimas, presuntamente, se entregaron a un grupo la delincuencia organizada. Este grupo las asesinó en el rancho El Limón (predio dedicado a la tortura, robo de combustible y automóviles), donde se exhumaron miles de restos humanos que habían sido calcinados.

Espinoza sostiene que la administración de Yunes desdeñó denuncias más sólidas por desaparición forzada. Estas denuncias ligaban a los más altos mandos de la administración pasada (incluido Javier Duarte), a distintos casos en la entidad. Entre ellos, el caso de Tierra Blanca, por el cual hay 21 personas detenidas: ocho expolicías y 13 civiles.

“Pareciera que hubo un pacto de impunidad a favor de Duarte, Arturo Bermúdez o de la Secretaría de Marina, puesto que se ha evadido determinar si existe o no responsabilidad penal de cualquiera de ellos en diversos casos de desaparición forzada incluyendo el caso Tierra Blanca. En ese caso en especial nunca hubo voluntad política, a pesar de que Yunes Linares, cuando era candidato a gobernador, visitó a los padres de Playa Vicente en el ministerio público de Tierra Blanca, donde acamparon durante casi 5 meses y él les ofreció su apoyo”.

El entrevistado recalcó que, a pesar de que en febrero de 2017 (cuatro meses antes de la extradición de Duarte) se amplió la denuncia en contra de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (incluido el propio Javier Duarte); la investigación relacionada con la cadena de mando nunca fue tomada en cuenta.

ONU pide que se investigue a Bermúdez y Duarte por caso Tierra Blanca

Este siete de diciembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas remitió una nota a la representante permanente de México ante la Oficina de la ONU en Ginebra. Ahí hacía referencia a las Acciones Urgentes 289/2016 a 292/2016, relativas al caso Tierra Blanca. Expresamente recomendó robustecer la investigación para indagar al exsecretario de Seguridad en el gobierno de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.

En esa nota, entre otras cosas, el Comité de Desaparición Forzada (CED), señala:

“…Según la información de la que dispone el Comité, parecería que resultaría necesario que en dicha investigación se tomaran en cuenta otras investigaciones que enfrenta actualmente el ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz por delitos de desaparición forzada en contra de otras 15 personas, por enriquecimiento ilícito y por abuso de autoridad. El juez encargado de las investigaciones habría considerado que no se contaban con elementos de tipo penal para vincular a proceso al funcionario, sin que se tenga hasta el momento información de los avances de la Fiscalía en la investigación…”.

*Esta nota fue realizada por E-CONSULTA VERACRUZ. Aquí puedes leer la original.