Obtilia es una mujer me’phaa que ha denunciado al Ejército por violar derechos humanos de los pueblos indígenas y de atacar sexualmente a dos de sus compañeras en Guerrero. Hace unos días recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019: En entrevista, habla de cómo la impunidad que hay en el país se ensaña con las mujeres indígenas

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Especial

Obtilia Eugenio Manuel es una mujer invencible. La activista galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, nació en el pueblo Me’Phaa (tlapaneco) de Barranca de Guadalupe, en Ayutla, Guerrero. Durante su vida ha resistido represiones contantes. Pero tambén ha exhibido atrocidades del Ejército y autoridades locales; ha alzado la voz, incansable. Ha vencido y perdido.

Obtilia traduce la impunidad. Tiene una línea de tiempo de represión en el cuerpo. Sabe de dolor, de sufrimiento, de resistencias y alegrías. En entrevista con Pie de Página hace un recuento de los sucesos que la llevaron a ser una activista por los derechos humanos desde que en 2002 fundó -junto con su compañero de vida, Cuauhtémoc Ramírez- la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), de la cual 47 integrantes tienen medidas cautelares por amenazas.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el reconocimiento de derechos humanos por su “destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de las garantías básicas”. 

Los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) votaron por unanimidad.

El premio le fue entregado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, durante la conferencia a la que participó Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo.

–¿Con este premio, López Obrador cumple su compromiso con los pueblos indígenas?

– Creo que se debe de acercar con los pueblos indígenas. Que yo tenga este premio no significa una cercanía. Para mí es un reconocimiento como mujeres indígenas, como pueblos indígenas que soy, para mí es importante. No es tanto mi trabajo del que se ha hablado, el trabajo es lo que siempre, es lo que habla, no es lo que yo diga: ahí está. 

2019 no ha sido un año sencillo para ella. Fue secuestrada junto a su compañero de organización Hilario Cornelio Castro y se ha tenido que apartar de su familia. Desde su exilio forzado dice que se siente fuerte, pero por encima de todo está su familia: sus hijos, su esposo, todo lo que le queda en la zona pe’phaa de Ayutla.

Desde 2005, Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), acompaña a la OPIM por la gravedad de las amenazas de  muerte que Obtilia recibió después de denunciar la violación de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de miltaes en 2002, y por pedir justicia por otras violaciones de derechos humanos, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998, la militarización de la zona por considerarla un foco guerrillero y masacres históricas como la de El Charco en 1998.

Además, Amnistía Internacional tomó como presos de conciencia a cinco integrantes de la OPIM apresados de forma injusta en 2008, y tiene acompañamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por su trabajo de denuncia en Ayutla.

A Obtilia y a su familia, esto les ha costado la tranquilidad.

Ser mujer indígena

El problema en este país es la impunidad.  Su organización tiene aún 20 presos políticos aún, entre ellos su hermano, porque prevalece la discriminación y hay un desdén con los pueblos indígenas. Pero quienes lleva la peor parte, dice, son las mujeres indígenas.

“Es el problema en el país, y es peor para las mujeres indígenas: no nos toman en cuenta”, insiste.

Obtulia ve que en pleno 2019 son las autoridades en los pueblos indígenas son hombres y no entienden los problemas específicos de las mujeres:

“Porque ellos son hombres y tienen ideas diferentes que una mujer; no sienten los mismos dolores, ni sufren por las mismas situaciones».

Es complicado, incluso, que los hombres atiendan a las mujeres castellanas o mestizas ( «yo las conozco así”), dice la activista.

En el caso de las indígenas hay un elemento extra para poder acabar con la impunidad: la lengua

“A pesar de que hay tantos problemas para poder hablar en español, porque muchas mujeres no saben hablar en español, siempre necesitan los traductores. Y para mí no es que ese reconocimiento se va a ser en la justicia como nosotras lo deseamos. Y para mí eso va a costar más tiempo. Hemos quejado ante la justicia también porque no se aplica como se debe de aplicar”.

La lucha por los derechos

Para contar la historia de su organización, Obtilia empieza poco a poco. Dice que a finales de la década de los 90 hubo un intento de organización entre los pueblos na savi (mixteco) y me’phaa (tlapaneco) de Guerrero, pero era muy difícil gestionar recursos y traducir en dos idiomas. Las asambleas se volvían eternas y al final se separaron, pero siempre denunciaron el acoso militar, porque el gobierno creía que en esos territorios se anidaba la guerrilla. 

«Se tuvo que denunciar, algunas mujeres se quedaron calladas porque tienen miedo de denunciar, porque son militares. Yo sufrí desde niña por varias cosas. A mi papá, que se dedica a sembrar caña, a hacer panela, a sembrar fruta, es un derecho que tenemos todos: tener derecho a la salud, tener derecho a las comunidades. Él sembraba jamaica y lo balearon”.

A ella le da coraje que aunque haya muchos programas de política social, el gobierno los maneja discrecionalmente. Para las comunidades indígenas todo es más complicado, dice, pues como no saben hablar español no acceden a muchos beneficios.

Ahora, cada vez más niños hablan español, porque esa ha sido la única forma para que los indígenas puedan acceder a derechos en México.  Pero eso ha tenido un costo enorme, pues la lengua se está dejando de hablar en la infancia. 

Obtilia, por ejemplo, no tiene acceso a la salud, nació con una partera, no fue vacunada y vio morir a cientos de vecinos que tampoco tuvieron ese beneficio. 

Recuerda represiones vividas a cambio de servicios. La más atroz: la esterilización de más de 30 indígenas a cambio de la construcción de dos hospitales.

Los esterilizaron sin su consentimiento, pero les prometieron hospitales en las comunidades de El Camalote y otras de la zona mixteca que jamás llegaron. . 

La línea de impunidad

Obtilia recuerda desde 1998 las violaciones a derechos humanos en su comunidad:

«Ese año también encarcelaron a uno de mis compañeros y salió. Y ya en 2002, nosotros formamos una organización, la OPIM, donde nuestras compañeras fueron violadas por militares y se denunció, no se pudo conseguir justicia en nuestro país, se tuvo que buscar a otro lado y ello se ganó, ellos pudieron denunciarlo y yo las apoyé en las traducciones”, dice.

«En el año 2001 encarcelan a mi hermano porque mi hermano era el que promovía a que nosotros tuviéramos derechos de salud, educación. Encarcelan a mi hermano, estuvo dos años. Salió, tuvimos que lucharlo. En el año 2004, mi prima que era muy comprometida que la matan a ella junto a su mamá y a otro de sus hermanos. Los mataron. Para eso no hubo justicia y no hay detenidos para eso. Donde yo siempre he sido amenazada por personas civiles, yo sé que son militares pero van vestidos de civiles, yo he presentado denuncias a eso, tengo muchas denuncias pero no se aplica. Le he dicho el nombre de las personas, quienes son, las comunidades, no hay justicia». 

Ella es consciente de las carencias que deja el lenguaje. 

“Yo lo sufrí, yo aprendí a hablar en español, yo no sabía hablarlo. Ese es el trabajo el que habla. Para mi siempre ha habido corrupción en los ayuntamientos”, dice. Y de nuevo, describe las injusticias sistemáticas desde su posición de mujer:

«Ha habido mucho problema tanto como de las mujeres, se han muerto mujeres de maternidad que no los atienden, yo siempre a una mujer indígena en la zona mixteca acompañé a su familia a denunciarlo porque no lo atendieron a la mujer y aunque la pudieron salvar porque ella llegó temprano y no lo atendieron a las 7 de la tarde y se murió llegó a las 10 de la mañana. Hemos presentado demandas, hemos demostrado que ellos tienen irresponsabilidad, porque no los atienden».

Asesinato de Lorenzo Fernández

Como si se tratara de venganzas por pelear derechos. Asesinaron al hermano de Inés Fernández Ortega, Lorenzo, cuatro años antes de que el Estado mexicano le pidiera disculpas públicas a ella y a Valentina Rosendo porque miembros del Ejército las ultrajaron y atacaron sexualmente.

«En 2008 matan un hermano, una que fue violada por militares, mataron a su hermano en Ayutla de los Libres, apareció muerto, torturado, en eso no hay ninguno detenido. De ahí, detienen a nuestro compañero, giran la orden a 16 compañeros los que son de la organización y son de diferentes pueblos, y le echan la culpa que mataron a una persona que era informante de militar y le echaron la culpa a 16 personas por matar con un arma calibre de 22 a una persona y detuvieron a cinco compañeros de ese delito y Amnistía Internacional nos ayudó, ellos declararon que eran presos de consciencia y obtuvieron su libertad y todavía están dos de mis hermanos con orden de aprehensión por el mismo delito». 

Obtilia sigue con su cronología de la impunidad. Recuerda que a dos compañeros — Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)- los desaparecieron y tres días después, sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura.

Ella recibió llamadas con amenazas de que iba a pasar lo mismo que a ellos “y así me decía y salí de Ayutla, fui perseguida, disparando donde íbamos, eso fue lo que pasó también en 2009”. 

2009 fue un año complicado. 

“El gobernador de ese entonces, Zeferino Torreblanca Galindo, decía que esos indígenas estaban detenidos porque se les encontró la culpa. Había un cacique que se llama Rogaciano Alba, era narco, y decía que no se podía decir culpable cuando no había declarado; y a nuestros compañeros están detenidos porque se les encontró culpables”.

–Eso pasó. Muy difícil para nosotros porque quien es mi pareja Cuauhtémoc Ramírez, también tuvo la orden de aprehensión. Me quedé yo sola defendiendo a mis compañeros que estaban encarcelados y tuve amenazas por policías ministeriales y personas civiles que para mí eran militares. Siempre me amenazaban: ‘te sientes muy chingona, como quiera la bala no se va a detener y como quiera vas a estar bajo la tierra tres metros, a ver si de veras vas a sentirte chingona'».

Siempre amenazas, dice. «Ha sido muy complicado para mí».

La vida de Obtilia ha sido así, de sobresaltos, de adioses. Sus hijos no están con ella desde 2008, por las mismas amenazas. La última ocurrió el 12 de febrero de este año: ella y su compañero, Hilario Cornelio Castro, fueron secuestrados y permanecieron desaparecidos durante varias horas. La golpearon y la llevaron con los ojos vendados hacia lo que ella piensa que era el puerto de Acapulco.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una organización aliada, y muchas otras nacionales e internacionales se movilizaron para exigir su presentación con vida. Pero después hubo una campaña de desprestigio contra ella y su compañero de organización.

Ontilia también es integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres en su nueva forma de gobierno– es el único municipio de Guerrero donde se eligieron autoridades por usos y costumbres– y ha denunciado a empresas constructoras con vínculos con el crimen organizado. 

«A los funcionarios les gusta desprestigiarte, aunque a mi me digan eso, porque mi trabajo yo apoyo a las personas sin ganar ni un peso, yo apoyo con mi conciencia, lo hago de manera voluntaria, sé lo que a mi me gusta hacer, tampoco, porque nuestras organizaciones conocen nuestro trabajo. ¿Cuál es ese es el trabajo o qué es lo que hacemos como organización? Para mí eso tenían que decir, porque salí viva. Si no estuviera yo viva, hasta el enemigo iba a hablar bonito de mí… porque salí viva hicieron todo para desprestigiarme».

Pese a todo, Obtilia sigue. Parea ella, la defensa de los derechos humanos es un motivo de vida.

“Se tienen que defender, es un arma para podernos defender como mujeres, como personas, como ciudadanos, porque de todo el problema que ha habido está en las autoridades que se corrompen. Como yo decía cuando estaba el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y ocupó a crimen organizado para acabar con los dirigentes de las organizaciones. ¿Por qué les dio dinero al crimen organizado para acabar con los dirigentes?”.

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