Este lunes se llevará a cabo la última audiencia por la muerte de Fernanda Sánchez Velarde, presuntamente asesinada por su expareja Led «N». En caso de resultar culpable, el hombre sería responsable de feminicidio y de aborto agravado, pues Fernanda tenía cuatro meses de embarazo al momento de su asesinato

Texto y fotos: Gabriela Estrada

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernanda Sánchez Velarde fue asesinada el 4 de enero del 2014 en el Estado de México, dejando a un niño huérfano. María Magdalena Velarde Tepos y Roberto Sánchez Órtiz, padres de la joven, han exigido justicia y este lunes podría dictarse una sentencia condenatoria por el feminicidio que fue clasificado en un inicio como suicidio. 

Desde el 2 de septiembre de 2021, la lucha de la familia se lleva a cabo en la Torre II de los Juzgados Penales de Cuautitlán, Estado de México, lugar donde se han realizad más de 10 audiencias en contra de Led “N”, acusado y esposo de Fernanda al momento de los hechos, quien se encuentra detenido desde el 30 de marzo del año pasado, después de que se lograra la reclasificación de suicidio a feminicidio. A casi un año de que comenzara este proceso, la familia, por fin, pareciera acercarse a la justicia, pues el viernes 5 de agosto se llevaron a cabo los alegatos de clausura, donde se estableció una posible cronología de los hechos basada en los peritajes y los testimonios desahogados hasta la fecha. Entre los últimos se encuentra el de Led “N”, quien durante la penúltima audiencia se posicionó en las inmediaciones del asesinato en un lapso concordante con la hora de muerte de Fernanda. Sin embargo, la defensa del acusado mantiene la teoría de suicidio como causa.

Desde la audiencia llevada a cabo el domingo 15 de mayo se ha hecho un seguimiento al proceso dentro y fuera de las salas de audiencia, con ello, ha sido posible capturar los testimonios y establecer dos posibles cronologías: la del “posible” suicidio, establecida por la defensa del acusado, y la del feminicidio, presuntamente cometido por Led “N”, alegada por los acompañantes legales de la familia Sánchez Velarde, siendo crucial la audiencia de alegatos finales donde se presentaron resúmenes de ambas hipótesis con base en el total de evidencias desahogadas y pertinentes.

Versión de la defensa

De acuerdo con lo planteado por la defensa de Led, los testimonios de sus familiares y el peritaje inicial que calificó la muerte de Fernanda como suicidio, el 4 de enero de 2014 el acusado salió temprano de su casa a una plaza cercana en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para adquirir un juguete para su hijo. Posteriormente, se dirigió al tianguis donde labora su familia. Alrededor de las 08:55, según su testimonio, Led estaba de regreso en su domicilio donde se encontraban su hijo y Fernanda, quien le informó que el menor estaba enfermo. De acuerdo con el acusado, a las 09:15 horas salió, nuevamente, hacia el mercado, lugar donde los testigos afirman haberlo visto llegar hasta las 10:30 horas. El acta médica elaborada por la doctora Eliza Zagaceta, quien declaró el domingo 15 de mayo, establece que la muerte de Fernanda fue entre las 9 y las 10 de la mañana a causa de asfixia por ahorcamiento y que el cuerpo mostraba un total de 12 lesiones. En el sentido de esta versión, para llevar a cabo el suicidio, Fernanda hubiera tenido que autoinflingirse varias lesiones en diversas áreas, entre ellas, la cara, la muñeca y la zona vaginal, para después dirigirse al patio, saltar hacia un gancho y con ello concretar el hecho. 

Como antecedentes, Led y su familia declaran que Fernanda y él sostenían una relación amorosa con problemáticas comunes y que, incluso durante el tiempo que se separaron, el acusado era responsable con sus obligaciones parentales. Al mismo tiempo, sin ningún fundamento científico o diagnóstico previo, sostienen que Fernanda estaba deprimida y, por esa razón, hubiera decidido quitarse la vida y autoinflingirse el total de las lesiones presentadas.

“No fue suicidio, fue feminicidio”

“Los cuerpos de las víctimas hablan, no fue suicidio, fue feminicidio”, comparte el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización de la que forma parte la abogada Ximena Ugarte, acompañante legal de la familia Sánchez Velarde, en su último comunicado con respecto al caso, en el cual piden al Poder Judicial del Estado de México un análisis escrupuloso con perspectiva de género a las evidencias presentadas, para dictar una sentencia que garantice verdad y justicia para Fernanda y su familia.

De acuerdo con lo presentado en los alegatos finales, la cronología del feminicidio ocurrido el 4 de enero de 2014, entre las nueve y las 10 de la mañana, Led “N” –presuntamente– atacó sexualmente a Fernanda Sánchez Velarde y le infligió las lesiones en el rostro que la dejaron semi inconsciente. Después, presumiblemente, como un primer intento de simulación de suicidio, cortó su brazo, la arrastró, al menos, de la cocina hacia el patio donde, finalmente, provocó la asfixia que deviniera en su fallecimiento. Tras privarla de la vida, llegó al mercado a las 10:30 con su hijo en brazos. Led no regresó al lugar de los hechos. Al día siguiente presentó su declaración en el ministerio público y fue resguardado por familiares, presuntamente, para ayudarlo a evadir la justicia. 

En ese sentido, se trata de un asesinato por razones de género, un feminicidio, pues el hecho cumple con al menos cuatro circunstancias para dictaminarlo de acuerdo al Artículo 242 Bis. del Código Penal aplicable por razón temporal a este asunto: la privación de la vida asociada a la subordinación de la mujer, una relación sentimental existente entre el acusado y la víctima, violencia sexual y violencia familiar previa, pues contrario a los testimonios del acusado y su familia, Magdalena y Roberto aseguran que existía violencia psicológica, sexual, física y económica mucho tiempo antes. Además, la pareja inició la relación cuando Fernanda tenía 15 años y Led era mayor de edad, lo cual la posicionaba en una dinámica de poder y subordinación a razón de género y edad. Como evidencia de los hechos, se realizó un peritaje con perspectiva de género posterior a las investigaciones iniciales que, a diferencia de las previas, consideró el total de las lesiones para hilar una posible cronología. Entre las cuales destacan una herida concordante con violencia sexual que no fue tomada en cuenta cuando se dictaminó suicidio como causa de muerte. 

Entre los años 2011 y 2014, Fernanda y Led comenzaron a vivir juntos en la residencia donde fue asesinada, después de que la víctima quedara embarazada. A lo largo de esos años, de acuerdo con declaraciones de la víctima y en voz de sus padres, Fernanda recibió diferentes tipos de abuso y la invisibilización del mismo por parte de la familia de Led, con quienes también residían. Asimismo, el acusado incumplía con sus obligaciones económicas, las cuales el señor Roberto, padre de Fernanda, cubrió durante la relación; además, de acuerdo a sus declaraciones, él atestiguó diversas heridas en los brazos de Fernanda. En 2013, Fernanda decidió separarse de Led y demandó la guarda y la custodia de su hijo, así como una pensión alimenticia, pues el acusado se negaba a aportar económicamente al cuidado del menor. Asimismo, declararon que existió una amenaza de muerte por parte del implicado cuando Fernanda lo dejó, lo cual la orilló a alejarse de Cuautitlán, antes de regresar a la residencia donde se cometió el delito.

La resolución del caso

Este lunes 8 de agosto a las 18:30 horas se llevará a cabo la última audiencia en contra del acusado, presidida por el juez de control Edson Apolo Dionisio Santos, quien determinará si existirá una sentencia condenatoria. En caso de resultar culpable, Led sería responsable de feminicidio y de aborto agravado, pues Fernanda tenía cuatro meses de embarazo al momento de su asesinato. Desde el viernes, Magdalena Velarde invitó por medio de redes sociales a más familiares de víctimas, sobrevivientes, personas solidarias y colectivas a acompañarla durante el proceso. 

Aunque existen suficientes evidencias para que exista una resolución a favor de Fernanda y su familia, no hay garantía de que lograrán hacer justicia, pues de acuerdo con el reporte  “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México. Reporte 2020”, emitido por  Impunidad Cero, la impunidad en feminicidios era de 51.4 por ciento en 2019. Cabe destacar que varios estados en el documento no respondieron el número de sentencias condenatorias para este delito durante su investigación, por lo cual es imposible conocer un índice real de impunidad en el país o el Estado de México.

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