Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres cumplieron tres semanas de huelga para exigir mejores salarios. Las autoridades de la institución y el gobierno han intentado de todo para hacerlos claudicar, dicen. Pero más allá de dividirlos, la represión los ha unido

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

Actualización 20 de diciembre 2023

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente López Obrador anunció el 15 de mayo que todos los trabajadores del sector educativo tendrían que ganar, por lo menos, 16 mil pesos al mes. Desde ese día, los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres del Valle de México comenzaron a exigir lo que el presidente prometió.

Primero buscaron a las autoridades de la institución, quienes les dijeron que la Secretaría de Hacienda todavía no había autorizado los recursos. Después, Hacienda les dijo que ya había entregado los recursos al Colegio, y que distribuirlos entre los trabajadores no era su competencia.

Los trabajadores esperaron. Pero los meses pasaban y el aumento no llegaba.

El 12 de octubre, cansados de que nadie les respondiera, el Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres emplazó a huelga. Sus demandas, cuenta el secretario general del sindicato, Armando Vargas, las resumieron en tres puntos:

“Primero, un aumento salarial del 20 por ciento. Segundo, el 8.2 por ciento de aumento salarial que anunció el presidente el 15 de mayo. Tercero, que se equipararan los salarios de todos los trabajadores administrativos, por lo menos, en 16 mil pesos mensuales”.

Los trabajadores tocaron todas las puertas: en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, en el sistema de Educación Media Superior, y claro, en las del Colegio de Bachilleres.

Sin embargo, ninguna de estas mesas de negociación prosperó. El Colegio les ofreció un aumento del 4 por ciento, para saldar el 20 por ciento que los trabajadores exigían. Sobre la equiparación salarial a 16 mil pesos, no dijeron nada. Y en una de esas mesas, inclusive, el Colegio de Bachilleres les dijo a los trabajadores administrativos que ya había hecho el aumento del 8.2 por ciento.

Ivette Sánchez, trabajadora del Colegio de Bachilleres, explica que esto fue falso. En realidad, el aumento fue del 1.9 por ciento:

“Una compañera de servicios dice que realmente lo que le aumentaron fueron 60 pesos. ¿De qué me sirven 60 pesos? Ni para un kilo de huevo. Si tengo una familia de tres hijos, el esposo y yo, 60 pesos es una burla”.

El enojo y la indignación crecieron, y el 16 de noviembre los trabajadores estallaron la huelga que  paralizó 20 planteles en la Ciudad y el Estado de México, afectando a 100 mil estudiantes.

Todo se pudo evitar, si las autoridades hubieran cumplido su palabra. Pero no lo hicieron.

La huelga es legítima, pero el Colegio dice que no es legal

Los trabajadores administrativos son el personal de mantenimiento, laboratoristas, secretarias, bibliotecarios, y los que conectan el equipo de sonido y audio en las clases. Son, en esencia, los que hacen que una escuela se mueva, además de los docentes.

Muchos de ellos también son profesionistas, aunque el Colegio de Bachilleres no los contempla cuando tiene crisis en sus plantillas docentes.

Su salario es de alrededor de 6 mil 700 pesos a la quincena, dependiendo de la antigüedad y el puesto. Es decir, apenas 500 pesos más que el salario mínimo vigente en 2023, el cual aumentó en 20 por ciento en todo el país desde el mes de enero.

Su ingreso, comparado con el costo de la canasta básica alimentaria por persona según Coneval, alcanza para apenas satisfacer la alimentación de una familia de 5 personas. Esto, sin contar los gastos de traslado, educación, renta y servicios.

Aún así, los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres decidieron irse a huelga. ¿Por qué? Por dignidad.

«La huelga no es un capricho de nosotros. A final de cuentas, es la respuesta a un mandato federal que las autoridades del Colegio de Bachilleres no quieren reconocer».

Sin embargo, desde que estallaron la huelga los dobles discursos de las autoridades reflejan que no hay voluntad política para resolver el conflicto.

Mientras las autoridades laborales intentan llegar a la conciliación, el colegio de Bachilleres interpone recursos jurídicos para desconocer la huelga.

Su argumento, cuenta Armando Vargas, es que el estallamiento del 15 de noviembre no contó con el aval de más del 50 por ciento del padrón de trabajadores del Colegio.

«El Colegio metió el recurso de inexistencia de la huelga el 18 de noviembre, argumentando que no todos los trabajadores apoyan el estallamiento de la huelga. A partir de ahí, hemos tenido 4 audiencias en el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, donde se han desahogado las pruebas correspondientes. También hicimos varias audiencias donde solicitamos que el colegio demostrara que el padrón que ellos dicen que hay en la institución (5 mil 448) son trabajadores activos».

Al final, el Tribunal determinó que el padrón de trabajadores activos en los planteles en huelga es de 5 mil 164 administrativos, y el recuento para determinar si la huelga es legal, o no, será el próximo 18 de diciembre en tres planteles: El Rosario; Iztacalco y Culhuacán, en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde.

Los resultados del recuento fueron contundentes: el 95.82 por ciento de los trabajadores ratificó la huelga.

La represión: «Nadie quiere respondernos»

Los trabajadores siguen movilizándose en la ciudad. Su objetivo es presionar a las autoridades para que resuelvan el conflicto. En esas movilizaciones, el sindicato, apoyado de otras organizaciones, bloquea calles y avenidas principales del área metropolitana para ejercer presión.

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Sin embargo, el viernes 1 de diciembre, durante una manifestación, un cuerpo de policías de la Ciudad de México agredió a los trabajadores durante un bloqueo.

Aldo Ayala, un trabajador que participó en los bloqueos, denuncia:

«Las manifestaciones se han hecho de manera pacífica. No hemos agredido a personas, a civiles, pero el viernes primero de diciembre mandaron granaderos. ¿Por qué nos reprime el jefe de gobierno, Martí Batres? ¿Por qué lo hace si se supone que por mandato federal dicen que ya no se va a reprimir ninguna manifestación? Estamos exigiendo nuestros derechos, pero nadie quiere respondernos».

Estos hechos, además, se suman a una serie de «errores» que el Colegio de Bachilleres ha comunicado en sus páginas o correos oficiales. En ellos, además de insistir en que ya otorgó el aumento del 8.2 por ciento (lo cual es desmentido, recibo en mano, por los trabajadores), también ha informado que ya depositó el aguinaldo, lo cual también es falso.

«El Colegio está mintiendo. No nos han depositado el aguinaldo, aunque probablemente lo estén reportando como algo fiscal, ¿no? Eso es fraude, según yo», dice …, trabajadora administrativa.

Pese a esto, con el puño en alto, los trabajadores no menguaran su lucha. Aldo concluye con una reflexión para los días venideros:

«Volvimos a tomar conciencia de la lucha. La huelga es un derecho, no un capricho, repito. Y aquí vamos a seguir hasta donde tope, porque nos tienen que cumplir. Desgastados vamos a estar, pero vamos a dar ni un paso atrás: hasta la victoria».