En 2022, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha recibido seis quejas por violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército y la Guardia Nacional hacia la población. Piden la reubicación del 16 Regimiento, pues acusan que está fuera del control de la Secretaría de Defensa Nacional

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO.– El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó que, durante este 2022, han recibido seis quejas en contra de miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos en ese municipio.

Entre los actos denunciados se encuentran abusos de autoridad, agresiones en contra de civiles no armados, extorsión, acoso, tortura y asesinato. Asimismo, detallaron que, entre las víctimas de estos actos, se encuentran mujeres y personas menores de edad. 

De igual forma, el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que estas quejas ya se dieron a conocer ante las oficinas de la Presidencia de la República; Sedena; Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

El Comité pidió a las autoridades federales la reubicación del 16º regimiento, pues acusan que éste está fuera del control de la Secretaría de Defensa Nacional.

Una relatoría del abuso 

De acuerdo con información del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la primera queja de la que tuvieron conocimiento fue el 25 de enero de este año. En aquel momento, se documentaron agresiones en contra del periodista tamaulipeco Amador del Ángel Herrera; esto, cuando militares allanaron su automóvil sin contar con alguna orden judicial. El periodista solicitó ser integrado al Mecanismo de Protección Federal. 

Posteriormente, el 26 de enero, recibieron la queja de un hombre que recibió disparos por parte de elementos de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron cuando este sujeto, de oficio pescador, se dirigía a su domicilio.

Asimismo, el 24 de marzo, se tiene registro de una agresión que efectuaron militares en contra de dos jóvenes. Los soldados les dispararon desde su camioneta sin motivo alguno. 

Entre las acusaciones más graves resaltan un caso de tortura efectuado por militares del 16º regimiento, documentado el 5 de mayo. También está el asesinato del joven Alexis Sánchez García, de 25 años; quien el 29 de abril fue perseguido por militares, sin motivo alguno. Los soldados le dispararon, causándole la muerte. 

De igual forma, el 27 de abril una mujer y su hijo, menor de edad, fueron hostigados por militares frente al palacio municipal de Nuevo Laredo. Estos hechos ocurrieron pese a que las víctimas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y reconocidas por la Sedena.

Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho eco de la petición del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Inclusive, el 24 de mayo, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, afirmó durante la conferencia matutina del presidente de la República que, durante esta administración, se habían reducido las quejas en contra de militares por violaciones a derechos humanos.

Raymundo Ramos, director del Comité, concluye: 

“Estos seis casos de agresiones de civiles por parte de personal militar evidencian que al menos en Nuevo Laredo están fuera de control. Es decir, hay una orden del presidente de la República de respetar los derechos humanos de la población; pero el 16º Regimiento de Caballería y otros batallones comisionados a Nuevo Laredo están cometiendo abusos de autoridad aprovechando, incluso, el silencio cómplice de otras instituciones como la CNDH y la FGR”.

Raymundo Ramos, director del COmité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El 3 de julio de 2020 el joven Damián Genovés Tercero murió por un balazo de militares. Sus padres lograron que la Sedena ofreciera llevar a un juicio civil a 29 militares que participaron en el operativo donde murieron 12 personas. Se trató de la primera ejecución extrajudicial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2021, por su participación en la presunta desaparición forzada de 45 personas, un juez vinculo a proceso a 30 elementos de la Secretaría de Marina que habrían participado en un operativo especial en 2018 en Nuevo Laredo, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

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