Para evadir despojo de agua en Ayutla, Murat fabrica montajes: comuneros

12 diciembre, 2020

Dos montajes en año y medio y una comunidad indígena que atraviesa la pandemia de covid 19 sin agua es el saldo del gobierno de Alejandro Murat. El gobernador ha politizado un conflicto que cada día se acerca más a una crisis humanitaria en la sierra norte oaxaqueña.

Texto y Fotos: Antonio Mundaca

Edición y video: Karen Rojas Kauffmann

AYUTLA, OAXACA.- En un año y siete meses, el gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca hizo al menos dos montajes en los que fingió resolver el despojo del manantial contra la comunidad de Ayutla Mixe, que lleva casi tres años sin agua. Periódicos pagados, notas de prensa falsas y, el último, la inauguración de una obra elefante blanco, fueron calificadas como “hechos históricos” por el propio mandatario. 

Mientras, la violación sistemática de derechos humanos y las denuncias del incremento de grupos de la delincuencia organizada que se apoderan de la sierra norte oaxaqueña,  fue “reducida” por el gobierno estatal “a un conflicto de comunidades por tierras ancestrales”. 

Promesas incumplidas al presidente

En ese período el gobernador faltó a la promesa de reconectar “en días” el suministro del agua para Ayutla Mixe. Murat adquirió este  compromiso frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 19 de agosto de 2019. 

Aquel día durante una gira de trabajo, el mandatario federal fue retenido media hora por comuneros que denunciaron la inacción muratista y la crisis humanitaria que sufre dicha comunidad. 

Cabe recordar que la crisis inició en 2017, cuando paramilitares se apropiaron por la fuerza de un manantial mancomunado. El evento  dejó un saldo de un comunero de Ayutla asesinado y al menos seis mujeres abusadas sexualmente. Hasta la fecha ningún responsable ha sido castigado.  

El primer montaje se dio el 13 de mayo de 2019. Alejandro Murat difundió una conferencia y un boletín titulado “ Coadyuva Gobierno de Oaxaca en solución histórica de conflicto por agua potable entre Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla”. Días después fue desmentido por la asamblea del pueblo y el colectivo de mujeres que defienden el agua en su comunidad; ellas denunciaron una escalada de ataques en columnas de opinión y medios de comunicación afines al gobierno muratista. 

El segundo montaje ocurrió el pasado 4 de diciembre de 2020. A través de los canales oficiales y en una visita relámpago al territorio, el gobernador inauguró una obra de 4.7  millones de pesos donde afirmó que el agua para dicha comunidad sería de “suministro permanente”, y  dijo en video:  “Hoy es un día histórico, porque pudimos construir en familia”. 

Pero apenas unos días después de esa inauguración, la comunidad sigue en crisis por la falta de agua para sus necesidades básicas. Estas, además, se han visto afectadas con mayor intensidad luego de nueve meses de pandemia mundial por covid-19.  De acuerdo con varios entrevistados, el acto del gobernador se vislumbra como una maniobra política con miras al próximo proceso electoral; y también como una reacción a un juicio ganado por los pobladores de Ayutla Mixe ante el poder Judicial e intervenido mediante un amparo por Tamazulapam del Espíritu Santo. 

Gobierno “no toca” al crimen organizado

En su discurso el gobernador oaxaqueño dejó de lado la reconexión a una comunidad de manantial, y también evadió el tema de los paramilitares instalados en la montaña que, según testigos operan en una zona de sombras conocida en la región por la intocable siembra de amapola y el control rural de caciques ligados al gobierno oaxaqueño.

En la obra “histórica” de rehabilitación del sistema de agua potable de Ayutla Mixe entregada el 4 de diciembre y que para el gobierno de Oaxaca es la solución al problema de 3 mil familias, tiene entre los pobladores más dudas que certezas. Denunciaron que el estilo del nuevo titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, ha sido la dividir y cooptar a ciertos integrantes de la población  vinculados al PRI , sin rendirle cuentas a la asamblea comunitaria.

Isaías Domínguez, integrante del Comité de Agua electo que entrará en funciones a partir del 1 de enero de 2021, se expresó así de lo ocurrido:

“Aproximadamente hace tres meses que salió la sentencia a favor de Ayutla. Cuando se le notificó al gobierno del estado y a las otras partes a la comunidad de Tamazulapan y su agencia Tierra Blanca, el gobierno mandó [a Ayutla mixe] a  Héctor Pablo Ramírez Puga y vino a convencer al presidente municipal y al comité de agua potable. Pero el proyecto que presentaron al principio fue distinto al que empezaron a ejecutar, se encareció y nunca rindieron cuentas a todos los comuneros”.  

Isaías Domínguez sostuvo que el actual proyecto lo están haciendo en un área de reserva ecológica que además ha sido sagrada para la comunidad. Al principio indicaron que solo abrirían  una brecha, pero han abierto entre 4 y 5 metros. Precisó que ni siquiera el cabildo completo está de acuerdo en la obra, y menos, la comunidad. 

“El gobierno maneja al presidente y al Síndico y ellos ya se van en diciembre, por eso les urge entregar como sea, por eso mi preocupación, porque a las próximas autoridades nos van a cuestionar, es falso que haya agua para 3 mil familias, se trató de un montaje para no hacer cumplir la ley con un manantial que nos despojaron”, abundó.

Pie de foto: Un pozo de agua sin expediente técnico ni estudios ambientales. Foto: Antonio Mundaca.

Inauguración a pesar de violar normas comunitarias 

Betulio Flores Morelos, Regidor de Ecología del actual cabildo municipal dijo que las obras que realiza el CEA en la comunidad carecen de expedientes técnicos y estudios ambientales y el día de la inauguración del pozo solo estuvo uno de los 8 regidores y ninguno de los que faltaron fueron notificados de la visita del gobernador 

“El día sábado que vino el gobernador, hicieron una simulación del pozo, dijeron que hay suficiente agua, pero ayer fui y no hay agua, ahí están las máquinas trabajando, pero no hay agua” explicó el comunero. 

Rosalba Peralta Hernández, integrante del colectivo de mujeres que se constituyó para defender el agua y promotora del amparo comunitario, precisó que en dicho acto realizado por el gobierno del estado se violaron también las normas comunitarias, “ no se avisó , solo llegaron y convocaron a gente simpatizante del PRI,  se siguen burlando de nosotros porque somos un pueblo indígena”, comentó.

Pie de foto: Héctor Pablo Ramírez Puga, el operador político del CEA

Ramírez Puga, el silenciador de Liconsa

Algo en lo que coinciden los entrevistados es que desde la llegada al CEA de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva el 6 de mayo de 2020, cuando sustituyó a Benjamín Hernández Ramírez, fue el aumento de la cooptación comunitaria con actores políticos afines a la causa oficial. También se intensificó el manejo de medios de comunicación para desacreditar el movimiento indígena de Ayutla por la defensa del agua y el territorio, precisaron. 

El perfil de operador político y de operador de medios de comunicación de Ramírez Puga Leyva lleva un sello.  El mismo día de la inauguración del pozo de agua periodistas notificaron un operativo para priorizar en la agenda pública el “hecho histórico” y tras el desmentido de la comunidad, un nuevo operativo de silencio se dio en quienes cubrieron dicha información, algunos tuvieron que pedir disculpas a la comunidad porque la orden fue “no darles cobertura” , aunque hubieran reporteado el tema. 

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, es licenciado en ciencias de comunicación. Fue coordinador de delegados de gobierno durante el periodo de José Murat; y también, diputado local y presidente de la Fundación Colosio. Durante el gobierno de Ulises Ruiz fue presidente del PRI estatal y director de Comunicación Social del gobierno del Estado. En 2012 fue denunciado por beneficiarse con  contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, por 58 millones 901 mil 129 pesos, de acuerdo a un reportaje publicado por la revista Proceso

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por 5 años fue titular de la paraestatal Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa). En marzo de 2018 le fue ratificada una denuncia por la PGR, realizada por su excolaborador Benjamín Rojas Bolaños, la denuncia estaba centrada en los delitos de: ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, consumo y explotación de las riquezas nacionales, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, discriminación, intimidación, peculado, tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. 

Durante su estadía en Liconsa abundaron en portales informativos de Oaxaca los boletines de los logros de la paraestatal con su imagen, operación que no le alcanzó para ser candidato del PRI, pero que le valió para ser candidato al senado en 2018 por los partidos PAN-PRD-MC. Después de un breve paso por esos partidos regresó al priismo y a la estructura del gobierno , cobijado por el padrinazgo de José Murat Casab. 

El aparato del Estado como agente de agresión 

Yásnaya Aguilar, activista indígena. Foto: Especial.

Para la activista indígena Yásnaya Elena Aguilar Gil no había necesidad de hacer este simulacro. Afirmó que la obra no está terminada y que desconocen la calidad del agua, la cual es turbia y no saben si es potable o un cuerpo de agua corriente. 

“No nos oponemos a las alternativas para dotar de agua a la comunidad, pero la manejaron tan mal que son muchas las dudas, lo inauguraron cuando no tienen ni siquiera la tubería adecuada y en una zona que puede poner en peligro un bosque sagrado”, explicó.

Sostuvo que la intención es acallar lo ganado en el juicio de reconexión, por eso tuvieron que recurrir a dicho montaje, ya que lo más fácil sería reconectarlos al manantial que les fue despojado como lo indicó el Juez tercero de distrito del Poder Judicial de la Federación, Armando Chiñas Fuentes, en el  juicio de amparo 795/2017 

La investigadora ayuujk afirmó que el Estado se ha vuelto un agente de agresión de mentiras constantes y parece que solo quieren quitarse la presión de la exigencia. “Hay un cerco narrativo e informativo, las cosas que yo he dicho han sido con la aprobación de la asamblea y no hay lucro político” precisó. 

Dijo que la vocería del gobierno del estado ha retuiteado y dado voz a la opinión de un servidor público, como es Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y está usando el aparato de gobierno para decir que el conflicto de Ayutla tiene interese políticos alentados por el titular del INPI Adelfo Regino, “ esto es falso, lo hacen para politizarlo y quitarse responsabilidad por la crisis humanitaria en la que tienen a un pueblo entero, yo tengo mucho que no veo o coincido con Adelfo Regino, tampoco soy dirigente de nada, ni tengo empresas de pipas de agua, cualquiera en Ayutla lo sabe, hay un discurso de desprestigio orquestado”, precisó la escritora.

 “A mí se sorprende mucho que esa sea la manera de responder del Estado, porque está dañando a la comunidad cuando ya hay una resolución judicial, pero no ha sido la primera vez, en este proceso de lucha , las mujeres nos hemos organizado, a pesar de que hay denuncias de amenazas de muerte la Fiscalía General del Estado tampoco ha investigado nada”, argumentó Aguilar Gil.

Tamazulapam del Espíritu Santo: el control y el misterio

Pie de foto: Ayutla, tres años sin agua y crisis humanitaria en puerta.

De acuerdo al informe de la Misión Civil de Observación realizado por Red Todos los Derechos para Todas y Todos,  (TDT),  titulado, “ La problemática del Derecho Humano al Agua entre las comunidades mixes de Ayutla y Tamazulapam , Oaxaca”  ha sido difícil acceder a la versión de los hechos de la comunidad de Tamazulapam ya que mantienen un cerco donde el gobierno del estado ha fungido como su vocero durante los últimos 3 años de conflicto tras la invasión a Ayutla Mixe. 

En dicho informe se documentó que las autoridades de Tamazulapam desconocieron a las organizaciones de derechos humanos y mantuvieron una actitud amenazante. Negaron que ellos sean los responsables del conflicto a pesar de las evidencias del ataque armado perpetuado el 5 de junio de 2017, donde fueron emboscados comuneros de Ayutla Mixe. La respuesta a dicha misión civil de observación contra los activistas fue: “Dígale que ya deje de sembrar el odio entre hermanos mixes, que si no las cosas se pueden poner complicadas”.

 En junio de 2019 un grupo de reporteros intentamos ingresar a Tamazulapam del Espíritu Santo para documentar la versión de esta comunidad para el reportaje publicado en Pie de Página titulado, “El despojo de Ayutla Mixe”, la respuesta desde entonces ha sido que no dan garantías de seguridad a los periodistas que ingresen a su territorio. 

En este link se puede revisar el Informe de la Misión Civil de Observación.

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