El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el «acta de negociación» para el rescate de mineros en Pasta de Conchos; los trabajos iniciarán, a más tardar, en septiembre de 2021

Texto y fotos: Duilio Rodríguez

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.-  Fue un encuentro agridulce. Por una parte, la esperanza de que se rescate a los cuerpos atrapados en la mina hace 14 años. Por otra, la desilusión de que, en el último momento, se dejó fuera a las familias que han peleado todos estos años por el rescate.

Al acudir por primera vez a las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, el presidente firmó el acta compromiso para el inicio del Rescate Integral, cuyo objetivo central es excavar para extraer los restos de los trabajadores sepultados desde la explosión de la mina propiedad de grupo México. De acuerdo con el gobierno federal, los trabajos comenzarán a más tardar en septiembre de 2021 para concluir en agosto de 2024.

En el evento participaron las secretarias de Gobernación y del Trabajo, Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde, así como Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia que dirigirá las obras de rescate

“De acuerdo con el programa de excavación, se tiene confianza en que el inicio de la búsqueda directa será en el primer trimestre de 2022 para concluir en agosto del 24”, dijo Bartlett.

Por su parte, ante la presencia de 52 viudas de los mineros que quedaron sepultados, el mandatario refrendó su compromiso con el rescate y la intención de llegar a una solución amistosa, ante la demanda interpuesta por las familias contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Negociación sin los demandantes

El presidente leyó parte del “acta de negociación” dirigida a la CIDH:

“En relación con el asunto de los familiares de las 65 víctimas fallecidas en la explosión de la mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de enero de 2006, en el marco del caso 13 mil 552 en trámite, ante esa comisión, me permito informarle que he instruido a las autoridades competentes de mi gobierno a iniciar un proceso de negociación con dichos familiares para que se logre un acuerdo de solución amistosa”

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Sin embargo, los familiares que presentaron la acusación ante la CIDH, y con quienes el gobierno propone dialogar, no estaban en el evento, sino afuera, protestando porque no los dejaban entrar.

Las únicas invitadas fueron las 52 viudas que han aceptado una indemnización sin rescate, y que no son parte de los quejosos ante la Comisión Interamericana, que ya admitió el caso y esta en la etapa de la preparación del informe de fondo.

“No es un problema de viudas”, dijo, vía telefónica, la activista Cristina Auerbach, que ha acompañado a las familias de los mineros durante estos 14 años.

“No es más víctima una viuda que una mamá, un papá, un hermano o una hija. Y las familias tienen tanto derecho a opinar y a recibir la justicia que la viuda. El problema es que en la Secretaría del Trabajo lo están viendo sólo como un tema de indemnizaciones, pero estamos hablando de derechos humanos. La demanda reparación del daño y de no repetición ante la CIDH es de las familias, no de las viudas”.

El gobierno federal, dijo, debe distinguir entre quienes son peticionarios y quienes no, porque es absurdo que el presidente hable de una negociación cuando deja afuera del evento a las personas que están demandando al Estado mexicano.

“Qué bueno que el presidente se comprometió con el rescate, pero la CIDH no es la parroquia”, dijo Auerbach.

“Las familias si quieren una solución amistosa, pero lo primero es que empiecen las obras de rescate físico. No son sólo las obras y las indemnizaciones, sino el rescate”.

Pese a todo, aclaró, las familias tienen esperanza en que se cumpla el compromiso y no ven mala voluntad ni del presidente ni del subsecretario del Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sino una gran distancia “entre lo que dice López Obrador y cómo baja esa instrucción por el aparato del Estado”.

El acuerdo

En el “acta de negociación” el gobierno federal se compromete, primero, a entregar a las familias una indemnización a cada una, y prevé hacerlo “antes de que finalice este año”. López Obrador explicó que ya instruyó a la secretaria de Hacienda para que hagan llegar los recursos para la indemnización de las 65 familias.

Además, a través de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se realizará obras de mejoramiento urbano en las comunidades populares de Nueva Rosita, para introducción de drenaje, agua potable, pavimentación de calles , construcción de viviendas, entre otras acciones.

La tercera acción, que es la demanda central de los familiares que no entraron, pero no de las viudas, es el rescate de los restos de los mineros fallecidos. En ese punto, el presidente habló de su preocupación por el tiempo que llevará concretar el rescate, pues “no es conveniente” dejar ninguna obra para la siguiente administración.

«Había esta posibilidad, con riesgo. Y también con un costo considerable. Como aquí no es lo más importante el dinero, no voy a hacer referencia a esa inversión. Se habló del tiempo que puede llevarnos el rescate. Con nuestra presencia estamos acreditando que vamos a llevar a cabo el rescate con la CFE y sus técnicos, van ellos a disponer el presupuesto que se necesite. No hay límite, todos deseamos tener éxito, que rescatemos los cuerpos», dijo el presidente.

En la presentación técnica que hicieron funcionarios de la CFE el rescate puede durar entre 4 y 8 años.

También aseguró que una vez rescatado los cuerpos, él área de la mina va a quedar como un memorial.

«No se va a profanar, no se va a tocar la mina, va a quedar como un memorial para recordar siempre a sus familiares, a ellos y todos los que han perdido la vida en las minas en México”.

La memoria

La mina de Pasta de Conchos está en un lugar semidesértico. El lugar estaba resguardado por la policía estatal. En los accesos había gente con pancartas de bienvenida al Presidente pero también pidiendo que los dejaran entrar. Las familias esperaron casi tres horas, en medio de una tolvanera de polvo de carbón.  Al final, se percibía un ambiente de esperanza por el rescate, pero de tristeza por el desgaste que han tenido durante 14 años las familias y las propias viudas.

Justo en la entrada de la mina, hay un altar dedicado a los 65 mineros, abandonado y con flores secas. Algunas asistentes explicaron que solo dejan entrar a las familias en cada aniversario y día de muertos.

La mina pertenece a Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país, que durante años negó la posibilidad del rescate de los cuerpos, y nunca se responsabilizó del accidente. Ahora ni siquiera ha intentado participar en los gastos.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero censuró la irresponsabilidad de las autoridades y la insensibilidad de la empresa porque al suspender las tareas de rescate «se impide proceso de duelo (…) En su corazón pesa más la ausencia de seres queridos que diez toneladas de tierra, ese peso se levantara siguiente el camino de la reparación integral. Será un camino largo que terminará cuando se pueda construir un memorial que honre su memoria”