El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil en contra de 11 empresas norteamericanas por el comercio ilícito de armas en territorio nacional y actos de negligencia en las estrategias de comercialización, publicidad y diseño. Actualmente se estima que este tipo de armas han sido utilizadas en múltiples actividades delictivas en contra de activistas, fuerzas públicas y población civil

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que el Estado mexicano presentó ante un tribunal estadounidense una demanda civil de daños en contra de 11 empresas norteamericanas productoras de armas.

De acuerdo con el canciller mexicano, la demanda es resultado de un proceso de más de dos años de trabajo y tiene como objetivo el desarrollo de estándares razonables y verificables para el monitoreo de distribuidores de armamento, así como exigirle a las empresas productoras una compensación al gobierno de México por los daños causados, el cual se establecerá durante el juicio. 

Asimismo, aseguró que, aunque en muchos de los casos las empresas productoras de armamento se deslindan de responsabilidades debido a que no participan en la etapa de comercialización, éstas sí tienen la información precisa de quiénes realizan compras de armas de alto calibre y de forma masiva. 

Y enfatizó que otra parte de la demanda tiene relación con la venta de armamento personalizado a las células del crimen organizado, pues afirmó que las empresas productoras “están desarrollando diferentes modelos que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosa, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y de uso.”

En este sentido, otras de las exigencias que plantea el gobierno mexicano son la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir el uso ilegal de personas no autorizadas o vinculadas al crimen organizado y el pago de estudios, programas y campañas enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas. 

Y puntualizó que exigen a las empresas demandadas “cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México.”

Empresas suministran armamento al crimen organizado

Las 11 empresas norteamericanas que están siendo demandadas por el estado mexicano son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group Inc.; y  D/B/A Interstate Arms. 

Estas empresas han fabricado armamento que ha sido frecuentemente decomisado en los operativos de seguridad nacional, como rifles calibres 50 y 308 de la marca Barret, así como diversas Colt calibre 38 con diseños personalizados como detalles en oro, imágenes e incrustaciones de diamantes. 

Asimismo, de acuerdo con la fundamentación presentada en la demanda, se estima que cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas de los E.U.U.A hacia México, las cuales han sido utilizadas para el asesinato y actividades ilícitas en contra de activistas, fuerzas públicas y población civil. 

Por otra parte, se estima que los daños derivados del tráfico de armas no solo se reflejan en el incremento de homicidios dolosos en el país (17 mil en 2019), sino también en diversas actividades económicas y culturales que han impactado en hasta un 1.5% en el Producto Interno Bruto. 

Primera demanda en su tipo presentada por un gobierno extranjero

Al explicar los motivos de la demanda, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, explicó que ésta deviene de una serie de acciones y esfuerzos que el gobierno mexicano ha realizado en colaboración con el de los E.U.A. 

“Esta demanda no sustituye a otros esfuerzos que hay que hacer” puntualizó el canciller y detalló que en el país tiene que existir un mejor control fronterizo para evitar el tráfico ilegal de armas. 

Para Marcelo Ebrard esta acción sin precedentes históricos en la historia de ambos países “no sustituye pero es indispensable, si no hacemos una demanda de esta naturaleza, y si no la ganamos, no van a entender. Van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país.” 

Asimismo, reiteró que previo a la presentación de la demanda, el gobierno de México dio aviso a la embajada de los E.U.A. en la Ciudad de México, por lo que afirma que este proceso judicial se llevará a cabo con total respeto a la soberanía de la nación norteamericana. 

Aunque si bien este acto novedoso por parte del gobierno mexicano sienta precedentes para abrir investigaciones que podrían poner al descubierto las relaciones económicas directas entre el crimen organizado y algunas empresas norteamericanas, no es la primera vez que una corte extranjera condena a empresas que han vendido armas de manera ilegal en México. 

Tal es el caso de la resolución emitida por el Tribunal Superior Federal de Alemania el 30 de marzo de este año, donde sentenció a la fábrica de armas Heckler & Koch (HK) al pago de una multa de más de tres millones de euros y hasta 22 meses de cárcel a dos de sus empleados por la venta ilegal de casi 10 mil de sus fusiles G36 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2006 y 2009. 

Algunos de estos rifles fueron usados durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando después de un ataque armado desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. 

La demanda civil promovida el día de hoy por el gobierno mexicano fue presentada en una corte distrital en el estado de Massachusetts  y estará rigiéndose por los procedimientos legales ahí establecidos.