Desde hace dos meses, indígenas migrantes mexicanos en esa ciudad se organizaron para exigir la cancelación del pago de la renta durante de la pandemia. El recién aprobado programa covid para alivio de la renta excluye a los alrededor 700 mil migrantes indocumentados que sí pagan impuestos

Texto y fotos: Heriberto Paredes

NUEVA YORK.- El pasado 16 de julio, el gobierno de Nueva York presentó una ley de apoyo para las rentas, conocida como el Programa COVID de Alivio para la Renta, el cual, a pesar de su nombre, en realidad ha significado más burocracia y complicaciones. Con un presupuesto del que no queda claro su origen, las reglamentaciones federales para aplicar son excluyentes del más de medio millón de migrantes indocumentados que pagan impuestos en la ciudad.

“La aplicación es muy difícil de llenar, pide muchos datos y hace una tabulación según la zona en donde vivimos y nuestros ingresos, pero si no tenemos cómo comprobarlos, porque soy indocumentado, entonces no puedo aplicar, pero sí tengo la deuda de la renta» comenta un trabajador repartidor que prefiere no dar su nombre, «no vaya a ser que por alguna cosa, el ICE [los servicios migratorios] tengan mis datos y me deporten».

En la página, a pesar de tener varias traducciones, no queda claro quiénes sí pueden aplicar y cuánto será el monto de la ayuda, porque no es el total de la deuda de renta. El formato descargable para ser llenado también está traducido al español y pide, en los primeros puntos, el número de seguridad social e identificación de residencia, lo que deja afuera a miles de personas que no pueden dar esta documentación. Ni hablar de formatos en lenguas indígenas como el náhuatl o el mixteco, dos de las principales lenguas que se hablan entre la población migrante.

La Red de Pueblos Trasnacionales ha comenzado a entablar diálogo con otras organizaciones similares, conformadas por las propias personas trabajadoras, sin la necesidad de intermediarios que opaquen los procesos de organización y estén plegados a instituciones como el consulado mexicano o a partidos políticos como Morena.

Desde el 17 de julio, se mantienen en un campamento de protesta en el Madison Square Park para visibilizar la crisis económica, al mismo tiempo que intentan por la vía pacífica lograr avances en los apoyos.

«Creemos que se puede establecer un fondo de ayuda de emergencia en asociación con socios privados para evitar las restricciones federales. Un fondo donde la ciudad y el Estado subsidien el pago a los arrendatarios y aliviar el peso a estas personas que han contribuido de manera significativa al desarrollo y crecimiento del estado y del país. Es por eso que estamos dialogando y estamos aquí para pedirle de la manera más atenta que no deje a estos niños, mujeres, niños fuera del proyecto de la nueva normalidad, porque así como han sido esenciales en los trabajos deberán ser esenciales en la continuidad de la nueva normalidad. Llegamos a Nueva York para escapar de la pobreza y contribuimos a la riqueza y prosperidad de este gran estado y estamos dispuestos a seguir haciendo nuestra parte», concluyó la Red en una reunión virtual con el gobierno neoyorquino.

El movimiento de migrantes indígenas

—Qué queremos?

—¡Cancelación de renta!

—¿Cuándo?

—¡Ahora!

Gritan constantemente, a pesar del sol, diversas personas integrantes de la Red de Pueblos Transnacionales que por segunda ocasión han acudido a las oficinas del gobierno del estado de Nueva York, en busca de un escucha, de la apertura para poder plantear sus demandas ante las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia. 

Es 1 de julio de 2020. Los casos confirmados del virus, las hospitalizaciones y los fallecimientos han disminuido a niveles increíblemente bajos, sin embargo, la otra pandemia se ha desatado: la crisis económica. Tan sólo en Estados Unidos, la pérdida de empleos ha sido escalofriante, ya que, a comienzos de junio, según el New York Times, la cifra de personas que perdieron su trabajo rebasó los 40 millones.

Alrededor de 40 personas se manifiestan en las afueras de la sede del gobierno estatal, apelan a que su titular, Andrew Cuomo, demócrata, les abra las puertas y les escuche, sin embargo, esto no será posible, ya que, en este día, él y su equipo cercano se encuentran en la ciudad de Nueva York, atendiendo otro evento.

«Hola, soy Nathalie, hija de inmigrantes, vengo a pedir al gobernador que nos ayude» dice una niña de 12 años bajo el plenos sol. «Nuestros padres trabajaron mucho y ahora con el coronavirus han perdido su trabajo y no tienen dinero suficiente para pagar la renta, las cuentas y los impuestos» concluye.

Esta situación ha fortalecido los vínculos entre estas personas y que están, durante el proceso de protesta, teniendo cada vez más experiencias en la organización, en la compartición de historias. Cada quien pasa al micrófono y da su testimonio, da unas palabras de aliento y de fortaleza. De hecho, en esta ocasión, la mitad de las personas son niños y niñas, nacidas en Estados Unidos, quienes reclaman su derecho a ser apoyados por el gobierno para no perder su casa o para no crecer con una deuda impagable.

Paralelamente a la protesta, la red ha enviado constantemente correos electrónicos a la oficina del gobierno estatal y ha estado conversando con muchas personas que están en esta condición de afectación económica –y médica– tras 4 meses de emergencia sanitaria.

Primera respuesta

Tras la protesta, el gobierno estatal envió un correo a la Red, a nombre de Laura González-Murphy, directora de la Oficina de Nuevos Americanos del estado de Nueva York, y en él se solicitó una reunión virtual para escuchar sus demandas. La reunión se llevó a cabo el 9 de julio con la presencia de diversas personas funcionarias, entre ellas, Johnattan Smith, subsecretario de Derechos Civiles y Fuerza de Trabajo, Vilda Mayuga, subsecretaria de Oportunidad Económica, Melissa Quesada, directora de Asuntos Latinos, Julissa Gutiérrez, jefa de la Oficina de Diversidad y otras más.

La Red de Pueblos Trasnacionales expuso la problemática de pérdida de empleos a comienzos de la pandemia y el crecimiento de la deuda en los pagos de renta, servicios e hipotecas. El representante de la Red, Luis Gallegos, afirmó que al menos el 63% por ciento de los trabajadores inmigrantes indocumentados tienen la barrera del idioma, tanto en español como en inglés, por lo que esta situación les coloca en desigualdad; además, afirmó que poco más del 50% de trabajadores esenciales son extranjeros y que la gran mayoría no son dueños de sus viviendas, por lo que esta situación de endeudamiento se extiende más allá de las comunidades indígenas mexicanas que conforman la Red, de las cuales, al menos un 90%, de las 100 familias que la componen han sufrido alguna afectación económica y médica.

Durante la reunión, también se expuso que una organización como Open Society Foundation donara una cantidad elevada de dinero al gobierno del estado y que éste lo repartiera entre organizaciones mediadoras, sin dar a conocer con transparencia los montos, y los nombres de dichas organizaciones. Esto, señalaron, ha ocasionado nuevamente una exclusión para las personas indocumentadas.

Gallegos señaló que «muchas familias inmigrantes no califican, porque trabajan más de 10 horas al día o porque no podían cumplir los requisitos de las organizaciones». Por lo que la ayuda económica privada tampoco llegó adecuadamente. 

En este sentido, la Red también señaló que las personas sin estadía legal en el país fueron excluidas por la Ley Federal de Alivio de covid-19, en la cual se entregaron cheques de hasta mil 200 dólares, con base en los números de seguridad social de los aplicantes. A pesar de que muchas de las familias tienen hijas o hijos con ciudadanía, esta ayuda también les fue negada. 

Por su parte, los funcionarios recalcaron que extendieron tres meses más el decreto para evitar desalojos y también para posponer el pago de la renta. Ante ello, la Red aclaró que este decreto generaba una acumulación de la renta que podía prolongarse en términos peligrosos, y que en concreto su petición era la cancelación de la renta y un fondo de emergencia para los propietarios.

Actualmente, según diversas estimaciones, un 25% de la población de la ciudad de Nueva York no ha pagado la renta, total o parcialmente, desde marzo de este año. A pesar de que desde esta segunda semana de julio no se han registrado más fallecimientos por coronavirus, las cifras generales del propio gobierno estatal son escalofriantes: 214 mil 570 casos confirmados y 18 mil 618 tan sólo en la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó a finales de mayo que el déficit de esta urbe respecto al presupuesto de 83.4 mil millones de dólares era de por lo menos 9 mil millones. Ante esta situación, los funcionarios del gobierno estatal, presentes en la reunión virtual, agregaron que no habían recibido una ayuda del gobierno federal y que esto limitaba mucho las posibilidades de apoyos económicos.

La Red calcula que al menos 59% de los trabajadores esenciales y de primera línea requieren ayuda económica y existen entre 500 y 700 mil personas indocumentadas en la ciudad, pagando impuestos y trabajando diariamente.

Sumadas a la demanda de cancelación de renta, la Red presentó las siguientes peticiones: otorgar un baucher a los propietarios de los inmuebles para que ellos puedan cobrar los meses de renta que se adeudan, que se les condone los impuestos del año fiscal corriente y, en caso de ser así, si se entregan los recursos directamente a las familias, se haga sin intermediarios, o en caso de usarlos, que se haga de manera transparente.