En el último mes cientos de jóvenes se lanzaron a las calles de ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para exigir su derecho a tener un hogar; las rentas son muy altas y comprar una casa podría tomarles más de 100 años. ¿Cuál ha sido la respuesta desde el gobierno federal? El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, habló al respecto

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Duilio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras las calles de las ciudades más grandes resuenan con la voz de sus habitantes, que por el alza de los precios de los inmuebles ya no pueden pagar sus rentas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, presume que después de 20 años, se logró reducir el rezago habitacional de 9.4 millones de viviendas a 8.5. Pareciera que algo no cuadra. 

El clamor de una generación que se llama a sí misma «la generación sin casa», por la dificultad para hacerse de una vivienda digna, detonó el 17 de noviembre, en Ciudad de México. Después, el 30 de noviembre, fueron las calles de Guadalajara y el pasado 9 de diciembre, Monterrey. Normalmente las regulaciones de suelo y vivienda se hacen desde los gobiernos locales; pero la repetición de las protestas eleva el discurso a un problema nacional, incluso mundial, como sugieren movimientos similares en otras ciudades.

“En materia de vivienda son los tres órdenes de gobierno que de alguna forma tienen una obligación. No solamente el gobierno federal”, dice al respecto el titular de la Sedatu, Román Meyer, encargado de la política de vivienda en el país y del ordenamiento del territorio. “También están los gobiernos locales y los gobiernos estatales”.

Meyer recibe a Pie de Página después de una pregunta hecha al presidente López Obrador al respecto en una de sus conferencias matutinas. Durante la entrevista el secretario se perfila para hablar de un tema que, él mismo reconoce, no tiene sex-appeal, pero es muy importante: la planeación urbana. 

Durante las manifestaciones, los datos y las miradas se repetían: solo 3 por ciento de las personas jóvenes en estas ciudades son capaces de comprar una casa; la financiarización de la vivienda, usar casas nuevas como activos financieros y no como bienes de primera necesidad, ha creado un fenómeno de especulación. A la par, fenómenos como el de los nómadas digitales, que aceleran la gentrificación en ciertas zonas, van empujando a la gente fuera de las ciudades.

“Lo estamos atendiendo, lo que pasa es que sí es bastante la demanda y hay este fenómeno que tú mencionas, de especulación que está incrementándose el precio en algunos lugares del país”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de noviembre. “Además, es seguro que Román Meyer –titular de Sedatu– está tomando nota”. 

Días después, el 13 de diciembre, las oficinas de la Sedatu se abren para tener una breve plática al respecto. Sin embargo, antes de llegar al tema, el secretario hace una recapitulación de las acciones de la dependencia a su cargo desde hace un poco más de cuatro años. 

“Hay que recordar que el presidente hizo sus equipos de trabajo con un año y medio de antelación antes de ganar las elecciones, creo que eso ha sido uno de los aciertos más grandes que ha tenido”, dice al inicio de la entrevista el secretario Meyer, uno de los más jóvenes del gabinete y de los que se mantienen en él desde antes que López Obrador tomara posesión.

La directriz de su administración, asegura, no ha sido distinta a la marca del presidente: primero los pobres. Así, mediante mesas de trabajo con especialistas de vivienda, un año antes de llegar a la oficina, ya tenía tres líneas estratégicas. “Ahora lo vemos como muy obvio, muy claro, pero en ese entonces no lo teníamos para nada”, acota.

Líneas estratégicas

La primera línea ha sido atender el Sur-Sureste, donde hay mayor rezago habitacional; la segunda, no enfocarse en la creación de vivienda nueva, pues la mayoría de la población (80 por ciento, según el mismo secretario) requiere mejoramiento o ampliación de su vivienda, y la tercera, fomentar la autoconstrucción, una práctica muy difundida en todo el país.

Para ello, coordinaron sus acciones con las del Fovissste e Infonavit, las instituciones de créditos de vivienda del Estado, vinculadas al Seguro Social y con la Sociedad Hipotecaria Federal para poder ampliar las posibilidades de uso de sus créditos para vivienda. “En pocas administraciones se ha modificado la Ley del Infonavit, nosotros pudimos esa modificación y me centro mucho en un Infonavit”, presume el secretario Meyer.

“Si tú alguna vez fuiste trabajador, pero ya no eres un trabajador activo, tienes ahorita la posibilidad de sacar un crédito. Ahora, si tú cotizaste hace 10 años, pero ya no y tuviste un crédito, eres susceptible de tener otro hoy en día. Eso libera de una población de 15 a 16 de 53 millones de personas (que podrían tener un crédito)”. 

Ahora, destaca, los créditos de vivienda se pueden usar para comprar un terreno o para liquidar otro crédito, cosas que antes no se podían; también para financiar una remodelación o parte de la construcción de un inmueble, y también se abrió la posibilidad de unir créditos con otras personas, no necesariamente un cónyuge o un familiar.

Sin embargo, especialistas en vivienda como Carla Escoffie y Rosalba Loyde alertan sobre cómo aumentar las capacidades de crédito ayuda también a incrementar el precio de la misma y reforzar la burbuja creada por la gentrificación y la financiarización.

Los resultados de Sedatu han sido positivos, pero hasta el momento solo han beneficiado a una parte de la población, como reconoce el secretario. Existen otros sectores, como los jóvenes que han salido a marchar en grandes ciudades, que si bien podrían ser un sector minoritario, reclaman soluciones desde cualquier nivel de gobierno.

La importancia de tener suelo económico

“Una política que tiende a dar buen resultado es el suelo. Tú no puedes hacer vivienda, económica si no tienes un suelo económico –algo muy raro en grandes ciudades–. En general, el gobierno federal no tiene bancos de suelo, quienes tienen tienden a ser los gobiernos estatales. Se les recomienda tener bancos de suelo interurbano bien localizados para que puedan gestionarse programas o proyectos de vivienda social, tienes el gran ejemplo de Tlatelolco».

“Para poder dotar de vivienda accesible, requieres de un Estado fuerte en capacidad de capital de inversión. Que te pueda asegurar vivienda accesible y de alguna forma una regulación local que limite precios en algunas secciones. Aquí  hay un tema que va vinculado al de la planeación. Esto quiere decir que la posibilidad de que el gobierno pueda tener dotaciones de suelo interurbano consiste en poder tener programas de desarrollo urbano actualizados, armonizados y que tengan una lógica de poder captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano”; la principal de ellas, dice después, es el predial.

Sin embargo, menos del 80 por ciento de los municipios tienen sus planes de ordenamiento territorial actualizados, acepta el secretario. Así, sin ningún instrumento técnico que sustente sus decisiones, alcaldías y municipios del país aprueban la creación de edificios de 20 niveles sin saber si ahí sería mejor construir un supermercado o un deportivo.

“En general no estamos acostumbrados a hablar de esos temas. Menos del 1 por ciento de la gente ha leído el ordenamiento territorial de su colonia; pero debería de ser un instrumento de discusión pública, de debate público. La planeación urbana es un tema de educación. O sea, me encantaría poder verlo en libros de primaria, que se hable del derecho a la ciudad, de que tienes el derecho de informarte en la toma de decisiones”. 

Ley de suelo

El secretario no habla sin conocimiento del tema. Desde su oficina se ha asesorado a diferentes municipios que enfrentarán un crecimiento urbano tenaz gracias a los proyectos prioritarios de esta administración. Como los cercanos al Istmo de Tehuantepec y de todo el corredor del Tren Maya; también en varios municipios de la frontera norte y en los cercanos al aeropuerto Felipe Ángeles.

Sobre el tema de regular las rentas en el país, Meyer opina que es una opción lejana.

“No creo que la solución sea una ley sobre el tema de rentas; yo lo que creo, y lo hemos discutido en otras ocasiones, es que podría ser una ley de suelo, como en otros países, que tienen leyes de suelo que podrían regular de mejor forma su gestión. Los beneficios y la generación económica que genera la urbanización es bestial, no hay otro proceso de desarrollo económico más importante que la gestión urbana ya sea en la China comunista o ya sea en Latinoamérica, cómo poder gestionar de mejor forma el uso del suelo podría tener implicaciones importantes en la recaudación fiscal en gobiernos locales y municipales”.