Pese a que colectivos de búsqueda denunciaron irregularidades, el gobierno de Morelos continúa con el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y les dice a las buscadoras que son «voces aisladas que intentan deslegitimar el proceso»

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El gobierno de Morelos elegirá a un nuevo comisionado de búsqueda, pero el proceso de selección genera sospechas entre algunos colectivos en al Estado.

Las sospechas, según relata Amalia Hernández, del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, devienen de que las autoridades no han escuchado a las víctimas, lo que las hace pensar que quieren imponer a un perfil a modo con el gobierno.

«La Comisión de Búsqueda se creó precisamente por la necesidad de los familiares de las personas desaparecidas», reflexiona Amalia, quien además, recuerda que antes de que existiera la Comisión, la Fiscalía Estatal no atendía sus denuncias, lo que generó un problema para integrar las carpetas de investigación, y las diligencias de búsqueda, en un estado donde existen mil 594 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

«Los familiares de víctimas hemos sido los principales impulsores de la ley y de la creación de la Comisión de Búsqueda, porque sabemos que no podemos depender de la Fiscalía, que no está cumpliendo con su trabajo. Por eso, es fundamental que el comisionado tenga conocimiento, experiencia y la preparación adecuada para estar al frente de este organismo», añade la buscadora.

Un proceso irregular

Cuando Amalia conoció a las personas que integran la terna para convertirse en el nuevo comisionado de búsqueda en el Estado se extrañó. Primero, porque ninguno de ellos, acusa, cumple el perfil adecuado. Segundo, porque todo parecía estar pactado desde antes. Para explicar, retrocede un poco en el tiempo:

«El gobierno ya tenía una propuesta para ocupar el cargo. Inclusive, a mí me la hicieron llegar (como a otros colectivos), pero traté de actuar conforme a lo que marca la ley. Manifesté que no estaba de acuerdo con el proceso, e informé a la gobernadora de Morelos y al subsecretario de Gobierno sobre lo que estaba ocurriendo. Les expliqué lo que se pretendía hacer: imponer un comisionado sin seguir los procedimientos establecidos».

La respuesta que obtuvo de las autoridades no fue la que ella esperaba, pero al menos, cuenta, su denuncia tuvo eco, pues logró que el gobierno estatal emitiera una convocatoria (como marca la ley) para elegir al nuevo comisionado.

La convocatoria, sin embargo, la publicaron a 5 días de que concluyera el proceso y, además, mientras distintos colectivos de búsqueda realizaban trabajos de exhumación en el panteón Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos.

«No hubo una correcta difusión; me enteré por casualidad y fue así como informé a las demás compañeras para que pudiéramos hacer las propuestas. Según la ley, los colectivos, los familiares de las víctimas y las personas expertas pueden proponer a quien consideren idóneo para el cargo», denuncia Amalia.

En total, el gobierno del Estado recibió 25 postulaciones, de las que sólo consideró a 7 personas. Después, según informó el subsecretario de gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, él y otros funcionarios entrevistaron a los candidatos, y se decantaron por tres: Elizabeth Lázaro Torres, Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza y Leonel Díaz Rogel, éste último, dice Amalia, es la propuesta del gobierno estatal, y es el actual encargado de despacho de la Comisión.

Amalia reflexiona:

«Desde el inicio, ni siquiera se pretendía convocar de manera adecuada para que se postularan los candidatos idóneos. El objetivo debió ser elegir a una persona con la idoneidad necesaria para asumir ese cargo tan crucial. Pero en lugar de eso, lo que el Gobierno del Estado hizo fue un cabildeo con algunos colectivos, ofreciéndoles favores o ‘pagos’ a cambio de su conformidad».

Cargos sin experiencia

Nadie pide ser buscadora, pero en un país sumergido en la violencia, cualquiera puede serlo. Este es el caso de Amalia, quien en 2013 comenzó a buscar a su sobrino, Oliver Wenceslao Navarrete. Su búsqueda destapó el horror en Morelos, pues en 2014, cuando localizó a su sobrino, descubrió que 118 cadáveres estaban en la fosa común de Tetelcingo. Amalia recuerda ese episodio:

«Este fue el detonante que obligó a las fiscalías a abrir sus propias investigaciones, ya que las víctimas de desaparición forzada no podíamos seguir buscando solo en fosas clandestinas, sino también en las fosas que el gobierno mismo había creado. La exhumación de Oliver fue uno de los momentos más difíciles, pero también un parteaguas en la lucha de las víctimas de desaparición en México».

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A partir de ese momento, ella y otras buscadoras comenzaron a luchar por una ley de víctimas, y por ende, por la creación de una comisión de búsqueda independiente del gobierno que las pudiera apoyar en sus tareas. La ley, también, marca que las autoridades deben tomar en cuenta a las buscadoras para elegir a los titulares de la comisión. Por eso Amalia está inconforme.

«Este cargo es crucial porque la Comisión de Búsqueda será la única forma de que nuestras voces se escuchen. Si no contamos con una persona capacitada en ese puesto, el proceso de búsqueda de nuestros seres queridos no será adecuado. La ley la promovimos con el esfuerzo y la participación de los familiares de víctimas, no solo en Morelos, sino en todo México. Por lo tanto, es esencial que se cumpla con lo que la ley dicta».

Pese a esto, dice, las tres personas que están en la recta final no parecen ser los perfiles más idóneos. Argumenta:

«Elizabeth Lázaro Torres fue procuradora en la zona sur de Morelos entre 2013 y 2015. Durante esa época estuvo involucrada en la exhumación de cadáveres del panteón Pedro Amaro en Jojutla, y a pesar de que los cadáveres exhumados presentaban evidentes violaciones a derechos humanos, no parece haber hecho nada al respecto. Esto me genera dudas sobre su idoneidad para el cargo. El otro postulado es Oscar Valdepeñas, quien tiene experiencia trabajando en la Comisión de Búsqueda, y aunque tiene algunos conocimientos, no consideramos que tenga la experiencia suficiente para un cargo tan crucial. Sin embargo, en comparación con los otros dos, podría ser el más idóneo».

Críticas son «voces aisladas»: gobierno estatal

Pese a esto, y aunque ha denunciado las irregularidades del proceso y la falta de preparación de los integrantes de la terna, el subsecretario Miguel Ángel Peláez Gerardo desestimó sus críticas. Inclusive, en un comunicado, las calificó como «voces aisladas que pretenden  deslegitimar el proceso, sin darse cuenta que afectan a las víctimas que buscan a sus seres queridos”. En ese mismo mensaje, aseguró que el proceso se ha conducido con «total transparencia».

Amalia responde a estas afirmaciones: «el Gobierno del Estado sostiene que el proceso fue transparente, pero eso no es cierto. La transparencia era que realizaran las entrevistas con los postulados de manera abierta, con la participación de los colectivos y de los familiares de víctimas. La convocatoria debió ser abierta para todos, pero no fue así; solo notificaron a algunos colectivos. Este tipo de discriminación es inaceptable, porque no representa ni la pluralidad ni la totalidad de las voces de las víctimas».

Luego, recuerda un episodio con el hoy subsecretario, pero cuando era delegado de Morena en Cuautla, Morelos (2015).

«Él fue la persona a la que le pedí ayuda en 2015, cuando ya tenía toda la información de lo que había pasado en Tetelcingo. Yo buscaba que alguien nos ayudara para que esos cuerpos regresaran a casa. Me acerqué con Miguel Ángel y le pedí que me acercara a otro nivel más alto del que él ocupaba en Morena. Yo quería pedir ayuda. Después de escuchar todo lo que yo tenía en conocimiento, me dijo: ‘Amalia, a Morena no le interesan estos temas’, y no me ayudó».

Y concluye:

«El Gobierno dice que hay voces aisladas que están tratando de deslegitimizar el proceso. Yo me pregunto: ¿cuántas voces son necesarias para que el gobierno las escuche? El hecho de que se descalifique una voz, por el simple hecho de ser una voz, es un error. La discriminación no puede ser justificada, y lo único que pedimos es que el proceso sea transparente y que se apegue a la ley».