La demanda de vivienda de 30 años que hace este grupo otomí de la Ciudad de México podría estancarse de nuevo; en pocos días vencerá el plazo que tiene la Jefatura de Gobierno de la ciudad para emitir el decreto expropiatorio que necesitan. El grupo indígena que mantiene un bloqueo en la avenida México-Coyoacán, al sur de la ciudad en espera de respuestas

Texto: Redacción Pie de Página

Fotos: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Al mediodía del sábado 12 de junio, ante pitidos de claxon e insultos, un grupo de indígenas otomíes cerró el tránsito de la avenida México-Coyoacán, casi en la esquina con el Eje 8 Sur. Reclaman la vivienda que hace 10 meses les prometió el gobierno de la Ciudad de México. Su espera tiene más de 30 años. Cansados por el olvido, que sienten como racismo, no permitirán que el gobierno incumpla sus promesas otra vez; no abrirán la avenida hasta tener respuesta, lo cual sigue sin ocurrir.

Desde el 12 de octubre este grupo indígena tomó las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con varias demandas, entre ellas, la de vivienda digna. La mayor parte de estos otomíes proviene de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Desde que tomaron las oficinas, entablaron una serie de mesas de diálogo con el gobierno local. En una de ellas el secretario de gobierno José Alfonso Suárez del Real les prometió respuestas para diciembre de 2020. Aún no hay resultados. 

En concreto, el grupo otomí demanda la expropiación de cuatro predios de la ciudad: Roma 18, en la colonia Juárez; Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la colonia Roma, y Zaragoza 1434, en la colonia Juan Escutia, de Iztapalapa. El 24 de noviembre, el secretario de Gobierno aseguró que para el caso de Zacatecas 74 se tendría respuesta para el 15 de diciembre de 2020, para Roma y Zaragoza les pidió hasta el segundo trimestre de 2021, mientras Roma 18 sería expropiado en octubre de este año para conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlán.

Sobre uno de estos inmuebles, el de Zacatecas, ya se emitieron dos declaratorias de utilidad pública, mismas que que mandatan la construcción de vivienda social en el lugar. El siguiente paso es que la jefatura de gobierno expropie las propiedades para que inicie la construcción de vivienda, según explicó Diego García, quien acompaña a la comunidad otomí en la demanda. El plazo que marca la declaratoria está a punto de vencerse, según les dijo el asesor legal que puso a su servicio la  Consejería Jurídica de la Ciudad de México. 

“Mantendremos cerrada esta avenida hasta que obtengamos respuesta del gobierno”, aseguró Isabel Valencia, una de las mujeres que integra la toma de las oficinas del INPI, donde han vivido desde hace 10 meses. Antes de eso, vivía en la calle. “Estamos viendo la discriminacion, el racismo, al que nos someten a los pueblos olvidados, a los que nunca se nos han escuchado. La jefa de gobierno dice que está con los pueblos y que los ayuda, pero nosotros, desde la toma, le hemos pedido una mesa de diálogo, se detuvieron por la pandemia, pero ahora que hay semáforo verde, ¿por qué no se retoman?”.

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