Hace cinco meses 300 familias de Atatlahuca, Oaxaca, salieron de sus comunidades desplazadas por la violencia. El pasado domingo, una niña de 3 años de edad, cuya familia se refugia en una iglesia, murió de diarrea y desnutrición por falta de acceso alimentos y médicos, de acuerdo con Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas

Texto y fotos: Diana Manzo / Istmo Press

OAXACA.- Una niña desplazada de origen mixteco, de 3 años de edad de nombre Benita Hernández Bautista falleció el pasado domingo 27 de marzo, a causa de diarrea y desnutrición por la falta de médicos y alimentos, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).

De acuerdo con Maurilio Santiago Reyes, defensor y director del CEDHAPI, la menor murió en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, ubicado a tres horas de distancia, porque en la zona donde se encuentran refugiados, que es la iglesia principal, no hay médicos ni alimentos.

“Esta menor perdió la vida por la pobreza y la marginación, cuántas muertes más vamos a tener para que las autoridades actúen, esto es realmente preocupante, porque hay muchos menores desplazados, algunos allá en la montaña y otros en Tlaxiaco, no sé qué va a pasar, los están dejando solos sin casa, sin salud ni alimentación”, refirió.

Desde el mes de octubre del 2021, la menor, su familia y otras 300 familias de las comunidades de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, pertenecientes a Atatlahuca, Oaxaca,  viven desplazamiento forzado por la violencia y defensa del bosque que ocasionó la quema de 100 viviendas, según consta la carpeta de investigación  35007/FMUX/TLAXIACO/2021.

A pesar de que la Comisión Interamericana  de los Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado a favor de la protección e integridad de las familias, han transcurrido cinco meses, y ninguna autoridades ni estatal ni federal han implementado un programa de reubicación y regreso a casa, y tampoco hay programas de salud ni educación para estas familias.

Por último, Santiago Reyes exhortó a las autoridades dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada por la CIDH MC-1050-21, y también otorgar apoyo humanitario urgente a las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji en el marco internacional del Derecho Internacional Humanitario. 

El pasado 8 y 9 de febrero, un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del área de organismos internacionales de la Secretaría de Gobernación (Segob),de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Fiscalía de Oaxaca  se reunieron con las personas desplazadas en donde realizaron un censo de personas y afectaciones, sin embargo hasta la fecha no hay respuesta favorable.

De acuerdo con un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo son 82 millones de personas desplazadas forzadamente, lo que equivale a un aumento del 4 por ciento sobre el 2019.

En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.

*Esta nota fue realizada por ISTMO PRESS, medio aliado de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.