En un contexto de acelerada precarización laboral, el futuro para los periodistas mexicanos es todo menos esperanzador. La agenda pendiente para garantizar la seguridad del gremio es enorme y cruza por tres grandes temas: publicidad oficial, garantías de protección y combate a la impunidad

@danielapastrana

Me enteré de que habían matado a Miroslava Breach en un chat de periodistas. No recuerdo ya quién lo puso, pero me acuerdo perfectamente de la sensación de aturdimiento, y de que las letras que se me borraban en el teléfono.

A Miroslava nunca la conocí. Pero la leí siempre. Era de esas reporteras que seguía cotidianamente porque publicaba trabajos de temas que me interesan. Y, de algún modo, la sentía como parte de la misma casa. Recuerdo vagamente que le mandé un mensaje a Alberto Nájar, compañero de muchas batallas, entre otras la del sindicato de La Jornada. Luego me metí a bañar. Y ahí, bajo el agua, grité y lloré. Y lloré. Y grité.

En marzo de 2017 llevaba casi una década peleando —junto con mis colegas de la Red de Periodistas de a Pie— por construir un andamiaje que ayudara a blindar a los reporteros de los estados de los ataques que se instalaron en este país con la primera transición. Años de trabajar en la construcción de redes y colectivos locales. Años en los que habíamos hecho de todo: colectas navideñas para periodistas desplazados, subastas, cartas, denuncias ante foros internacionales, pérdidas dolorosísimas, como la de Rubén Espinosa (asesinado en 2015 en Ciudad de México, junto con cuatro mujeres, después de anunciar dos años que lo que iban a matar).

Las imágenes de esos 10 años se me sucedían en la cabeza: nuestra larga discusión por una carta después el asesinato de Armando Rodríguez, el Choco, en Ciudad Juárez; la definición política de PdP de entrar al tema de libertad de expresión en 2010; la colecta navideña para periodistas desplazados y Marcela Turati cruzando el puente internacional con el dinero recolectado; la subasta de los moneros en el tapanco de Rompeviento TV; las misiones a Veracruz y las decenas de viajes a ese estado para documentar un libro que ya no quiero escribir; las movilizaciones por Goyo; la entrega del informe al fiscal Luis Ángel Bravo; la mano de Marcela en un taxi; el viaje a Myanmar para recibir el premio del IPI; el desgaste interno de la red; la salida de tres fundadoras; el ingreso de refuerzos y la definición de que, a partir de entonces, pelearíamos desde la trinchera más conocida: el periodismo.

Pero, ¿todo eso para qué? Me preguntaba, sin saber aún que faltaba lo peor: el asesinato de Javier Valdez, bato querido, amigo de la red y de todos, a quien vi por última vez en una larga conversación en Ciudad de México, cuando iba a escribir su libro de Narcoperiodismo.

Mi cabeza no me dejaba en paz: ¿Vale la pena perder amigos, dejar a la familia? ¿Qué carajos hemos hecho mal? Pensaba y, como todos, caía en la irremediable trampa de responsabilizarnos a nosotras, las que cargamos el luto.

Los días siguientes no podía evitar llorar. Recuerdo que me hablaron de algún medio internacional y me impresionó mucho oír cómo hablaban de mí como quizá yo hablaría de otras víctimas: “Pastrana se oía muy afectada”.

Decidí no hablar más. Yo tenía pendiente el editorial semanal de PdP, que originalmente sería sobre Cecilio Pineda, un reportero de Guerrero a quien le habían quitado las medidas de protección federal seis meses antes de ser asesinado. Acordé un nuevo enfoque con Jade Ramírez Cuevas Villanueva, la coordinadora de libertad de Expresión de la red. Estaba convencida entonces —y sigo convencida ahora— de que debemos ser más estratégicos. Apuntar a cosas que realmente muevan al sistema y que no nos desgasten todavía más.

Retomo aquí la parte central de ese artículo:

Los periodistas tenemos que hacer periodismo. Y las instancias creadas exprofeso para proteger el ejercicio periodístico tienen que proteger el ejercicio periodístico (…) Aunque parezca, no es lo mismo que en 2008 cuando mataron al Choco, o en 2010, cuando secuestraron a los de Milenio y Televisa en Gómez Palacio, ni siquiera es igual que en 2012, cuando mataron a Regina.

(…) Entonces no teníamos ni ley, ni mecanismo, ni un responsable concreto a quien reclamarle. Por eso salimos a las calles con nuestras pancartas. Y justo por eso, porque salimos, ahora sí hay «instituciones» responsables con nombres y apellidos, que han gastado mucho dinero en asesores y no sé qué más. Es a esas instancias (mecanismo federal, fiscalía, comisiones o mecanismos o fiscalías estatales) a quienes tenemos que reclamarles y obligarlos a trabajar.

(…) Seguirnos reclamando entre nosotros (si somos solidarios o no) y a las organizaciones de la sociedad civil (si hacen o no lo suficiente) es sólo hacerle el juego a los que sí están obligados a proteger a los periodistas y al periodismo.

El sábado pasado se cumplieron dos años del asesinato de Miroslava. El crimen sigue impune. Este lunes el gobierno federal presentó a la prensa un diagnóstico del estado del mecanismo de protección a defensores y periodistas con un escenario que no podría ser peor: seis periodistas y nueve defensores han sido asesinados en los tres meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión de preguntas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que es necesario evaluar la responsabilidad de los dueños de los medios, “particularmente de quienes gozan de concesiones públicas”, en la atención a los derechos de sus trabajadores, porque “ni se paga el salario profesional, ni se tiene empleo permanente, la figura del freelance o del outsourcing es la que predomina (…) Hemos encontrado casos realmente vergonzantes”.

El funcionario no aclaró, porque nadie le preguntó, que la agencia estatal del gobierno, Notimex, decidió no renovar el contrato a 20 corresponsales en América Latina que tienen entre 8 y 35 años trabajando para la agencia, y deslindarse de cualquier relación laboral con el argumento de que, desde 2013, ellos aceptaron firmar contratos anuales y el último se venció en diciembre.

En un contexto de acelerada precarización laboral, el futuro para los periodistas mexicanos es todo menos esperanzador. La agenda pendiente para garantizar la seguridad del gremio es enorme y cruza por tres grandes temas: la distribución equitativa de la publicidad oficial que permita independencia a los medios críticos; la garantía de protección de periodistas amenazados, y el combate a la impunidad mediante investigaciones puntuales.

Todo eso es, como bien dijo Encinas, obligación del Estado.

En honor a Miroslava y su lucha por la justicia, nos toca exigirle que cumpla.