Activistas LGBTTTI y funcionarios municipales coinciden que el revés judicial contra las cebras arcoíris refuerza la necesidad de seguir construyendo ciudades incluyentes

Texto: Marcos Nucamendi / Lado B

Fotos: Marlene Martínez

El 28 de junio del 2019 el abogado Fernando Castillo publicó en Twitter lo siguiente: 

“Hace unos días, @RiveraVivanco_, presidenta municipal de @PueblaAyto, tuvo la absurda idea de pintar los pasos peatonales de la ciudad, como una especie de bandera de orgullo gay Bandera arcoíris. Hoy, el TJA [Tribunal de Justicia Administrativa] de Puebla, me concedió la suspensión para que se dejen esas tonterías”.

Castillo había promovido un amparo contra la pinta multicolor de los pasos cebras del cruce de la 31 poniente y el bulevar 5 de mayo, una acción simbólica del ayuntamiento capitalino y colectivos LGBTTTI para visibilizar la diversidad sexual. Y presumía en su cuenta haber ganado la primera batalla calificando la decisión de “tonterías”.

Para ese momento ya se habían realizado al menos ocho proyectos de intervención urbana en 28 cruces peatonales de la ciudad de Puebla; ninguna de esas intervenciones había provocado reacciones tan virulentas como el paso multicolor. 

Así, organizaciones abiertamente conservadoras y personajes homofóbicos molestos por la acción borraron los colores e incluso utilizaron la vía judicial para detener el acto simbólico que celebraba la diversidad sexual. 

A escasas dos semanas de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) fallara a su favor, a través de una sentencia que obliga al municipio a regresar a las cebras a su original color blanco, miembros del Ayuntamiento y activistas del colectivo LGBTTTI comparten con LADO B sus reflexiones sobre el caso, así como las estrategias a seguir para evitar que una inciativa como esta, que pretendía visibilizar la lucha contra la HomoLesbiTransfobia y celebrar el Mes del Orgullo, sea nuevamente revertida. 

Modificar la normativa municipal, el primer paso

“Tenemos que defendernos mejor”, reconoce Eduardo Covián Carrizales, secretario de Movilidad municipal, para quien resulta evidente el objetivo político y discriminatorio detrás del juicio administrativo iniciado por el abogado –visiblmente homofóbico– Fernando Castillo Pacheco.

El juicio, asegura el secretario, no tenía intención alguna de mejorar la Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana municipal, como argumentaron los demandantes. “Sólo fue una acción negativa que le quitó a la ciudad la posibilidad de visibilizar a grupos [vulnerables] como la comunidad LGBTTTI en el espacio público”.

Ante la posibilidad de que futuras intervenciones corran con la misma suerte, Covián Carrizales explica que ya se contemplan diversas modificaciones a la Norma Técnica: “Vamos a hacer lo necesario jurídicamente, quizá proponer algunas modificaciones para que quede más claro [que sí se puede intervenir el espacio público]”.

Una medida que cobra mayor importancia tras conocer los pormenores de la sentencia del magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del TJAEP, Rubén José Huerta Yedra –que llegó al TJAEP impulsado por el exgobernador panista Antonio Gali Fayad–, quien a decir del secretario se limitó a interpretar a la letra la normativa municipal. 

Esto sin considerar que en el espíritu de la misma se encuentra la posibilidad de realizar cambios a la imagen urbana, dice Covián Carrizales, y que ya se habían realizado intervenciones similares desde 2015; incluso que la ciudad de Puebla es considerada por la Unesco como Ciudad Creativa del Diseño, categoría incompatible con un ordenamiento vial tan restrictivo, reitera. 

Más que técnica, una decisión moral

A pesar de que en el expediente 217/2019-TJAEP-JCA-04-10 el juez Huerta Yedra hace constar que el fallo no se produce por un daño a la “moral pública”, y que se siguió de cerca el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el abogado y activista Guillermo Pérez Jaramillo se cuestiona por qué la autoridad no procedió en su momento contra otras intervenciones. 

El Laboratorio de Espacio Público de México, por ejemplo, tiene documentados ocho proyectos de intervención urbana en cruces y calles de la capital poblana, previos a los pasos peatonales arcoíris del bulevar 5 de mayo y la 31 oriente. 

El primero de ellos se realizó en abril de 2015, a lo largo de la 43 poniente, producto de una iniciativa conjunta entre el Colegio de Arquitectos de Puebla, firmas de arquitectura y algunas universidades con el permiso de la autoridad municipal. 

“Entonces sí tiene que ver con algo meramente moral, en contra de la población LGBTTTI y su activismo, a pesar de que la resolución diga lo contrario. Lo que hizo el juez fue lavarse las manos apegándose a la normativa municipal”, dice Guillermo.

Nacer es mi Derecho y Porque Te Quiero, el grupo autodenominado provida que pintó de blanco la cinética multicolor inaugurada por el Ayuntamiento, antes de la denuncia, utilizó el mismo argumento para justificar sus acciones: la violación de la Norma Técnica municipal en la materia. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también intervino en el tema, y en agosto de 2019 planteó que las acciones de los grupo provida constituyeron un acto de discriminación, aún en el entendido de que se trataba de un supuesto acto ciudadano de seguridad vial.

“Dañar, borrar, alterar y ocultar sus símbolos es invisibilizar esa lucha [del colectivo], despreciar su historia y propiciar un clima de intolerancia, hostilidad e incluso odio contra esos grupos”, se lee en el oficio de Conapred.

Fue durante esas semanas, tras la alteración de las cebras arcoíris y su posterior repinta por parte de activistas, que Guillermo pudo notar un aumento en los comentarios discriminatorios en redes sociales: “Se volvió a elevar el tema [a la conversación pública], y el odio que se siente [hacia integrantes del colectivo LGBTTTI]”.

Cebras arcoíris, hasta en la puerta de Naciones Unidas

Las cebras arcoíris no son una invención de esta administración municipal, al contrario, han sido ampliamente recurridas por gobiernos, organizaciones y colectivos de todo el mundo para visibilizar al colectivo LGBTTTI y la lucha contra la HomoLesbiTransfobia.

Se introdujeron por vez primera en Taipei (Taiwán) en 2008 y, desde entonces, cientos de ciudades han realizado acciones similares de forma temporal o permanente. En 2016, con motivo del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso se instaló un paso peatonal temporal arcoiris a la entrada del recinto internacional en Nueva York.

En mayo de 2019, un mes antes de que se inauguraran las cebras arcoíris en disputa, el gobierno de la Ciudad de México hizo lo propio en una de sus vialidades más importantes: la avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. La acción estuvo acompañada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y la embajada de los Países Bajos en México.

En contraste, en ciudades como Los Mochis, Sinaloa, los intentos por borrar con pintura blanca los colores en los cruces peatonales de la plazuela 27 de septiembre, han sido castigados por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Ahome, en donde se hace mención sobre el respeto por las diferencias y la diversidad; los responsables, en su momento, llevaron sanciones económicas.

HomoLesbiTransfobia, en el origen del rechazo

La sentencia por la que se ordena al municipio borrar las cebras arcoíris, dijo en ese sentido la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, no desaparece ni al colectivo LGBTTTI ni sus exigencias, tanto de igualdad de derechos civiles y políticos, como a vivir una vida libre de violencia.

Pérez Osorio afirma que la persona que inició el proceso judicial en contra del Ayuntamiento tenía derecho a recurrir a esa instancia, pero existe también una parte de la ciudadanía que está convencida de que “se puede ser diferente, y de que se puede amar diferente […] esos derechos se han ido conquistando y están bien plasmados en la Constitución y aquello que nuestro país ha firmado con organismos internacionales”.

Sin embargo, para Adán Cuamatzi, integrante de No Dejarse es Incluirse “Vida Plena Puebla”, la respuesta de los grupos conservadores a la pinta de las cebras arcoíris es, ante todo, un reflejo de la HomoLesbiTransfobia de algunos sectores de la sociedad poblana, y de los discursos de odio que se esconden tras las supuestas violaciones al estado de derecho y la seguridad jurídica.

“De lo que ya nos dimos cuenta es que esta constante visibilización hay que estarla haciendo cada vez que podamos […] para mostrar que todavía existen estos problemas y que las poblaciones LGBTTTI estamos viviendo en un territorio sumamente conservador y homolesbitransfóbico”.

Tan sólo este año, recuerda Adán, se han registrado tres crímenes de odio en el estado de Puebla, que se suman a los 64 documentados por la organización entre 1996 y 2019; a la lista estuvo a punto de añadirse el caso de Jeidy, de 22 años, una mujer indígena que sobrevivió a un ataque transfóbico en Tehuacán durante los primeros días de julio.

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.