Luego de 17 años de lucha jurídica la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, entregará una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se posicione sobre el caso y revise la sentencia de un tribunal agrario que desde 2004 niega el derecho a la propiedad comunal de un predio de más de mil hectáreas. Esta lucha jurídica se suma a una larga historia de defensa del territorio que ha costado muertes, desapariciones y desplazamientos de los habitantes de esta región michoacana

Texto y fotos: Heriberto Paredes*

SANTA MARÍA OSTULA.- Con más de 17 años de lucha jurídica por la correcta demarcación legal de su territorio, la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, en la sierra-costa michoacana ha decidido dar un paso más en este largo camino de tribunales, demandas y amparos. Este 21 de junio de 2021, el equipo jurídico que acompaña a la comunidad entrega una petición para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y se pronuncie favorablemente al respecto de la «adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares», tal y como señala el documento al que Pie de Página tuvo acceso.

En abril de 2004, supuestos pequeños propietarios, personas habitantes de la población vecina de La Placita, interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario No. 38 de la ciudad de Colima, una demanda en contra de Ostula (expediente 78/2004), negando la propiedad comunal de un predio de alrededor de 1,250 hectáreas, ubicadas entre estas dos localidades, mismas que tienen acceso al océano Pacífico y a la carretera federal 200, en el tramo Manzanillo-Lázaro Cárdenas.

El recurso de atracción es en sí mismo lo que se considera un amparo directo (documento 203/2020) ante la sentencia que niega la propiedad comunal de la tierra a la comunidad y se la otorga a los demandantes, a pesar de las irregularidades que durante casi dos décadas han denunciado los habitantes nahuas de esta región de Michoacán. Es el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito quien recibe esta petición, que además de los argumentos jurídicos, presenta argumentos y pruebas de ancestralidad acerca del carácter comunal de estas tierras en disputa. 

Por su parte, la comunidad cuenta, no sólo con títulos virreinales (escrituras en materia de composición de tierras de 1802 y 1803) que prueban lo que se afirma en el documento, sino, además, una resolución presidencial emitida el 27 de abril 1964 (a través de la Secretaría de la Reforma Agraria), en donde se reconocen estos antiguos títulos y la propiedad comunal de la tierra, a pesar de que esta resolución fue emitida con un error fundamental en las mediciones hechas en la época, situación que ha desencadenado este juicio.

En todos estos años de disputa, la comunidad se ha visto afectada, no sólo con el acecho a esta extensión de tierras, que previamente realizaron las personas que se ostentan como pequeños propietarios, sino en un escenario de violencia que le costó la vida o la desaparición a 41 personas, incluyendo a dos menores de edad, todas ellas relacionadas con la defensa del territorio. 

Quienes interpusieron la demanda original en contra de la comunidad han sido identificados como personas vinculadas a partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios y a intereses mineros, particularmente en lo que respecta a la posible ampliación de la mina de Ternium, una de las empresas extractivas de mayor peso a nivel mundial en lo que respecta a hierro y otros minerales. 

Producto de una reciente historia convulsa, la situación de la comunidad se ha transformado gracias a dos decisiones principales: tomar por la vía de los hechos las tierras en disputa y consolidar su Guardia Comunal para garantizar la seguridad local y regionalmente. Santa María Ostula, devota de la virgen de Guadalupe y con presencia del náhuatl, ha pasado del miedo y el desplazamiento forzado a ser un lugar tranquilo, estable y preparado para continuar con la defensa de sus tierras a través de todas las herramientas posibles.

En la solución estuvo la trampa

En 1952, la comunidad nahua organizó una comisión para solicitar un procedimiento conocido como Confirmación y Titulación de Bienes Comunales (CTBC). Se llevaron a cabo trabajos de medición y conforme a lo hecho, se determinó que la comunidad contaba con 25,580 hectáreas, mismas que se confirmaban con los títulos primordiales, expedidos tras entrar en vigor las reformas borbónicas.

Los miembros de esta comisión que fueron a la Ciudad de México para llevar a cabo el trámite de titulación tardaron varios días en atravesar la sierra, llegar a Tierra Caliente y de ahí tomar el primer transporte que pudiera cubrir su escueto presupuesto. Viajar a la capital del país, en aquel tiempo, significaba una travesía mayor. En la comunidad sólo existían caminos de tierra usados por los campesinos y veredas entre las montañas y la costa, pero eso no frenó el ímpetu de las personas que, conscientes de la necesidad de documentos certificados, empezaron el largo y complejo camino de la burocracia estatal.

El 17 de enero de aquel año se presentó esta solicitud. Don Apolinar Santos, quien vivió esa época siendo joven recuerda con mucho honor el momento en que «decidimos organizarnos para tener nuestros papeles en regla, vimos que en las comunidades y poblaciones vecinas había mucha gente que llegaba y se adueñaba de las tierras, pero nosotros siempre hemos sabido dónde empieza y hasta dónde llega nuestra comunidad, que no siempre trabajáramos toda la tierra no significa que no hayamos estado aquí». 

Fue hasta el 27 de abril de 1964 que la SRA le dio a conocer a la comunidad la resolución presidencial, en donde en efecto, se reconocía el carácter comunal del territorio de Ostula y se validaban sus títulos antiguos; sin embargo, pese a esta aparente respuesta favorable, el documento dejó asentado solamente 19,032 hectáres, por lo que no se garantizó el derecho a una adecuada delimitación del territorio. Pese a que la respuesta a la solicitud fue favorable, el error en la medición dejó fuera de la demarcación oficial las hectáreas que pretendían adueñarse, desde entonces, los supuestos pequeños propietarios de la mestiza Placita.

Don Apolinar, hoy en sus más de ochenta años, administra unas cómodas cabañas ubicadas frente al mar, pasa tranquilo sus días y continúa participando en las asambleas de Ostula, está enterado de todo lo que ocurre y a veces platica de lo que le ha tocado pasar desde que comenzó esta lucha y la época en la que participó en aquel proceso. En los peores tiempos de violencia en la región, entre 2010 y 2012, fue amenazado y golpeado, pero se negó a irse. Perdió un hijo el 15 de mayo de 2012, el profesor Teódulo Santos, quien fue asesinado por la violencia organizada y para entonces era ya una de las personas más activas a favor de la comunidad.

«Los de la Placita nos discriminaban mucho, nos trataban mal, nos decían que teníamos que vestirnos como la gente para ir a ese lugar, y como no nos dejamos, luego empezaron a matar a muchas personas, nos amenazaron. A mi me golpearon, mataron a uno de mis hijos, a Teódulo, pero yo seguí firme con la comunidad y acá estamos, no nos vamos a ir de aquí».

Desde los años 40, esta región de la sierra-costa vivió una transformación en la conformación de los poblados, una gran oleada migratoria de campesinos y ganaderos provenientes de otras zonas de Michoacán y del sur de Jalisco y Colima se trasladaron a esta franja de costa argumentando que «estas tierras estaban vacías», tal y como afirma un testimonio recopilado por David Figueroa Serrano en, Litorales de la memoria, un estudio muy completo de la migración y las relaciones interétnicas, editado por el Colegio de Michoacán en 2015.

Sin embargo, las aparentes tierras inhóspitas no estaban vacías y no lo han estado desde hace siglos, por lo que, en este caso Ostula, al notar cómo otras comunidades se fragmentaban al calor del establecimiento de grupos humanos que se apoderaban de grandes extensiones de tierra, decidió impedirlo legalmente. 

En el documento presentado por los abogados agrarios de la comunidad en este junio de 2021, es posible leer con claridad la contradicción que detona el conflicto jurídico: 

La resolución presidencial de 27 de abril de 1964 se emitió con serias irregularidades debido a las omisiones del Estado Mexicano de garantizar una adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales, pues contrario a ser un documento libre de vicios, dicha resolución ha dejado en completa desprotección a la propiedad comunal de la comunidad de Santa María Ostula, al punto tal que los pequeños propietarios privados se atreven a desconocer, cuestionar el derecho a la propiedad comunal que tiene la comunidad y a invadir ilegalmente su territorio, pues dicha resolución emitida por el Estado Mexicano, es en sí misma, incongruente e inexacta con relación a las medidas, rumbos y distancias de los linderos generales de la comunidad que se establecen en la propia resolución, todo lo que ha ocasionado la elaboración de un plano que se pretende invocar como definitivo, pero es incoherente y no refleja la realidad de hecho […].

Santa María Ostula se inconformó con aquella resolución presidencial e impidió que se le entregaran las tierras en disputa a sus supuestos propietarios, quienes, como argumento, sólo contaban con una medición hecha por una cuadrilla de ingenieros, que en palabras de don Apolinar, «se la pasaban emborrachándose con los de La Placita, no querían medir bien, ni hacernos caso de que tenían que ir a los puntos fundamentales, a las mojoneras que se usan como referencia. Yo creo que midieron mal a propósito».

El derecho de vivir en paz

A pesar de esta negativa de la comunidad a aceptar la resolución de 1964, durante cuatro décadas no hubo muchos avances y el conflicto persistió con altibajos y una tensión constante, a nivel local y a nivel regional. En 2004 comenzó el juicio agrario a través de la demanda hecha por parte de los pequeños propietarios contra los comuneros de Ostula. Sin embargo, con la sospecha de una espera interminable para una resolución favorable, las y los comuneros decidieron tomar posesión, el 29 de junio de 2009, de las tierras en disputa y establecieron ahí un nuevo núcleo poblacional perteneciente a la comunidad, llamado a partir de entonces San Diego Xayacalan.

Ostula se rige internamente a partir de tres instancias principales: el Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de Seguridad (que abarca también aspectos políticos) y la Asamblea General. Estas tres estructuras son herencia directa de las formas organizativas que se construyeron tras la transformación de la encomienda en una República de Indios. La decisión de la recuperación de 1,250 hectáreas fue consultada, analizada y legitimada por estas tres instancias. Este significó el primer paso de la comunidad en la restitución de su territorio ancestral.

Con poco más de un año de preparación, Ostula estuvo realizando reuniones internas, una comisión dedicada a estas consultas estuvo recorriendo la comunidad para preguntar quién iba a mudarse a las tierras recuperadas; se organizó la logística de este proceso de manera muy cuidadosa, pues se detectó que había informantes de los pequeños propietarios dentro de la comunidad. En esta etapa de planificación, el PRI controlaba la presidencia municipal y tenía injerencia en muchos espacios de las distintas comunidades que conforman Aquila, por lo que no fue sorprendente que miembros de la alcaldía, vinculados a los demandantes, trataran de intimidar a los comuneros para que dejaran a un lado los planes de recuperar las tierras.

El paso decisivo de este proceso fue la creación, a inicios de junio de 2009, de la Guardia Comunal, institución de seguridad que sirvió para proteger a las y los comuneros que participaron en la recuperación de las tierras. La doctora en Ciencias Sociales, Carmen Ventura, ha investigado los antecedentes de los cuerpos de seguridad en esta zona y ha encontrado que en la comunidad existió en la época colonial lo que se conoció como Cuerpos de Flecheros, mismos que pertenecían a los Guarda Costas del Mar del Sur, personas encargadas de proteger estas tierras de piratas y otros invasores. 

De igual forma, la comunidad emitió en 2009 un documento conocido como el Manifiesto de Ostula, en el cual argumentaba su lucha territorial, sus acciones y la creación de este cuerpo de seguridad a partir del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece precedentes jurídicos sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas, mismo que fue firmado y ratificado por el Estado mexicano.

La tarde de junio en que toda la comunidad tomó las carreteras y caminó hasta el predio en disputa, fue la Guardia Comunal quien tuvo que enfrentarse con los pequeños propietarios, quienes para este momento estaban ya vinculados no sólo al gobierno municipal, priísta, sino a la violencia organizada, encarnada entre otros grupos, por los Caballeros Templarios. No hubo muertos, sólo dos heridos, pero Ostula logró tomar control del lugar en conflicto y con ello comenzó un nuevo episodio en la historia de la defensa del territorio como un factor de reproducción de vida, que tuvo a partir de entonces resonancias regionales, estatales, nacionales e internacionales.

Poco a poco se fueron construyendo las primeras casas de la naciente Xayacalan, la localidad que se estableció en las tierras recuperadas. Una cocina general era el centro de abastecimiento para todas las personas que estaban en aquellos días trabajando como hormigas, incansablemente, para levantar en poco tiempo un pequeño pueblo, en el cual, habían soñado los habitantes de la comunidad, se podrían construir escuelas, sembrar las tierras y ver florecer una vida tranquila.

Por ahí entra la mercancía

San Diego Xayacalan significa, palabras más, palabras menos, lugar de las personas enmascaradas. Lleva, además, el nombre de quien fuera un gran impulsor de este proceso de recuperación de las tierras y quien también se convirtió en el primer comunero asesinado por los pequeños propietarios a raíz de la creación de la nueva población: el maestro Diego Ramírez Domínguez. Fue encontrado muerto, con símbolos de tortura, en las playas que soñó recuperar. Sin embargo, no pudo ver en vida el fruto de su esfuerzo ya que murió pocos meses después de creada la comisión organizadora, el 26 de julio de 2008. Su hijo, Germán Ramírez, continúa el ejemplo de su padre al ser maestro y también ser parte fundamental de los procesos de seguridad a través de la Guardia Comunal, de la cual es comandante general.

La nueva población, antes conocida como la Canaguancera, se trata de un valle extenso que al norte colinda con los límites de la cabecera municipal, al sur tiene más de 2 kilómetros de playa virgen, está ubicado en la entrada/salida noroeste de Ostula y es el único lugar que tiene señal de teléfono. Sólo lo separan 10 minutos en auto de la vecina población de La Placita. Entre las dos poblaciones, hoy está en construcción una Base de Operaciones Mixtas a cargo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Las casas en Xayacalan están construidas en su mayoría por techos de palma, a veces incluso sin paredes o con pocos espacios donde hay muros, pues el calor vuelve indispensable la ventilación. En el centro de este lugar y con un poco más de altitud, una colina sirve de escenario de una pequeña techumbre que se divide entre iglesia y lugar de actos variados. Cuenta con una escuela, un retén de vigilancia al borde de la carretera y tierras de cultivo en donde, según la temporada, se cosecha papaya, jamaica, ajonjolí, maíz criollo, tomate verde, mango, hortalizas. Como resguardo de la playa, un palmar se adelanta y se convierte en un mar verde.

Según se deja asentado en el recurso de atracción ante la Suprema Corte de Justicia, el documento 203/2020, este lugar en algún momento comenzó también a ser llamado el Rancho de los Mendoza, cuya propiedad ostentaba José Mendoza Soto, quien fue asesinado el 15 de agosto de 2002 junto a otras 8 personas en circunstancias nada claras. Él es parte de los pequeños propietarios que sostienen el juicio agrario 78/2004, a pesar de ya no estar vivo. 

Otro de los supuestos dueños es Federico González Medina, mejor conocido como Lico, quien fue detenido el 23 de marzo de 2017 al ser identificado como uno de los dirigentes de los Caballeros Templarios en la región de la sierra-costa michoacana. Sobre él pesan las denuncias de responsabilidad por la muerte de la mayoría de los comuneros asesinados con relación a la recuperación de las tierras. Se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras su socio y protector, el priísta Mario Álvarez, alias Chacal, dos veces presidente municipal de Aquila, fue asesinado el 26 de agosto de 2019 en el interior de su casa en Colima. 

Gracias a testimonios recopilados durante varios años, y que todavía desean permanecer en anonimato, es posible reconstruir las dinámicas que se practicaba en lo que hoy es Xayacalan: durante muchos años, posiblemente desde que el llamado Cártel del Milenio comenzó a dedicarse al trasiego de cocaína a finales de los años 90, en la Canaguancera llegaban lanchas procedentes desde Colombia. «Por ahí entraba la mercancía, –me confió en 2009 un comunero de Ostula– kilos y kilos de cocaína se sacaban de las lanchas, luego se empacaban en tráileres y carros y se las llevaban por tierra a la frontera con Estados Unidos».

También hacían fiestas, o al menos eso puede deducirse a partir de una estructura de cemento que permanece al centro de la playa y que años atrás todavía conservaba la forma de un gran jacuzzi, con columnas anchas, un espacio para almacenar bebidas y un techo para protegerse del sol. La lluvia, los huracanes y el mar han destruido casi por completo esta estructura.

Hoy viven cerca 11 mil 800 personas en lo que antes era un sitio de desembarque de droga. Hoy ahí se trabaja la tierra, se dan clases en las escuelas, se llevan a cabo fiestas, se hornea pan de coco, se celebran los aniversarios de la construcción de este poblado; no hay hoteles, ni minas, ni la carretera se ha ampliado. Aquí, la tierra es fértil, los árboles frondosos, el agua del mar es cristalina y todas las personas caminan tranquilas guardando la memoria de quienes perdieron la vida por defender este lugar.

El juicio ha costado mucho

El proceso que comienza con la apelación a la SCJN es la última instancia nacional a la que pueden apelar la comunidad de Ostula antes de considerar los recursos internacionales. Es también la culminación de 17 años de un juicio que ha tenido diversas irregularidades. Por ejemplo, en varias ocasiones las mediciones de los terrenos que constituyen el predio en disputa se han elaborado con marcada tendencia a favorecer a los pequeños propietarios, no sólo por parte del perito contratado por ellos, sino por el que se denomina tercero en discordia y que sirve como una medida objetiva para este tipo de controversias. Al menos en dos diligencias, las medidas se han tomado erróneamente.

En diciembre de 2018, como consecuencia de un recurso de amparo ganado por la comunidad en abril de 2009, el cual tardó casi 10 años en hacerse efectivo, se ordenó la realización de una nueva diligencia para tomar medidas. Asistió Joel Martín Valencia, perito de los pequeños propietarios demandantes y José Roberto Orozco como perito tercero en discordia, se recorrió, en compañía de medios de comunicación de Michoacán y de varios miembros de la comunidad. Cuando fue necesario, el topógrafo y perito de la comunidad, Cristian Chávez, hizo ver las incongruencias y los errores que existían en las mediciones previas.

Como resultado de esta diligencia, el juez Raúl Moreno García, del Tribunal Superior Agrario No.38, decidió dejar sin efecto el nombramiento del topógrafo de Ostula, así como su dictamen, por lo que se benefició a los pequeños propietarios al confirmar de nuevo la sentencia de propiedad que se les había otorgado ya con anterioridad.

Entre fines del 2009 y principios del 2014, de manera paralela al procedimiento jurídico, y como respuesta a la recuperación de tierras efectuada por la comunidad, los pequeños propietarios organizaron una violenta embestida contra quienes participaron en lo que consideraron una afrenta a su aparente poder sin límite. Llevaron a acabo una matanza selectiva y certera que culminó en el asesinato de 35 personas, dos de ellas menores de edad, la mayoría hombres y la desaparición de 6 personas más. Vale la pena mencionar los nombres de esta generación de luchadores comunales, personas de mucho respeto al interior de Ostula, campesinos y profesores que se llevaron, con su memoria, una parte fundamental de la historia regional que difícilmente se podrá recuperar. 

Ellos fueron asesinados: Mateo Serrano Martínez, Diego Ramírez Domínguez, Zenón Pineda Verdía, Zenón Pineda García, Quintín Regis Valdéz, Humberto Santos Valladares, José Martínez Ramos, Horacio Martínez Ramos, Ernesto Nicolás López, Pedro Nazario Cisneros, Pedro Guzmán Ramírez, Isidro Mora Domínguez, Feliciano Cirino Domínguez, Jonathan Verdía Gómez, Fortino Verdía Gómez, Ambrosio Verdía Macías, Francisco Verdía Macías, Nicolás de la Cruz Rojas, Rafael de la Cruz Nemecio, Juan Faustino Nemecio, Javier Santos Cortés, Rosalío Rojas Luna, Misael Buelvas Robles, Francisco Grageda Medina, Eduardo Mauno Reyes, Pedro Leyva Domínguez, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Crisóforo Sánchez Reyes, Teódulo Santos Girón, Feliciano Corona Cirino, Jorge Alberto Alejo Domínguez, Valentina Mata Valladares, Reginaldo Rodríguez Flores, Hidilberto Reyes García y Artemio Celestino Flores.

Y ellos son los nombres de las personas desaparecidas: Gerardo Vera Urcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Enrique Domínguez Macías, Martín Santos Luna y Hugo Luna Urcino.

Quienes están en esta lista en su mayoría fueron maestros y campesinos, asumían al momento de morir o de ser desaparecidos cargos de autoridad al interior de Ostula, otros eran parte de la Guardia Comunal o tenían vínculos con otras organizaciones sociales en México; los menores merecen una mención aparte ya que fueron asesinados sin razón alguna, sea por los Caballeros Templarios o por el ejército mexicano, quien también ha encabezado episodios de violencia al interior de la comunidad, particularmente entre 2014 y 2015.

Para la comunidad nahua este juicio y esta lucha han sido muy costosos, en muchos sentidos, posiblemente sea el juicio de mayor gravedad ocurrido en la región, por lo que su relevancia social cobra magnitud más allá de las fronteras de Ostula. En ninguna otra comunidad de la sierra-costa o de todo el estado de Michoacán ha habido este nivel de destrucción social sistemático, que va desde las afectaciones familiares directas, irregularidades y corrupción, hasta los intentos por destruir por completo la organización comunitaria que sostuvo, pese a todo, a la comunidad y a sus estructuras de toma de decisiones. Se trata de violaciones a los derechos humanos, no sólo individuales sino colectivos, violencias sistemáticas y puntuales perpetradas en contra de una comunidad por la simple razón de querer proteger y defender el territorio que ha habitado desde tiempos inmemoriales. Esta es la lucha que Santa María Ostula continúa enarbolando para defender el derecho a vivir en paz.

*Este texto es parte de la investigación llamada Tierra de Xayacates y que será presentada posteriormente en
forma de libro.