Parece simple cantaleta, pero resulta básico. Sin análisis diferenciados, vamos a tener siempre diagnósticos sesgados, cuando no errados, de lo que realmente está sucediendo; nos será imposible encontrar patrones, motivos, modus operandi de quienes desaparecen a las niñas y mujeres para prevenir, para buscarlas, y para entender cómo sus desapariciones se relacionan con otros delitos de género y violencias feminicidas

Por Celia Guerrero / X: @celiawarrior

El pasado 30 de agosto fue el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada y la organización Data Cívica, una que promueve el uso de los datos para la prevención y búsqueda de personas desaparecidas en México, publicó un análisis de la información pública que nos permite comprender la evolución de este crimen en los últimos tres sexenios. 

El documento alumbra lo inocultable: las desapariciones de personas continúan incrementado sin freno. De 2006 a 2023, el aumento en los registros de personas desaparecidas es de 49 veces. Aunque, haciendo el cruce con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), estiman 2.8 veces más personas desaparecidas que las que se registran.

Pero lo que nos permiten ver estos datos, más allá del incremento o una cifra exacta, es un diagnóstico: en México la desaparición de personas es desde hace tiempo una crisis humanitaria; una especie de cáncer metastásico que ninguno de los últimos tres gobiernos ha hecho suficiente para evitar o atender. 

Por sí misma la información de casi 50 veces más registros de personas desaparecidas debería encendernos todas las alarmas. Pero hay un aspecto en el diagnóstico de Data Cívica que califican como “particularmente preocupante”, yo diría, también, muy relevante: por encima del incremento de las desapariciones de personas de cualquier sexo o edad está el aumento de las niñas y mujeres adolescentes desaparecidas. 

Los registros de desaparecidas entre los 10 a 19 años son los que más se han disparado en dos décadas. En relación a 2006, en los que hubo 108 registros en este rango de edad, en 2023 hubo 5 mil 787; 54 veces más.

Prestarle atención a este hecho es muy relevante porque para prevenir y atender necesitamos comprender “quiénes nos faltan”, como plantea Data Cívica.  Y, una vez que identificamos el quiénes, preocupa lo invisibilizado y lo poco que sabemos del por qué de estas desapariciones, aún cuando son las más.

Aunque desde 2006 los registros de mujeres desaparecidas de 10 a 19 años eran la mayoría en los varios rangos de edad, fue entre 2012 y 2014 que se disparan muy por encima del resto. Incluso superan el número máximo de los hombres, que está entre los 30 y 44 años.

En otras palabras, en 2012-2014 la tendencia cambia y, si bien hay más registros de hombres que de mujeres, la cantidad de niñas y mujeres adolescentes es desproporcionada. Los próximos ocho años estos registros disminuyeron, volvieron a aumentar y volvieron a disminuir; pero nunca volvieron a ser menos de los que eran en 2012. Una década después, en 2022, aumentaron una vez más y rebasaron el máximo de 2014.

En La necesidad de analizar la desaparición de personas desde un enfoque de género: el impacto diferenciado de este fenómeno en mujeres, una reciente publicación de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, plantean una tipología de mujeres víctimas de desaparición de personas: víctimas directas que pueden serlo, a su vez, en dos dimensiones: 1) de sanción o castigo, por el hecho ser mujeres; y 2) instrumental o de aprovechamiento, cuando buscan explotarlas en asociación a su rol de género dentro de estructuras criminales. También consideran las víctimas indirectas, mujeres que experimentan los impactos de la desaparición de personas cercanas, asociados a su sexo: asumen labores de cuidado, crianza, búsqueda.

Si bien cualquier situación es “igualmente grave”, explica la publicación, la tipología es útil para lo que llaman “un análisis diferencial” porque “la desaparición cometida contra mujeres guarda fines y consecuencias específicas”, distintas a las que ocurren en contra de hombres. El planteamiento es, “más allá de contar mujeres”, se requiere de análisis de contextos y con perspectiva de género.

“La intención de desaparecer a una mujer tiene como base el hecho de que los perpetradores creen tener el poder de desposeerlas de sus cuerpos y ocultarlas de la mirada pública”, plantean. Y esta es quizá la primera pista a seguir después de conocer el incremento de las desapariciones de niñas y mujeres adolescentes en la última década.

Parece simple cantaleta, pero resulta básico. Sin análisis diferenciados, vamos a tener siempre diagnósticos sesgados, cuando no errados, de lo que realmente está sucediendo; nos será imposible encontrar patrones, motivos, modus operandi de quienes desaparecen a las niñas y mujeres para prevenir, para buscarlas, y para entender cómo sus desapariciones se relacionan con otros delitos de género y violencias feminicidas.