La reivindicación para la profesora Alicia Hopkins Moreno llega luego de 10 años de la violación a sus derechos laborales por parte de la Universidad en la que laboró, y retrata un esquema de contratación donde las instituciones se niegan a reconocer las relaciones laborales con sus trabajadores

Texto: Isabel Briseño

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. -“Estoy contenta, sorprendida, me han sorprendido bastante varios elementos de todo este proceso. Primero, el hecho de darme cuenta de la sistemática violación a los derechos laborales y humanos que vivía en el Claustro de Sor Juana”, expresa la académica Alicia Hopkins Moreno. 

A mediados de febrero el primer tribunal colegiado en materia de trabajo determinó por unanimidad de votos ratificar la sentencia a favor de la docente Alicia Hopkins Moreno, misma que obliga a la Universidad del Claustro de Sor Juana a reconocer los derechos laborales de la profesora.

Esta sentencia es resultado de un amparo que la Universidad del Claustro interpuso contra una resolución del 21 de junio de 2023, cuando el séptimo Tribunal Laboral de asuntos individuales de la Ciudad de México falló a favor de Hopkins y admitió que el Claustro violó sus derechos laborales. 

«La universidad del Claustro de Sor Juana viola derechos laborales». El caso de Alicia Hopkins

En esa sentencia, se establecía que la Universidad debía de reconocer y pagar a la docente los derechos de indemnización constitucional, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, inscripción y pago de aportaciones de manera retroactiva ante el IMSS, INFONAVIT Y SAR, expedir una constancia de servicios, y abstenerse de poner el índice en la profesora. 

También, establece que la Universidad debe nulificar los contratos de prestación de servicios profesionales signados por la profesora. Los mismos que el Claustro se negaba a reconocerle, pues no admitía que Hopkins tenía una relación laboral con la institución. 

Por eso, en febrero de 2023, la docente inició un juicio contra la Universidad del Claustro de Sor Juana por el despido injustificado que vivió el 25 octubre de 2022, mismo en el que su defensa legal solicitó la indemnización conforme a la ley.

Ahora, los representantes legales de Alicia Hopkins esperan que de forma voluntaria la Universidad pague lo que le debe a la docente, pues ya no hay argumentos legales que lo impidan: 

“Ya hay una sentencia por parte del tribunal laboral y determinó que sí existió una relación laboral, que sí hubo despido injustificado”. 

El caso de Alicia puede ser el de muchos docentes 

Emanuel Beltrán, abogado del despacho Larios, Alejo y Beltrán que representó a Hopkins en este juicio, refiere que, desafortunadamente, son muchas las instituciones educativas que recurren a la figura jurídica de prestación de servicios profesionales para  simular una relación laboral y evadir sus responsabilidades. Un ejemplo es el caso de Alicia. 

Para el abogado, en el caso de la docente prácticamente desde la fecha de ingreso la obligaron (porque no había otra forma de ingresar a trabajar) a firmar contratos de prestación de servicios profesionales. Sin embargo, con esto la Universidad simulaba una relación de carácter civil, como lo es un contrato de prestación de servicios profesionales con una relación laboral subordinada.

La diferencia entre un prestador de servicios y un empleado es que el primero establece sus honorarios, sus tiempos y hasta su forma de trabajo. En cambio, el empleado obedece a un horario y  actividades designadas a cambio de un salario establecido por el patrón. 

En el caso de Alicia Hopkins, aunque la Universidad intentó hacerla pasar por prestadora de servicios, ella comprobó que tenía una relación laboral con la Universidad, pues “tenía una jornada, un salario, un jefe superior jerárquico, y cumplía con todos los elementos establecidos en la Ley, sobre todo de la subordinación”.

¿Qué es la subordinación laboral? Básicamente, es un poder de mando del patrón y un deber de obediencia del trabajador en una relación de trabajo. 

“El patrón te dice: mañana preséntate a las nueve porque tienes que dar clase, y Alicia tiene que presentarse. Es el poder de mando del patrón, y en Alicia, el deber de obediencia porque por eso recibe un salario”, ejemplifica el abogado. 

La ilegalidad normalizada 

Por otra parte, también es muy raro que un profesor se anime a interponer demandas porque cuando lo hacen hay consecuencias o repercusiones.  

Beltrán señala que lo interesante del juicio fue la declaración de la rectora: a una pregunta que se le formuló contestó que era común que a los prestadores de servicios les dieran por terminado su contrato. Es decir, que para la institución, Alicia no era la única en esa situación, sino que había o hay más trabajadores con esas características.

“Para ella era muy común este tipo de acciones y es muy preocupante que una institución normalice este tipo de ilegalidades”.

Para Alicia también ha sido una sorpresa la rapidez con que se resolvió el conflicto de forma favorable. 

“Creí que se iba a sostener el statu quo, de esta forma de simulación laboral del Claustro de Sor Juana y no se me iban a reconocer los derechos”.

Finalmente se hace justicia, pues la profesora pudo haber perdido 10 años de su vida en términos de derechos laborales. 

Por último Alicia Hopkins dice sentirse  reivindicada, pues señala que fue un proceso muy humillante.

“En términos de salud mental afecta un montón porque además hay una especie de estigmatización frente al despido. Cuando dices: me despidieron, siempre hay una especie de sospecha y la culpa recae en la persona que fue despedida. Se piensa: algo habrá hecho, por algo la corrieron. Es una carga negativa y peyorativa”.

La académica resalta la importancia de que su caso se dé a conocer, pues destaca que  son muchos trabajadores, no solamente en el ámbito de la docencia, sino de otros, que por la necesidad del empleo acceden a formar  estos contratos simulando una prestación de servicios profesionales y terminan cediendo sus derechos laborales.

“Es importante que se haya resuelto este conflicto de esta manera porque da pie a la posibilidad de que haya más demandas y una organización de docentes contra la violación a los derechos laborales”.